Aunque prometió que erradicaría los cultivos ilícitos de común acuerdo con las comunidades, el Mindefensa anunció el incremento de la erradicación forzosa.
Este jueves, además de reconocer que el Gobierno está preocupado por el aumento de cultivos ilícitos, como lo dice el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministro de Defensa declaró que ese aumento se debe, entre otros factores, a “la prohibición de fumigar con glifosato”.
En mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes había tomado esa decisión atendiendo a una orden de la Corte Constitucional, que le pidió al Gobierno suspender las fumigaciones para prevenir posibles enfermedades asociadas a ese herbicida. Meses antes, el Ministerio de Justicia había empezado a liderar la redefinición de la política contra las drogas y en septiembre pasado concretó el Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Ante la imposibilidad de usar el glifosato, el Gobierno decidió priorizar su intervención en los seis departamentos donde se concentra la producción de hoja de coca: Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander. Asimismo, trabajar rápidamente en los 10 municipios que albergan el 43% de los sembradíos: Tumaco (Nariño); Puerto Asís, Valle del Guamuez y Orito (Putumayo), Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca); Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare (Guaviare), y Puerto Rico (Meta).
En esos territorios, el Ejecutivo se comprometió a trabajar de la mano con los campesinos para sustituir los cultivos paulatina y voluntariamente, a la vez que se ponían en marcha proyectos productivos que contarían con asistencia técnica y financiera.También decidió crear comercializadoras rurales para acopiar, distribuir y vender los nuevos productos agrícolas.
Esas medidas, según el Gobierno, serían incentivos suficientes para que los campesinos abandonaran la coca pues, además, quienes se mantuvieran sembrando “productos legales” durante cinco años obtendrían los títulos de sus tierras.
En cuanto a la seguridad, se estableció la creación de un plan estratégico denominado “Comunidades Seguras y en Paz”, que serviría para proteger a las comunidades rurales, mediante el aumento del pie de fuerza en los municipios productores y el fortalecimiento de las operaciones contra estructuras del narcotráfico, laboratorios, cargamentos e insumos.
A todo ello se sumó el compromiso de concentrar la investigación y la judicialización en los eslabones superiores de la cadena, y de mejorar el Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo.
Al frente de todos estos programas se nombró a Eduardo Díaz, gerente del Plan Integral de Sustitución, que según el Gobierno cuenta con el apoyo de empresas privadas, oenegés, universidades e iglesias.
Por ahora es evidente que los resultados de los procesos que lidera Díaz son mucho más lentos que los de la fumigación, con la que el Gobierno atacó los sembradíos de hoja de coca por más dos décadas. No obstante, el glifosato ha sido objeto de fuertes críticas por dañar los cultivos lícitos de los campesinos, por contaminar las fuentes de agua y por causar enfermedades en humanos. En abril del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el glifosato puede causar cáncer, lo que terminó por darle un empujón a la decisión de la Corte Constitucional.
Impedido para reanudar las fumigaciones con ese herbicida, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acaba de anunciar nuevas medidas para combatir el narcotráfico. Algunas de ellas contradicen lo consignado en el Plan Integral, tales como la de aumentar en 25% la erradicación manual forzosa y la de emplear “aspersores manuales terrestres fijos”.
Por su parte, Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, dijo que se intervendrán “94 municipios que tienen menos de 100 hectáreas de cultivos de coca, con grupos de erradicadores del Ejército y la Policía Nacional”, lo que hace prever erradicaciones forzosas en departamentos como Guainía, Santander, Arauca, Boyacá, Cesar y Magdalena.
Otras de las recientes decisiones sí se ajustan al Plan, tales como la persecución de los eslabones medios y superiores de la cadena, el incremento de la incautación de cargamentos de cocaína y de la destrucción de laboratorios de procesamiento, y un “control más efectivo de espacios fluviales, marítimos y aéreos”.
¿A qué se deben los nuevos anuncios?
Según Villegas, la preocupación por el incremento de los cultivos de hoja de coca obedece a que ese fenómeno, supuestamente, está relacionado en parte con la manera como las Farc promocionan entre los campesinos los beneficios de los acuerdos de La Habana.
En palabras del Ministro,“las Farc han generado falsas expectativas en las regiones con cultivos de coca, anunciando que pueden servir de palanca para nuevos programas sociales o de intervención en materia agrícola, sustitución, mejoramiento de la infraestructura, etc”, aprovechando lo que está consignado en el acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas que se firmó en 2013.
Para el Gobierno, “esa es una política altamente inconveniente, porque lo que hace es frustrar el proceso de erradicación y sustitución”, toda vez que los cultivadores estarían empeñados en mantener los sembrados hasta tanto no se implemente lo pactado en Cuba. Incluso, en otros escenarios, ha dicho que la gente no puede asumir que habrá más beneficios para quienes cultiven, por encima de quienes no lo hacen.
Por ahora, el Gobierno está atrapado. Por un lado, sabe que no puede implementar el paquete de medidas que se pactaron en La Habana hasta que haya un acuerdo final y se defina la implementación de lo negociado. Y, por el otro, tiene el afán de reducir la producción de hoja de coca, aun con las limitaciones que hay sobre el uso del glifosato y con la certeza de que muchos de los métodos que utilizará en este plan, que anunciaron Pardo y Villegas, son contrarios a lo que pactó en la mesa con las Farc.
