Los 'nuevos' actores armados, su ubicación estratégica y la tensión generada por los cultivos de coca configuran un escenario que recuerda los peores días de la guerra.
Por: Juan Arturo Gómez
El Bloque ‘Juan de Dios Úsuga’ de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la compañía ‘Néstor Tulio Duran’ del ELN se disputan el Darién Colombiano, corredor estratégico para el tráfico de armas, drogas y migrantes. Esta guerra, silenciosa para el resto del país, es para María del Pilar Plaza comparable con la iniciada en 1996, cuando entraron las AUC y desencadenó en masacres como la de Bojayá.
La alerta temprana de enero de 2018 de la Defensoría del Pueblo previó que al desparecer las Farc como actor regulador de las dinámicas sociales en el Atrato, sumado a los apuros del Estado para controlar este territorio, se formaría un escenario propicio para reposicionamiento de las AGC y el ELN. Hoy ese vaticinio se cumplió y los retenes de los grupos armados ilegales controlan caños y ríos, y el miedo de caer en una mina antipersonal impide el accionar de las comunidades por sus territorios ancestrales de caza y pesca.
El pesimismo ha invadido a las comunidades del Bajo Atrato, puesto que para ellas la esperanza de paz se esfumó por la incapacidad del Estado de llenar los espacios dejados por las Farc. Hoy, como ayer, viven en medio de zozobra.
Caseríos del Truandó hoy son pueblos fantasmas
La guerra que se libra entre las AGC y ELN por el control de las rutas de comercio ilegal entre Urabá, el océano Pacífico y Centro América, tiene a las comunidades en medio. Así lo evidencia el comunicado con fecha de 17 septiembre de 2018, de la Comisión ‘Vida, justicia y paz’ de la Diócesis de Apartadó: el 11 de septiembre se dio el desplazamiento de la Comunidad Indígena Peñas Blancas hacia la localidad de Villa Rufina, Riosucio; el viernes 14 de septiembre, miembros de la compañía Néstor Tulio Durán del ELN, poco después de asesinar al joven líder social Ubeimar Hurtado Mendoza, puso un plazo límite a la Comunidad de Taparal en la cuenca del río Truandó, para abandonar sus viviendas.
En otro comunicado, con fecha de 19 de octubre, la ‘Comisión Vida, justicia y paz’ de la Diócesis de Apartadó, denuncia una nueva tragedia humanitaria y de desplazamiento en el Bajo Atrato producto de la presión de las AGC y ELN. Esta Comisión hace énfasis en la situación en la cuenca del río Truandó: “Muy especialmente llamamos la atención sobre la situación de las comunidades históricamente asentadas en la cuenca del río Truandó. Las AGC y el ELN ignoran la autonomía y los derechos como población civil, hacen presencia en las comunidades, las involucran, las presionan, intimidan y amenazan; las confinan, les obstaculizan para realizar sus labores tradicionales e interceptan su libre movilidad”.
En el mismo comunicado exhortan al Gobierno para que actúe sobre los grupos ilegales, garantice el derecho a la libre movilidad y la seguridad integral a las comunidades. Además, solicitan a los actores permitir el accionar de organizaciones humanitarias como la Iglesia Católica: “Respeto a la misión que la Iglesia tiene de acompañamiento pastoral a las comunidades y a las diversas labores que realiza en apoyo a la resistencia de las comunidades, en el marco de la asistencia humanitaria”. El documento finaliza con un llamado a la pronta atención del Estado a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
En entrevista con !Pacifista!, un miembro de la Comisión ‘Vida, justicia y paz’ de la Diócesis de Apartadó, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato por asuntos de seguridad, fue claro en recalcar que el Ejército Colombiano ha sido ineficaz a la hora copar los espacios dejados por las Farc en el Bajo Atrato: “El Ejército hace incursiones esporádicas y mínimas, lo que suma un actor armado más. Cuando sale deja en condición más vulnerable a las colectividades. Así lo expresan los pobladores”.
“Para acabar el abandono histórico en que han vivido las comunidades del Bajo Atrato, es necesario brindarles seguridad en el retorno y permanencia a sus lugares ancestrales. Abocar el regreso con proyectos solo aumenta la frustración, si no se les brinda seguridad. Pero al Ejército pareciera que no le interesa el control de la región, sino que se los está dejando a otros. ¿De qué otra manera se explica que al frente de la cabecera municipal de Riosucio, en la boca del río Truandó, las AGC tengan un retén para controlar el ingreso de alimentos, insumos y personas? Esta realidad se ha denunciado y se lo han expresado líderes de la región al Estado”, asegura esta misma fuente.
