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Las discusiones que no se han dado sobre el graffiti en Bogotá
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Las discusiones que no se han dado sobre el graffiti en Bogotá

Juan José Toro - Enero 12, 2016

Lo que muchos temen es que en Bogotá se vuelva a los tiempos en que el graffitero era visto como un criminal.

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El problema de discutir sobre el graffiti, exigir o luchar contra su prohibición, es que muy poca gente sabe de qué se trata o qué alcances tiene. No se puede decir con certeza que es un movimiento porque no es del todo claro quién lo integra. No se puede decir que es arte porque a veces no pretende serlo. No se puede decir que es vandalismo porque hay graffiti legal. Todo hay que cogerlo con pinzas. Por eso prohibirlo parece radical, pero permitirlo sin límites parece demasiado laxo.

El tema ha sido manoseado por políticos de izquierda y derecha, por seguidores de Petro y de Peñalosa, por ciudadanos y graffiteros. El debate empezó porque Daniel Mejía, el secretario de Seguridad del nuevo alcalde, recordó una de las prioridades de la administración: “limpiar de las calles los graffitis no artísticos”. El tamaño y la importancia del graffiti, no solo en Bogotá sino a nivel mundial, exigen que la discusión no sea tomada a la ligera.

¿Cómo diferenciar el arte de un rayón?

Hacer que el debate gire alrededor de cuáles graffitis embellecen la ciudad y cuáles la afean puede ser contraproducente. Para meterse en ese argumento, cuando menos, hay que conocer que existen diferentes tipos de graffiti, y que cada uno viene de una tradición que trasciende al joven bogotano que lo pinta. En una investigación contratada por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de Bogotá, se explica en detalle ese punto y se divide al graffiti en cuatro tipos: de consigna, barrista, arte urbano y escritura o writing.

El de consigna está ligado al movimiento universitario, a los sindicatos, a las marchas y a la larga tradición de oposición en el escenario urbano. El barrista tiene su origen en el pichaçao brasileño, los aficionados futboleros lo usan para marcar territorios. Igual que lo hacen las firmas o tags que, según expertos, “reclaman el espacio público y la mirada de la sociedad y los medios”. El arte urbano, por el contrario, es el que más aprueba la mayoría de gente: son los grandes y coloridos murales, los dibujos que tienden más hacia la publicidad y el diseño gráfico. El arte urbano suele ser figurativo, no abstracto, por lo que resulta más fácil de entender para los espectadores.

 

 

Como quienes lo hacen no tienen ni remotamente el mismo dinero que las empresas, los bancos y los políticos—dice la investigación—, el graffiti es un medio de comunicación barato, accesible a cualquiera, capaz de transmitir la idea que sea y ponerla a la vista de todos. Eso, en cualquier caso, no le quita los límites que le ha puesto la ley. Los graffiteros lo saben: la mayoría de intervenciones en espacio público y privado no son legales.

Sin embargo, actualmente la regulación no diferencia entre “arte bonito” y “rayón feo”. El acuerdo 482 de 2011, firmado por Clara López, y el decreto 75 de 2013, firmado por Gustavo Petro, son los primeros que se propusieron regular el graffiti en Bogotá en vez de prohibirlo de tajo. En ninguno de los dos documentos se hacen distinciones sobre la calidad, la técnica ni el contenido del dibujo (excepto publicidad de marcas, que está prohibida). El decreto 75, que es el que rige todavía, define graffiti como “toda forma de expresión artística y cultural temporal urbana, entre las que se encuentran las inscripciones, dibujos, manchas, ilustraciones, rayados o técnicas similares”.

Camilo Fidel López, abogado y fundador de Vértigo Graffiti, dice al respecto que el rechazo de la ciudadanía bogotana frente a cierto tipo de graffiti “es un problema de información […] No se puede celebrar el graffiti grande sin celebrar el pequeño, porque la base del gran mural es el rayón. Entonces si la ciudad quiere graffitis enormes como El beso, como los murales de la calle 26, no puede rechazar artísticamente la existencia de los otros”.

Lo que sí puede rechazar es que se pinte cualquier graffiti en zonas no autorizadas, pero ese no es un tema de qué intervenciones le gustan a la gente, cuáles entienden, cuáles son “obras de arte” y cuáles “deterioran la ciudad”. El decreto dice que no se puede graffitear en los espacios públicos no autorizados, a no ser que exista permiso del Distrito, ni en la propiedad privada, a no ser que exista permiso del dueño. Es decir que la distinción no pasa por qué se raye sino dónde se haga.

 

Violencia y ventanas rotas

Horacio José Serpa, concejal de Bogotá, dijo que “los rayones sin sentido dañan a Bogotá y la vuelven insegura”. El argumento que asocia graffiti e inseguridad no es nuevo ni es colombiano. De hecho tiene su propia teoría, la de las “ventanas rotas”, que salió de Nueva York a finales del siglo pasado, y sigue siendo utilizada para defender la prohibición y la mano dura con el graffiti.

La teoría, a grandes rasgos, dice que mantener limpios los espacios de la ciudad reduce, por un lado, la repetición de los actos que ensucian —rayar paredes, tirar basura, dañar señales de tránsito—, y, por otro lado, también disminuye la criminalidad que supuestamente se deriva del deterioro en el entorno. La teoría fue puesta en acción durante los 80 y los 90: revisaban estrictamente antecedentes así fueran delitos menores, arrestaban por orinar en las calles y pintar en las paredes, no permitían consumir licor en espacio público. En los 90 y principios del 2000, efectivamente, el delito bajó.

