Reunimos a tres mujeres, una indígena, una campesina y otra afrodescendiente, para conocer su opinión sobre el problema del acceso a la tierra, los avances de la política de restitución y el acuerdo de La Habana sobre desarrollo agrario.
La disputa por la tierra. Esa ha sido, como lo han señalado distintos investigadores, una de las principales causas del conflicto armado en Colombia. En el contexto de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, y con el objetivo de discutir acerca de los derechos de las mujeres sobre la tenencia de la tierra, activistas del mundo se reunieron esta semana en Bogotá, en un evento convocado por la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cundinamarca, la Universidad Javeriana, y la Iniciativa para los Derechos y Recursos.
Nos dimos a la tarea de reunir a tres colombianas, cada una en representación de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, para conocer su opinión sobre el problema del acceso a la tierra, los avances de la política de restitución y el acuerdo de La Habana sobre desarrollo agrario integral. Con ese objetivo, les hicimos tres preguntas idénticas, cuyas respuestas dan cuenta de los grandes desafíos que enfrenta el Estado para satisfacer las demandas de las comunidades en materia rural.
La gran cuestionada fue la mesa de conversaciones de La Habana, sobre la cual las mujeres dijeron no sentirse representadas. En su opinión, la paz no sólo debe concertarse entre el Gobierno y las guerrillas, sino, principalmente, entre esos actores y la sociedad civil. Esto fue lo que nos respondieron.
Leonor Zalabeta, comisionada de Derechos Humanos de la Confederación Indígena Tayrona
¿Cuáles son las principales dificultades que existen en el país para acceder a la tierra?
A las comunidades indígenas han llegado personas que creen que las riquezas de la tierra existen sólo para ser sacadas y transformadas. Esos intereses políticos y económicos sobre los recursos naturales han producido históricamente muchos despojos y desarraigos. Eso es muy grave, porque nuestra cultura y nuestros conocimientos dependen de esos recursos. Cuando se nos prohíbe su uso, se nos está negando la posibilidad de tener una identidad, como pueblos y como personas. Es indudable que la identidad de los pueblos latinoamericanos está arraigada a la tenencia de la tierra.
Una de las mayores apuestas del gobierno Santos ha sido restituir las tierras despojadas en desarrollo del conflicto armado. ¿Cree que esa política ha sido efectiva?
Querer restituir las tierras es una intención sana. Además, los pueblos indígenas hemos logrado que se reconozca como víctimas a los territorios en los que se hicieron las confrontaciones armadas. Sin embargo, no sólo tenemos derecho a que nos devuelvan las tierras porque somos víctimas, sino porque somos dueños de nuestro destino y somos raíz de los colombianos. También es claro que, aunque esa política tiene una visión de paz muy clara, se ha visto obstaculizada por los intereses de las multinacionales mineras y otros sectores interesados en apropiarse de los recursos naturales. Es un desafío que tiene la institucionalidad.
¿Se sienten representados en el acuerdo de La Habana sobre desarrollo agrario?
Para nada. La participación debe ser efectiva, no es una cuestión de presencia, ni de liderazgos. Aquí debió primar el consenso de los pueblos. Creemos que en La Habana lo que hay es una negociación entre un grupo armado y un gobierno, pero que los colombianos no estamos siendo parte real del proceso. No nos oponemos a que conversen, pero ninguna de las partes nos representa. Sin embargo, consideramos adecuado que entre ellos, que hacen la guerra, dialoguen y definan otras rutas; por eso votamos por la paz. Ojalá que en las comisiones que se pacten, como la Comisión de la Verdad, esté la participación de los colombianos, para que entre todos podamos encontrar una salida al conflicto histórico que vive el país.
Edilia Mendoza, representante de la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales
¿Cuáles son las principales dificultades que existen en el país para acceder a la tierra?
