Algunas modificaciones fueron de lenguaje y otras de fondo. Varias propuestas no se incluyeron.
- Un grupo de jóvenes hizo campaña por el No recorriendo Antioquia en bus. Foto tomada de Facebook
El nuevo acuerdo que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana fue modificado en los seis puntos que componían la agenda de diálogos, tal y como se puede comprobar utilizando la herramienta que difundió la delegación de paz del Gobierno para comparar el nuevo texto con el que fue firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena.
Vea también: Punto por punto: así cambió el acuerdo final que firmaron el Gobierno y las Farc
Sin embargo, en ¡Pacifista! nos preguntamos qué proporción de las propuestas del No fue realmente incluida en el nuevo documento. Por eso, nos dimos a la tarea de revisar cuáles de las exigencias que hicieron el Centro Democrático (CD), el expresidente Andrés Pastrana, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez fueron incorporadas al nuevo acuerdo, cuáles se quedaron por fuera y cuáles se incluyeron de manera parcial.
Revisamos una a una las propuestas que el CD incluyó en su documento “Bases de un acuerdo nacional de paz” y las sugerencias de Ramírez, Pastrana y Ordóñez que fueron sistematizadas por Dejusticia en un cuadro titulado “mapa de las propuestas de los voceros del No”, y las agrupamos en tres categorías después de compararlas con el texto que se pactó en Cuba el pasado 12 de noviembre.
Esto fue lo que encontramos:
Propuestas incluidas
Reconocer la “importancia” de la producción empresarial de gran escala en el campo.
Reiterar el respeto a la propiedad privada.
Restringir la participación comunitaria en la selección de los beneficiarios del Fondo de Tierras.
Privilegiar las propuestas de alcaldes y gobernadores en vez de la participación comunitaria.
Incluir mecanismos para formalizar baldíos ocupados “de buena fe”.
Precisar el alcance de la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la propiedad y de la expropiación administrativa por motivos de interés social o utilidad pública.
No restringir la promoción y protección de semillas distintas a las nativas, como las mejoradas, híbridas y otras.
No adjudicar tierras a campesinos que siembren cultivos de uso ilícito hasta tanto no se erradiquen esos sembrados y se haga un compromiso con la no resiembra.
Dejar constancia de que las decisiones sobre el uso del suelo corresponden a las autoridades locales.
Aclarar que la creación del Estatuto de la Oposición no depende de la firma de un acuerdo de paz con las Farc.
Aclarar que la movilización ciudadana y la protesta deben ser pacíficas.
Dejar en claro que, aunque los disturbios se tratarán “con civilidad”, el Estado seguirá ejerciendo su “autoridad legítima”.
Mantener la exigencia de obtener un umbral en las elecciones al Congreso para conservar la personería jurídica de partidos y movimientos políticos.
Sacar a las Farc de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos.
Mantener el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra las drogas.
Comprometer a las Farc con el suministro de información sobre su relación con el narcotráfico.
Comprometer a las Farc con la entrega de bienes y activos para la reparación de las víctimas.
Garantizar la participación de las víctimas en los nuevos medios comunitarios y en las elecciones de las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz.
Eliminar la posibilidad de nombrar magistrados y fiscales extranjeros en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Establecer límites en el tiempo de duración de la JEP.
Juzgar la “farcpolítica”.
Permitir que los procesados por la JEP presenten tutelas cuando crean vulnerados sus derechos fundamentales y que esas tutelas sean revisadas por la Corte Constitucional.
Articular con el resto de la Fiscalía a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos.
La Unidad de Investigación debe articularse con la Fiscalía
Precisar que la implementación de los acuerdos “será conforme al cumplimiento de la regla fiscal”.
Propuestas incluidas parcialmente
No tener “atención preferencial” con campesinos ubicados en Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Se mantuvo el impulso a esas formas organizativas, pero se reiteró que su creación seguirá a cargo de la Agencia Nacional de Tierras.
Delegar en el Congreso la creación de la Misión Electoral Especial que elaborará recomendaciones para reformar el régimen electoral. Se mantuvo la responsabilidad de conformar la misión en el Centro Carter, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y la Misión de Observación Electoral. Sin embargo, se acordó que la misión deberá escuchar a los partidos y movimientos políticos con el fin de “obtener el más amplio consenso posible” para la elaboración de un informe final.
Limitar la financiación del nuevo partido que creen las Farc a los montos que reciben los demás partidos y eliminar su participación en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se redujo la financiación, pero se mantuvo la representación del nuevo partido ante el CNE con un delegado que tendrá voz, pero no voto.
