El Tribunal Superior de Medellín acaba de condenar al comandante militar del bloque Héroes de Tolová por la tortura de seis personas, asesinadas por militares y paramilitares en 2005. Se abre una esperanza para la comunidad de paz.
Veinticinco de febrero de 2005. El campesino Luis Eduardo Guerra sale de la casa de su madrastra, Miriam Tuberquia, ubicada en el corregimiento San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. A lomo de mula, se dirige a trabajar en sus sembrados de cacao. Va con su esposa Beyanira, de 17 años, y con su hijo Deiner, de 11. Los tres bordean el río Mulatos, cuando se encuentran con un grupo de hombres armados, que los hace descender de las mulas. Se sientan, a fuerza de las armas, sobre una gran piedra a la orilla del río. Oyen que les preguntan quiénes son, de dónde vienen, dónde está la guerrilla.
Ninguno de los tres pronuncia las palabras que el comando armado, mezcla entre militares y paramilitares, quiere escuchar. Entonces, Luis Eduardo es golpeado en la cabeza con la culata de un fusil. Beyanira es sujetada por el cabello, sumergida en el río y reventada contra las piedras. Deiner, espantado, dice que la guerrilla está a media hora de camino.
Muy cerca de la familia está el capitán Gordillo, un militar trigueño, delgado, de 1.70 de estatura y cabello negro. El capitán pregunta si los civiles hablaron. Le responden que no. Opina que lo mejor es asesinarlos, para que no cuenten que el Ejército anda con las autodefensas.
Entonces, Luis Eduardo le grita a nadie, a la selva, que venga en su auxilio. Nada vale. Él, Beyanira y Deiner son asesinados con machetes. Al cuerpo de ella, además, le quitan la sudadera y le sacan el dinero que lleva oculto entre la ropa interior. El comando deja a las tres personas muertas tiradas en la vera del río y sigue su camino. Va amenazando a la gente que encuentra por donde pasa, se va robando los caballos y las mulas. Anda por un camino pantanoso.
En las primeras horas de la tarde, el grupo llega a la vereda La Resbalosa y se aposta en un lugar destapado. Instala un mortero. Dicen los paramilitares, aunque años después nadie les cree, que la casa del campesino Alfonso Bolívar está llena de guerrilleros. Por eso, según ellos, lanzan granadas y disparos contra la vivienda. En el ataque fallecen los agricultores Alejandro Pérez y Sandra Muñoz.
Ya destrozada la casa, los ‘paras’ encuentran vivos a Natalia y a Santiago, de 5 y 2 años; son los hijos de Alfonso y de Sandra. Se los llevan a una cacaotera. De la maleza sale su padre, que había huido durante las explosiones, y suplica que no los maten. Pero lo golpean, lo amarran a un árbol de limón y lo degollan. Matan a los niños, porque “más adelante se pueden convertir en guerrilleros”. Los descuartizan a todos y los entierran en una fosa.
La horda de bárbaros termina la jornada cocinando y comiendo los marranos de la familia. Acaba de cometer una de las masacres más deploradas de la historia colombiana reciente: La masacre de San José de Apartadó.
La condena
Pocos años después, la justicia empezó a despejar algunas de las dudas que surgieron tras los asesinatos en ese corregimiento del municipio de Apartadó. En los estrados judiciales se demostró que, contrario a lo que dijo el gobierno de la época, los militares de la Brigada XVII y del Batallón Vélez sí participaron en la masacre. Por eso, un juzgado de Antioquia condenó en 2010 al capitán Guillermo Armando Gordillo y al teniente Jorge Humberto Milanés. Según los testimonios de varios ‘exparas’, el Ejército buscaba, con esta “operación”, mostrar resultados en su lucha contra las Farc.
Además de Gordillo y Milanés, otros militares y paramilitares han sido investigados por esos homicidios. Sin embargo, las torturas a las que fueron sometidas algunas de las víctimas se encontraban en la impunidad. Hasta ahora, porque la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín acaba de condenar por ese delito a Uber Yáñez, que fungía como comandante militar del bloque Héroes de Tolová el día en que paramilitares de esa estructura cometieron la masacre de San José de Apartadó. Yáñez, conocido con los alias de “Orejas” y “Veintiuno”, permitió que los hombres bajo su mando cometieran los hurtos y las torturas, por lo que fue sentenciado a la pena alternativa de ocho años de prisión.
Su ascenso dentro de la organización fue vertiginoso. Comenzó como raspachín en los sembrados de hoja de coca de Mario Cobos, que más tarde se desempeñó como concejal y alcalde de Valencia (Córdoba). En 2002, recibió instrucción militar y fue designado escolta de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, comandante del bloques Héroes de Tolová. Rápidamente se convirtió en su hombre de confianza y consiguió manejar la caja menor de esa estructura. A finales de 2004, sin haber recibido instrucción para tal fin, Yáñez asumió la comandancia militar de bloque.
La sentencia contra ese ‘expara’, además de conjurar la impunidad que pesaba sobre las torturas, permitió que se ordenara el pago de más de $1.400 millones a 59 víctimas directas e indirectas de la incursión a San José de Apartadó, cuya comunidad de paz ha sido duramente atacada y estigmatizada. El Tribunal de Medellín también reconoció que esas indemnizaciones no eran suficientes y le pidió a distintas instituciones que intervinieran en el corregimiento para suplir las necesidades de la población, que requiere tierras, capital para proyectos productivos; mejoras en salud, educación e infraestructura, programas culturales y deportivos, exoneración del servicio militar obligatorio y seguridad frente a la presencia de las Autodefensas Gaitanistas, el grupo ilegal que llenó el vacío de los antiguos ‘paras’.
Pese a esta y otras decisiones judiciales, aún se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales de la masacre. Tampoco nadie ha podido explicar por qué se cometió con tanta sevicia, cuáles fueron las intenciones detrás del brutal asesinato de los niños, y dónde están los demás militares que participaron en esos hechos. La Fiscalía tiene la tarea de responder a esas preguntas, tal como lo recordó el Tribunal. Mientras tanto, y por cuenta de la sentencia, Yáñez viajará a Apartadó para pedirles perdón a sus víctimas.
