El Estado no ha cumplido la sentencia por la desaparición de 43 campesinos en Pueblo Bello. Parte de la reparación colectiva también está pendiente.
14 de enero de 1990, 28 de mayo de 1995 y 5 de mayo de 1996 son fechas clavadas en la memoria colectiva de Pueblo Bello. En 1990 el grupo paramilitar conocido como Los Tangueros desapareció a 43 de sus campesinos, en 1995 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá mataron a otros siete, y en 1996 el bloque José María Córdova de las Farc asesinó a nueve más. Tres masacres que casi acaban con ese corregimiento de Turbo, en el Urabá antioqueño.
Ahora, cuando acaban de cumplirse 26 años de la primera matanza, sus 1.115 habitantes continúan reconstruyendo el territorio. Muchos de ellos impulsan las iniciativas que se plantearon en 2012, cuando la Unidad de Víctimas declaró a Pueblo Bello sujeto de reparación colectiva y la comunidad decidió que el Estado debía repararla con 18 medidas.
En ese entonces, los habitantes del corregimiento declararon que la guerra les había arrebatado la escuela, el puesto de salud y la vía principal de acceso; desintegrado las familias, empobrecido a los campesinos, destruido sus cultivos y sus casas, y asesinado, perseguido y estigmatizado a algunos de sus líderes comunitarios, por lo cual se habían acabado los procesos organizativos y políticos.
Para empezar a reparar el daño, las víctimas le dijeron a la Unidad que debía reconocer a Pueblo Bello como un territorio de paz y ayudar a derrumbar el estigma de “guerrilleros” que pesaba sobre sus pobladores. Además, que debía construir un centro comunitario, arreglar una cancha de fútbol, realizar eventos para integrar a los campesinos de las veredas, generar programas culturales para los niños y crear un servicio de saneamiento básico, agua potable y alcantarillado.
Asimismo, enseñarles a leer y a escribir a los campesinos que no hubieran ingresado a la escuela, gestionar la reconstrucción del centro educativo y dotarlo de salones de ciencia y tecnología, laboratorios, instrumentos musicales, y materiales para artes plásticas y formación teatral; atender a las madres lactantes, gestantes y a la primera infancia; recuperar el centro de salud y dotarlo con personal, materiales y equipos, y adecuar las vías veredales.
Sobre esta última medida, se dijo que era indispensable para garantizar la no repetición de hechos violentos, porque, según la comunidad, “las malas condiciones de la vía permiten el fácil accionar de los grupos armados”.
Las víctimas también solicitaron la implementación de un proyecto productivo que les permitiera obtener ingresos a las familias más pobres, la formación en derechos humanos para líderes comunitarios de todas las edades y un constante monitoreo del Estado de las investigaciones judiciales contra los presuntos responsables de las masacres.
Las acciones, que son responsabilidad de la Unidad de Víctimas, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Turbo, tienen un costo superior a los $4.000 millones. De las 18, cuatro ya se cumplieron, y el resto se encuentran en proceso de ejecución. Quizá la más significativa, por ahora, sea la construcción del centro comunitario Remanso de Paz, que tiene un salón de la memoria y una ludoteca.
Dice Yaris de Arco, tejedora y miembro del Comité de Impulso de Pueblo Bello, que otro proyecto relevante es “la construcción y puesta en marcha de la planta transformadora de plátano, con la que esperamos hacer patacones, tortas, tajadas y otros productos para aprovechar los extensos sembrados que tenemos en la región”.
Según Ángela María Hernández, directora en Urabá de la Unidad de Víctimas, la reparación administrativa ha tenido avances significativos: a la fecha han sido indemnizadas 410 familias del corregimiento. Según Sánchez, esos avances, junto a las otras medidas, “hace de Pueblo Bello el proceso de reparación colectiva más adelantando en la zona del Urabá-Darién”.
En esa área se desarrollan procesos similares en los corregimientos de El Tres y Nueva Colonia de Turbo; el barrio La Chinita, de Apartadó; el barrio El Bosque, de Chigorodó; la vereda Caucheras, de Mutatá, la extensa zona conocida como Tulapas, y cerca de 23 comunidades negras e indígenas del Urabá chocoano.
Sin embargo, la reparación de Pueblo Bello aún enfrenta serios desafíos. El puesto de salud está cerrado, las vías y los puentes no se han habilitado, hace falta tender redes de servicios públicos, muchas familias no han recibido indemnizaciones y los proyectos educativos están rezagados.
En opinión de Yaris, buena parte de la lentitud en la ejecución de las obras tiene que ver con los tropiezos burocráticos y la falta de voluntad política de los anteriores alcaldes de Turbo: William Palacios, detenido por parapolítica, y su reemplazo, Rubén Darío Arroyo.
Según ella, “el gobierno nacional puede querer hacer muchas cosas, pero lastimosamente las anteriores administraciones municipales no tuvieron la suficiente disposición para ejecutar los proyectos”. Y agrega que “es necesario que haya una articulación entre los gobiernos nacional, regional y local para que el desarrollo de Urabá sea posible”.
Todavía es incierto cuál será la actitud de los nuevos mandatarios frente al proceso de reparación colectiva y cómo se articularán con el trabajo que ha venido realizando la Unidad de Víctimas. Alejandro Abuchar, el recién posesionado alcalde de Turbo, ganó en representación de una coalición entre el movimiento significativo de ciudadanos UVA y los partidos Conservador y Centro Democrático. Mientras tanto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, anunció recientemente la creación de la Gerencia de Paz, “como un aporte al posconflicto”.
El otro problema grueso que enfrentan las víctimas es la lentitud del Gobierno para cumplir a cabalidad la sentencia de 2006 con la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la masacre de 1990. Aunque el Estado pidió perdón públicamente por esos hechos y entregó la totalidad de los montos de las reparaciones, aún está en deuda con la búsqueda de 43 los desaparecidos (sólo ha encontrado a siete), el suministro de atención médica y psicológica para las víctimas, la construcción de un monumento, y la condena de todos los responsables.
Para William Barrera, del comité de familiares de los 43, “los avances han sido muy leves. Desde 2006 estamos esperando el monumento, la salud y la vivienda. Cada vez que preguntamos nos dicen que ‘ahora sí’, pero pasan los años y seguimos en las mismas. Creo que nos han dicho muchas medidas a lo largo de este proceso y esperamos que este año por fin haya resultados”.
El pasado 14 de enero, cuando se cumplieron 26 años de la masacre, familiares de las víctimas llegaron desde Montería y distintos puntos de Pueblo Bello para celebrar un acto litúrgico y rendir tributo a los desaparecidos. Muchos de ellos siguen esperando justicia, verdad y una acción más efectiva para reparar los daños que causó la guerra.
