En el juicio contra los excombatientes del bloque Iván Ríos, la Fiscalía expuso el contexto del conflicto a partir de un libro de Carlos Medina.
A finales de 2014, mientras el Gobierno y las Farc discutían los pormenores del acuerdo sobre víctimas y justicia —uno de los más difíciles de la negociación—, la Fiscalía enfilaba baterías contra decenas de exintegrantes de esa guerrilla ante los magistrados de Justicia y Paz.
Tal como lo contó ¡PACIFISTA! en septiembre pasado, el ente acusador le imputó cargos a 133 exguerrilleros de distintos bloques de las Farc por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y expuso su tesis de que esa organización no es terrorista, ni narcotraficante, sino un grupo insurgente con motivaciones políticas definidas.
Pero a la par que en Bogotá se llevaban a cabo esas diligencias, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín también era escenario de extensas jornadas en las que la Fiscalía abordó asuntos como orígenes, distribución, evolución y formas de financiación de las Farc.
Se trata del arranque de las audiencias de imputación contra 17 exguerrilleros del bloque Noroccidental o Iván Ríos, entre los que se cuenta Elda Neyis Mosquera, alias “Karina”. Una estructura que ha hecho presencia en Antioquia, Córdoba, Chocó y Caldas, y que llegó a ser una de las más poderosas de las Farc.
Por solicitud del Tribunal de Medellín, el juzgamiento de sus excombatientes se realiza en esa ciudad y fue separado del macro-proceso que se lleva a cabo contra los demás bloques de esa guerrilla. De ahí que la Fiscalía haya tenido que elaborar un pormenorizado contexto del conflicto en los territorios donde opera el bloque Iván Ríos, y particularmente de zonas como el Medio Atrato chocoano, el Urabá antioqueño, el Norte de Antioquia y el municipio cordobés de Tierralta.
Para ello, el ente investigador siguió casi al pie de la letra el libro FARC- EP, flujos y reflujos, del historiador Carlos Medina Gallego, un investigador sobre el conflicto colombiano y profesor de la Universidad Nacional, cuyos análisis son considerados por buena parte de la comunidad académica como “de izquierda”.
La Fiscalía presentó su libro como un “soporte científico” que contiene una “línea investigativa exclusiva” sobre las Farc, y lo aportó como prueba dentro del expediente.
Con ese documento, la Fiscalía abordó algunas características del conflicto en las áreas de operación del bloque Iván Ríos, en temas tan polémicos como las causas de la guerra, la relación entre los megaproyectos y las dinámicas de la confrontación, y los impactos del Plan Colombia.
Eventualmente, esas tesis servirán de insumo para la elaboración de una sentencia contra al menos 28 excombatientes de esa estructura. Eso, si el Tribunal logra meterle el acelerador al proceso, que está estancando por temas logísticos y que podría quedar en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que se pactó en La Habana.
Estas son algunas preguntas sobre el conflicto armado en la región que respondió la Fiscalía siguiendo el libro de Carlos Medina:
¿Por qué se ha prolongado el conflicto en el Medio Atrato chocoano, una de las zonas de retaguardia de las Farc en el Pacífico?
“Hay factores estructurales que explican la persistencia del conflicto, tales como la ausencia del Estado, la precariedad y el abandono institucional, la profunda inequidad social, la corrupción, la exclusión política y la discriminación, sumado al desarrollo de megaproyectos productivos que no se traducen en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades negras e indígenas”.
¿Cuál es la relación entre las Farc y las comunidades que habitan en sus territorios de influencia?
“En estas zonas, las funciones que debían estar a cargo del Estado pasaron a ser realizadas por los frentes que operaban allí”. Además, “aquellos (pobladores) que estaban agremiados en sindicatos u organizaciones campesinas fueron sindicados de pertenecer a las estructuras guerrilleras de las Farc o el Eln, lo que forzó a muchos campesinos a vincularse a las Farc, potenciando así su crecimiento en número de militantes”.
¿Existen diferencias en las relaciones de los pobladores con los distintos actores armados?
“Al ver al poca eficiencia y connivencia de las Fuerzas Militares con las dinámicas del paramilitarismo, la población en general vio en las Farc una solución a sus conflictos territoriales. Las entrevistas realizadas a las organizaciones campesinas del Nudo del Paramillo señalan que las Farc respetan a la población civil que se acoge a las normas de cotidianidad que ellos mismos imponen, lo cual en una situación de guerra le brinda mayor seguridad y confianza que el comportamiento indiscriminado de los grupos paramilitares y la indiferencia de las Fuerzas Militares, las cuales permitieron y acompañaron la realización de crímenes de lesa humanidad contra la población civil de la región”.