Leopoldino Perea es un negro fuerte, de hablar recio y palabra puntual, a quien la adversidades y atropellos a su comunidad lo empujaron a convertirse en líder social en Riosucio. Su sueño es la libertad, libertad de pescar en pequeñas champas por los ríos Atrato y Truandó o tirarse en una hamaca a mirar en paz el cielo estrellado del Darién. Sin embargo, hoy se “siente enjaulado”. «Viejo Leopo», como le dicen sus amigos y coterráneos es representante legal del Consejo Comunitario de Dos Bocas y presidente de la Corporación Nelson Mandela, organización que agrupa los 64 consejos comunitarios del Chocó.
Su defensa de las causas afro en la región lo han convertido en una molestia para los violentos y desde hace cerca de seis meses, un esquema de seguridad lo acompaña a todas partes. No obstante, esta seguridad no le ha llegado a todos. Según el señor Perea, desde la firma de los acuerdos de paz con las Farc han sido asesinados por fuerzas irregulares 28 miembros de los consejos comunitarios del Bajo Atrato.
El señor Perea y su gente han intentado tres veces rehacer su caserío en la vereda Dos Bocas, dos después de la firma de los acuerdos de paz con las Farc y la última en enero de este año: la violencia se ha encargado de convertir ese sueño en un imposible.
“En enero de este año, 60 familias intentamos levantar de nuevo el caserío de Dos Bocas, pero la violencia nos obligó a salir de la noche a la mañana. Atrás quedaron 6.000 tejas de zinc, semillas de cacao, caucho, insumos agrícolas y animales de corral. Fueron cerca de doscientos millones de pesos aportados por el Estado que se perdieron. Pero el Estado lo que hace con las manos lo borra con las patas. Si en verdad quisiera nuestro retorno nos brindaría seguridad, como se la brinda a las multinacionales petroleras”.
Leopoldino Perea recuerda con nostalgia los años ochenta: “Época en que el único temor de bogar por los caños y ríos era toparse con la Madre Monte o el Ojarasquín. El hambre no existía; todo lo proveía el Atrato, los campos estaban plagados de matas de maíz y plátano, se podía ‘barequiar’ pelusas de oro sin ningún temor”. Hoy, sus antiguos compañeros rumian su tristeza en ciudades como Quibdó o Medellín, desplazados por el temor y subsistiendo de la caridad.
Perea hace un llamado a los organismos de verificación de la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que los actores armados respeten la neutralidad de las comunidades del Bajo Atrato.
En Riosucio “ni los muertos tienen paz”
Para José Ángel Palomeque Lemus secretario de paz, reconciliación y convivencia de Riosucio la lucha por el territorio del Bajo Atrato entre las AGC y el ELN empezó en el 2015, poco después de un anuncio de cese al fuego del gobierno y las Farc. “Los paras llegaron desde Urabá y la guerrilla subió por el río Atrato. Desde esa fecha no hay paz”.
En este fuego cruzado, y como lo relata el propio Palomeque, la peor parte la sufre la gente del común: “Vea, la guerra en esta región es tan dura que ni los muertos tienen paz. El 24 de agosto de 2017 murió Ana María Mepaquito, por una bala perdida, en un enfrentamiento entre las AGC y el ELN en el resguardo de Juin Duur, del pueblo wounaan. El operativo para recuperar el cuerpo y darle sepultura fue duro. Hace seis meses vino la Fiscalía y se llevó el cuerpo para Bogotá, desde eso han tenido los restos de aquí para allá y de allá para acá, hace mes y medio el cadáver está en Chigorodó. Ana María es un alma en pena, su espíritu no descansará hasta que no se le dé sepultura a sus restos acorde a los rituales indígenas”.
Como si fuera poco, el acoso de los grupos armados obligó el desplazamiento de los miembros del Consejo Comunitario de comunidades negras de Pava. “El mismo 24 de agosto de 2017, en horas de la noche, llegaron 329 personas. Desde esa fecha están en un albergue”.