No renunciar a la persecución judicial de los cultivadores de plantas de uso ilícito que manifiesten voluntad de erradicar los cultivos. Se acordó mantener los beneficios judiciales, pero se redujo de dos a un año el tiempo que tendrán los cultivadores para manifestar su decisión de renunciar a mantener los sembradíos como condición para obtener un tratamiento penal diferenciado.
Condicionar la inclusión de personal de confianza de las Farc en el Cuerpo de Seguridad y Protección de los excombatientes a autorizaciones individuales elaboradas por la Policía. Se acordó que el personal del Cuerpo “deberá ser debidamente capacitado y cumplir los requisitos de idoneidad psicológica que se exigen a los demás integrantes de cuerpos de protección”, pero no con la verificación de la Policía, sino de la Unidad Nacional de Protección.
Mantener la posibilidad de atacar los cultivos de uso ilícito mediante la aspersión área y considerar la propuesta del fiscal de reanudar de manera inmediata la aspersión aérea con glifosato. Se reiteró que, aunque se privilegiará la erradicación manual, el Gobierno no renunciará a la aspersión. No obstante, no se incorporó la sugerencia de reactivar inmediatamente el uso de glifosato.
Comprometer a las Farc con la liberación de “la totalidad de los secuestrados en su poder” y agilizar la búsqueda de los desaparecidos. No se habló de que las Farc tengan personas secuestradas, pero sí se acordó meterle el acelerador a la búsqueda de desaparecidos con la participación de distintas organizaciones de víctimas, incluidas las de las Farc.
Impedir que la JEP estudie las sentencias de la justicia ordinaria. Se decidió que la JEP mantendrá esa competencia, pero se impusieron condiciones para la selección de los casos que serán revisados.
Impedir que el narcotráfico sea un delito amnistiable. Se acordó que los crímenes asociados al tráfico de drogas serán calificados como conexos al delito político y, por tanto, como amnistiables, cuando no hayan derivado en enriquecimiento personal. La JEP definirá el tema caso a caso.
No incluir los acuerdos en el bloque de constitucionalidad y atar la implementación a un pacto político nacional. Las partes acordaron no incluir los acuerdos en la Constitución y supeditar la implementación a la “buena fe” de los gobiernos, pero decidieron tramitar un artículo transitorio constitucional para garantizar que se mantenga durante tres periodos presidenciales la interpretación sobre los derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario contemplada en el Acuerdo final.
No adjudicarle 31 emisoras a las Farc. Se eliminó esa posibilidad, pero se acordó crear 20 emisoras en zonas afectadas por el conflicto, que estarán a cargo de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y cuyo comité editorial estará integrado por el Gobierno y los excombatientes.
Propuestas no incluidas
Revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (que no hizo parte de la negociación).
Eliminar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y delegarle sus funciones a las instituciones existentes.
Impedir que los comandantes de las Farc ocupen las 20 curules en Senado y Cámara que tendrá entre 2018 y 2022 el movimiento político que creará esa guerrilla.
Impedir que los responsables de delitos graves pueden ser elegidos popularmente.
Permitir que los partidos políticos representados en el Congreso participen en el nombramiento de los comisionados que integrarán la Comisión de la Verdad.
Permitir que los partidos políticos con representación en el Congreso inscriban candidatos en las 16 Circunscripciones Transitorias.
Eliminar la JEP y crear un tribunal transicional dentro de la estructura de la justicia ordinaria.
Cambiar el proceso de selección de los fiscales y magistrados de la JEP. Delegar los nombramientos en el Consejo Nacional de las Universidades Públicas, la Asociación Colombiana de Universidades, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Permitir que la Corte Suprema de Justicia revise las sentencias proferidas por la JEP.
No amnistiar las muertes en combate y la aprehensión de soldados y policías.
Juzgar a los comandantes de las Farc por los delitos cometidos por sus subalternos, aún cuando no hayan tenido control efectivo en la ejecución de esos crímenes.
Imponer “penas carcelarias reducidas” en colonias agrícolas u otras formas de reclusión alternativa.
Condicionar la no extradición de los combatientes de las Farc al cumplimiento de compromisos sobre verdad, reparación y no repetición.
Eliminar el procedimiento de fast track.
Incluir dentro de las competencias de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos la persecución de los disidentes de las Farc y del ELN.
Designar en la Comisión de Seguimiento a la Implementación a un integrante de los partidos y movimientos que se oponen al proceso de paz.