Tenemos una legislación agraria patriarcal. El acceso a la Unidad Agrícola Familiar no puede seguir supeditado a la visión tradicional de familia; el país ha cambiado, las familias han cambiado. Las jefaturas familiares las están asumiendo las mujeres, por cuenta del conflicto social y armado, pero también por decisión propia. Igualmente existen familias conformadas por personas del mismo sexo o por personas que viven solas, que también tienen derecho a la tierra. Estamos luchando contra el calentamiento global, por la soberanía alimentaria del país y por la supervivencia de las plantas nativas, convencidos de que todos esos asuntos hacen parte del acceso real a la tierra.
Una de las mayores apuestas del gobierno Santos ha sido restituir las tierras despojadas en desarrollo del conflicto armado. ¿Cree que esa política ha sido efectiva?
Pasarán muchos años para que el Gobierno devuelva los varios millones de hectáreas que fueron despojadas. Creemos que, además del retorno al campo, es necesario que haya una estabilización económica, familiar, cultural y política, y una reconstrucción de la identidad campesina. Si la restitución no incluye esos elementos, la Ley no podrá ser integral. Ya tenemos ejemplos como el de la hacienda Bellacruz, en Cesar, donde los desplazados fueron reubicados en otros departamentos, con lo cual se castró por segunda vez la cultura de esa comunidad.
Además de eso, tenemos que esperar a que el Ministerio de Defensa nos diga si podemos regresar a nuestros territorios. Está claro que la ejecución de la Ley va caminando muy lentamente. Pese a ello tenemos algunos avances, como que la Unidad de Tierras haya empezado a consultar con las mujeres algunos asuntos de la implementación.
¿Se sienten representados en el acuerdo de La Habana sobre desarrollo agrario?
Por supuesto que no. El Alto Comisionado para la Paz nos entregó el primer informe ejecutivo sobre ese punto, y le manifestamos que al tema de tierras le faltaba mirada de mujer. Hemos criticado el hecho de que, en las negociaciones, la voz de las mujeres no se haya sentido.
Yolanda García, representante de la Autoridad Nacional Afrocolombiana
¿Cuáles son las principales dificultades que existen en el país para acceder a la tierra?
Muchas. Por ejemplo, el hecho de que las instancias de interlocución de las comunidades afrodescendientes no hayan sido legitimadas por parte del Gobierno, lo cual nos ha impedido avanzar en los temas de consulta previa y de construcción de planes de vida. También ha sido un obstáculo la falta de la reglamentación de la Ley 70, porque el Gobierno entregó los títulos colectivos, pero no las garantías para llevar una vida digna en estos territorios; se requieren proyectos productivos, ambientales y culturales, que garanticen la integridad de las poblaciones.
En el caso específico de las mujeres, no existe una política con enfoque de género para las afrodescendientes, raizales y palenqueras, que tenemos otras cosmovisiones sobre el desarrollo.
Una de las mayores apuestas del gobierno Santos ha sido restituir las tierras despojadas en desarrollo del conflicto armado. ¿Cree que esa política ha sido efectiva?
Consideramos que ha habido algunos avances, tales como la posibilidad de que algunas comunidades puedan acceder a rutas étnicas para restituir sus derechos territoriales, como el caso de Timbiquí (Cauca), con el consejo comunitario Renacer Negro. Sin embargo, en otros casos, como el del norte del Cauca, las concesiones mineras inconsultas sobre los territorios de las comunidades negras han sido un obstáculo para que el Gobierno restituya las tierras de manera satisfactoria.
¿Se sienten representados en el acuerdo de La Habana sobre desarrollo agrario?
No. Creemos que en La Habana debe haber una comisión específica que trate los asuntos étnicos. Porque si bien es cierto que la guerra nos ha afectado a todos, para nadie es desconocido que en los territorios donde está asentada la población negra se ha vivido la guerra más dura, la más fuerte. En ese sentido, necesitamos plantear una propuesta para que los negociadores puedan entender de qué hablamos cuando decimos que la paz no debe ser un acuerdo de papel, sino unas garantías reales de satisfacción para la población afrodescendiente en Colombia.