Al ser consultado por ¡Pacifista! por el apoyo del Gobierno Nacional a esta crisis Humanitaria, el secretario Palomeque fue enfático: “El Gobierno del orden nacional ha dejado prácticamente solo al municipio Riosucio en la atención de las necesidades básicas de los desplazados. Solo la Unidad de Víctimas se ha hecho presente con un mercado y dos ayudas económicas para las 78 familias. Pero el apoyo del orden internacional sí llega. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han sido solidarios con nuestro pueblo. La atención a estas personas cuesta alrededor de $ 60 millones mensuales, estos recursos salen solo del municipio”.
Al ser interrogado por el deseo de retorno de la comunidad, José A Palomeque responde: “Mire, encerrar entre cuatro paredes un negro o un indígena de esta región es matarlo en vida. ¡Claro que la gente quiere volver a su terruño! 35 familias del sector de Pava quisieron retornar en septiembre de 2017, desde la administración municipal se les apoyó con mercado, menaje e insumos agrícolas, pero en mayo de este año se volvieron a desplazar”. En las actas de varios Consejos de Seguridad constan las solicitudes de apoyo al Ejercito Nacional, pero la repuesta siempre es la misma: no existen condiciones de seguridad para el ingreso, ni para la permanencia de las tropas o civiles en la zona. Es entendible, pero no justificable esta actitud del Ejercito. Soldados también han caído en minas antipersona por los caminos de la vereda Pava. El Estado nos ha dejado solos y está perdiendo esta guerra en el Bajo Atrato”.
Para finalizar José Palomeque denuncia el uso minas antipersona por parte de las AGC y el ELN. “La situación en todo el territorio de Riosucio es delicada, las minas tienen en confinamiento a las comunidades de Marcial, Jagual, Pichinde y el resguardo indígena de Peñas Blancas. Alrededor de 1.300 personas están prácticamente secuestradas”.
Si los problemas de violencia actuales en Riosucio pintan un panorama dantesco, la realidad empeora cuando al contexto se unen las cifras oficiales: de sus 28.832 habitantes, el 97,8 % cuenta con un empleo informal; el 91,5 % viven en la pobreza y el 99,8 % no tiene acceso a agua mejorada.
Cocaleros quieren sustituir cultivos
Unirse a las actividades ilícitas o morir de hambre son las opciones de los habitantes del Bajo Atrato. A esta realidad se vieron abocados cerca de 900 familias de Curvaradó, Pediguita-Mancilla y la Larga-Tumaradó en Riosucio. Son aproximadamente 1.000 hectáreas de hoja de coca sembradas y sus cultivadores están agrupados en la Asociación de productores de hoja de Coca de Curvaradó, Pediguita-Mancilla y la Larga-Tumaradó (Asoprohcoccpym).
El deseo de los campesinos cocaleros es volver a las actividades ancestrales y sustituir los cultivos de coca por proyectos agrícolas sustentables. Pero solo han encontrado oídos sordos y operaciones militares por parte del Estado. Acciones que no van en concordancia con los acuerdos de paz firmados con las Farc. El punto IV es claro en este sentido: Si las comunidades toman la decisión sustituir sus cultivos, el uso de la fuerza no tendría cabida en la erradicación.
“El pasado 24 de septiembre, en medio de un torrencial aguacero y protegidos por la noche, soldados fuertemente armados llegaron a la vereda El Abierto a hacer erradicación forzosa de los cultivos de coca, pero hombres, mujeres y niños salieron a defender las matas con sus manos y voz. La respuesta de los soldados fue intimidar con sus fusiles y atropellar a la comunidad. Acá somos pequeños cultivadores, una hectárea de hoja de coca no enriquece a nadie, da para medio subsistir”, relató José Cálao, secretario de la asociación
No obstante, la intención de sustituir los cultivos no es de hoy. La asociación lleva poco más de dos años de constituida. Nació del firme deseo de entrar a la legalidad, pues con la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc los campesinos creyeron tener un camino despejado para lograr sus anhelos: “Después de la firma viajamos a Bogotá y expresamos nuestra voluntad de erradicar los cultivos de hoja de coca. Todo iba bien, pero las cosas cambiaron cuando llegó como coordinador del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) en el Chocó el señor Esteban Casas. Él quiso imponer sus condiciones, erradicar sin un programa integral. Nuestras exigencias son a las que tiene derecho todo colombiano: salud, agua potable, educación y seguridad. En especial proyectos productivos integrales, donde se garantice como mínimo unos precios de sustentación, se necesitan vías, centros de acopio y capacitación. Pero las respuestas a nuestras exigencias por parte del señor Casas consistieron en declararnos ilegales y tirarnos a los soldados”, asegura el secretario.