¿A qué se debe el paulatino deterioro de esa “confianza”?
“La presión sobre la población y la arbitrariedad de los mandos hizo que se produjeran abusos de autoridad por parte de algunas estructuras de las Farc, lo que generó una división con los movimientos sindicales y campesinos que afectaría la gobernabilidad de las Farc y posibilitaría la irrupción de nuevos actores de violencia”.
¿Es posible establecer vínculos entre la puesta en marcha de megaproyectos energéticos y el recrudecimiento del conflicto?
“Es importante resaltar que el mapa del conflicto en la región se configura a partir de megaproyectos, los principales son: Urrá (Córdoba) e Ituango (Antioquia). El establecimiento de megaproyectos en territorios con presencia de las Farc ha obligado al ingreso de agentes gubernamentales en zonas olvidadas históricamente por el Estado, con el fin de negociar con las comunidades el inicio de la ejecución de los proyectos. Su ingreso hace necesaria la presencia de las Fuerzas Militares para brindar protección y seguridad, aprovechando de esta manera el Ejército un posicionamiento táctico en la toma o la retoma del poder sobre el territorio”.
¿Cuál es la conexión entre la guerra y la central hidroeléctrica Urrá I?
“La conexión entre la ejecución del proyecto Urra I y la presencia de actores armados se refiere a la planeación de los territorios que serían usados para la inundación y que el Estado debía comprar. Allí se hicieron presentes las autodefensas y bajo amenaza empezaron a presionar a los dueños y a las comunidades para que vendieran sus terrenos a precios irrisorios. Esta situación generó desplazamiento y pobreza para los pobladores de la zona”.
Además, el proyecto “ha afectado a miles de familias campesinas, indígenas y colonas que allí habitan. Los impactos negativos que ha tenido dicha obra en la región se presentan en varios ámbitos, como los medioambientales, la afectación a comunidades indígenas y la presencia de actores armados”.
¿Por qué se asocia la construcción de la Hidroeléctrica de Pescadero-Ituango con las dinámicas recientes del conflicto en ese municipio?
La puesta en marcha de Hidroituango “ha traído consigo el desplazamiento forzado de las veredas El Castillo, San Agustín de Leones y Montenegro, que son el amortiguamiento de la reserva del Nudo del Paramillo”. Asimismo, “Ituango se convirtió desde 2005 en territorio en disputa entre las Farc y el Ejército, cuando la institución se propuso retomar la localidad y salvaguardar el desarrollo del proyecto. Lo anterior ha creado una situación de zozobra y temor permanente en la población, ya que el Ejército se apoderó del camino que utilizan los campesinos para comunicarse con el caso urbano, vender sus productos y abastecerse”.
¿Cuáles han sido consecuencias de la lucha contra el narcotráfico en el noroccidente del país?
“La aspersión de glifosato y la erradicación manual de cultivos de uso ilícito han sido las estrategias más frecuentes de lucha contra el narcotráfico. Los campesinos son la población más afectada por estas acciones; además de sufrir daños a sus cultivos de pancoger, se han visto presionados por los distintos actores armados y han tenido que lidiar con la siembra de minas que protegen los cultivos”, todo lo cual ha generado desplazamientos forzados.
¿Qué efectos ha tenido el Plan Colombia en la región?
En Antioquia, “en 2001, se modifica la dinámica de confrontación de las Farc, por cuanto se focalizó y se intensificó el combate por parte de la Fuerza Pública en el marco de los desarrollos del Plan Colombia. Además, cabe resaltar que dicha ayuda económica que proporcionó el Plan no sólo sirvió en este periodo para financiar las operaciones contrainsurgentes, sino que, a la vez que las Fuerzas Militares avanzaban y ‘limpiaban los terrenos de presencia guerrillera’, los grupos paramilitares iban entrando”.
A partir de 2003, en el Norte y el Bajo Cauca antioqueños “el sustento económico de las Farc lo constituyó la producción cocalera, que gracias al funcionamiento del Plan Colombia consolidó un auge en distintas regiones del país, al motivar el desplazamiento de los cultivos que se encontraban mayormente en el Putumayo hacia zonas de mayor dificultad para el ingreso de la Fuerza Pública o zonas selváticas donde no se pudiera fumigar con glifosato. Esto le permitió a las Farc controlar buena parte de la producción y las rutas de comercialización”.