Y complementa: “No queremos más frustraciones. En el pasado varias familias se acogieron al programa de Familias Guardabosques, pero este proyecto fracasó en el Chocó. El doctor Esteban conoce bien esta realidad, él fue director de Familias Guardabosques en el departamento. Ese señor no nos genera confianza, no escucha al campesino y es muy llevado de su parecer”.
Desde hace cerca de un mes, entre las comunidades cocaleras ha rotado este video, al que le atribuyen un espíritu de denuncia.
Según José Cálao, desde la llegada del Ejercito a la vereda El Abierto cada día el ambiente está tenso. En su intención de erradicar alrededor de 30 hectáreas de hoja de coca, los uniformados se han encontrado con una oposición férrea de la comunidad. El secretario de Asoprohcoccpym expresa su temor de que hoy, 25 de octubre, se genere una tragedia por las amenazas de quemar 15 viviendas: “Nuestros humildes ranchos son para ellos cristalizaderos y caletas de armas o droga. El Estado nos considera delincuentes de la peor calaña, nosotros somos simples campesinos que nos vimos abocados a buscar el sustento de nuestras familias sembrando coca. No podíamos morirnos de hambre”. A Cálao le inquieta la ausencia de instituciones como la Procuraduría General de la Nación o la Defensoría del Pueblo en el terreno.
!Pacifista! trató de contactar por teléfono y WhatsApp a Alfonso Esteban Casas Mateus, coordinador en el Chocó del PNIS, pero fue imposible obtener una respuesta.
Carmen del Darién, otro escenario de la guerra.
El Carmen del Darién, Chocó, por ser un punto medio entre el Bajo y medio Atrato, se convierte en un lugar estratégico para los actores armados. Quien se posicione en el Carmen, controlará las rutas por agua del comercio ilegal de oro, madera y armas entre Antioquia y el Pacífico Chocoano.
Hoy se libra una lucha a sangre y fuego entre las AGC y el ELN por el control de este territorio y en medio de esta guerra están sus pobladores. Desplazamiento forzado, minas antipersona y asesinatos selectivos son el pan de cada día de las comunidades negras e indígenas. Aunque esta nueva etapa de la guerra lleva casi dos años, la situación se ha tornado más difícil desde el pasado 12 de mayo cuando fueron reclutados a la fuerza, por el ELN, dos jóvenes en una incursión al resguardo indígena Emberá de Uradá, situación que motivó el desplazamiento de la comunidad.
El hecho más reciente fue un enfrentamiento el pasado 19 de octubre entre las AGC, o Clan del Golfo, y el ELN en el resguardo indígena de Unión de Chogorodó. «El traqueteo de los fusiles era aterrador. Por dos horas se dieron bala Paras y Elenos, murió un miembro de la guerrilla. “No puedo seguir hablando, nos tienen prohibido comunicarnos con el exterior. Adiós”. Así se lo relató a ¡Pacifista! un habitante de la región quien pidió reserva de su identidad.
Para Erlín Ibarguen Moya, alcalde municipal, prácticamente el 100 % de la población del municipio vive en constante zozobra. “Lo que no controlan las AGC, lo controla el ELN. Ríos, caños y ciénagas están dominadas por ellos. Somos hombres de agua, por el río transcurren nuestras vidas”.
Por otro lado, el alcalde expresa su frustración ante la falta de acciones claras por parte del Ejercito, la Armada y el Gobierno Nacional a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. “De nada sirve nuestra respuesta institucional como municipio si no contamos con el apoyo del Gobierno Nacional. Necesitamos acciones contundentes”.
Para finalizar, Erlín Ibarguen Moya hace un llamado al presidente Iván Duque a realizar un Consejo Comunitario en el Carmen del Darién para que conozca la realidad de la voz de los habitantes del Medio y Bajo Atrato.
El abandono estatal hacia el Carmen del Darién se evidencia en el IPM, (Índice de pobreza multidimensional). Según el DNP, de los 5.462 habitantes del Carmen el 90, 67 % tienen sus necesidades básicas insatisfechas; el 57,72% de sus pobladores no sabe leer ni escribir y el 60, 65 % no cuenta con aseguramiento en Salud.
Tierra arrasada. Esa parece ser la realidad actual del Darién colombiano.