Lo que no tuvieron en cuenta los investigadores y los ciudadanos, que se apresuraron a concluir una relación de causa-consecuencia entre la suciedad y el crimen, es que había otros factores que habrían podido causar la reducción de la delincuencia. Los críticos de la teoría apuntan, por ejemplo, a la aprobación del aborto años atrás, que había permitido a mujeres jóvenes y pobres decidir si tener o no hijos, lo que disminuyó el número de adolescentes con carencias que andaban por la calle. Otras causas de la disminución del delito que no fueron tenidas en cuenta por los defensores de las “ventanas rotas”: la disminución del consumo de crack y el crecimiento de los niveles de empleo.

Eso, de alguna forma, se traslada a lo que piensa mucha gente en Bogotá sobre las paredes pintadas con consignas, palabras sin sentido, firmas o escudos de fútbol. Lo cierto es que, aunque quizás se vean feas para la mayoría, aunque no combinen con los edificios modernos, hay quien se pregunta si la prioridad debe ser algo superficial como las paredes pintadas o mejor deberían enfocarse en dar mejores oportunidades a los que se están quejando de la desigualdad con un rayón. Igual para los barristas: ¿el principal problema de los barristas es que rayen paredes? ¿No se debería más bien atacar la intolerancia?

 

Para Yurika, un graffitero de larga trayectoria en Bogotá, no se trata de permitir el graffiti de cualquier manera. Al contrario, “se trata de dar garantías para que no se vea al graffitero como un criminal, como alguien que promueve el delito”; aunque reconoce que, aún con la regulación (incluso si fuera prohibición), seguirían rayando las calles, las puertas, los puentes. “Pretender que en una ciudad con 8 mil graffiteros no te rayen un lugar es como querer salir a la calle y no tener que lavar la ropa luego. Ellos lo van a seguir haciendo, pero para eso están las sanciones: que limpien las casas, que asistan a talleres pedagógicos”.

Lo que no puede pasar, dice Camilo, de Vértigo Graffiti, es que esa ecuación graffiti igual a crimen se meta en la cabeza de quien está encargado de regular, que es principalmente la policía. “Por un lado, el policía se va a sentir curador: yo dejo hacer este que me parece bonito pero prohibo este que me parece feo. Por otro lado, todavía más grave, esa idea en la mente de un policía va a terminar en casos como el de Diego Felipe Becerra”.

Diego Felipe Becerra (o Trípido), para quien no recuerda, era un joven bogotano que en 2011, con unos amigos, salió a pintar paredes. En la noche, cuando iban por la Avenida Boyacá con 116, la Policía los detuvo. Intentaron correr pero sonaron disparos. A Diego lo cogieron. Él se resistió e intentó escapar. Salió corriendo y uno de los policías le disparó por la espalda. Diego murió apenas llegó al hospital.

La anécdota de la historia no es solo la muerte sino lo que pasó después. La policía, durante la investigación y el escándalo mediático que siguió, acusó a los jóvenes de haber intentado robar un bus. Al parecer los mismos policías “plantaron” un arma en la escena del crimen. Hicieron lo posible para que los papeles se invirtieran. Que el graffitero muerto también era un criminal y, por tanto, el policía había cumplido su deber.

 

Lo que preocupó a los demás graffiteros bogotanos y a gran parte de la ciudad que se solidarizó con la muerte de Diego fue que se le diera la razón al policía y se legitimara, de ahí en adelante, relacionar a quien rayaba paredes con un ladrón y abusar de la fuerza para detenerlo. Diego no había sido el único en sufrir el estigma por parte de la Policía. Para no ir muy lejos, el mismo Yurika cuenta que vivió un episodio similar pero con un mejor final. Por eso, después de la tragedia, la alcaldesa encargada, Clara López, se apuró a sacar el acuerdo 482 que reglamentaba la práctica.

¿Para dónde va el graffiti?

Desde ahí todo cambió. La administración distrital, que por la orden de un juez debía reglamentar el graffiti a través de un acto administrativo, entendió tras la muerte de Diego que esa reglamentación no podía ser prohibitiva ni radicalmente punitiva. Se trataba, más bien, de entender las diferentes visiones y conciliar. Bajo esa premisa nació en 2012 la Mesa Distrital de Graffiti, en la que participaron graffiteros y delegados de varios sectores de la alcaldía. En la mesa se discutió lo que más tarde sería el decreto 75 de 2013.

Los decretos de 2011 y 2013 no llegaron solos. Con ellos, desde Idartes y otras instituciones distritales, se empezó a ver la intención de dar voz al graffiti. Se autorizaron espacios para pintar, se dictaron talleres, se ofrecieron becas. De toda esa ola salió El beso de los invisibles, el segundo mural más grande del país, en la 26 con 13, y todo el corredor de la Avenida El Dorado de ahí hacia el occidente. Se pintaron más paredes en el centro y en otros barrios de la ciudad. La gente, de alguna manera, empezó a familiarizarse y a aceptar cosas que antes rechazaban.

 

De cualquier forma hay límites de tolerancia. Los daños a monumentos, por ejemplo, le cuestan más de 1000 millones de pesos anuales al Distrito. Aunque una encuesta dentro de la investigación que contrató la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales dice que 9 de cada 10 graffiteros son conscientes del daño que hace dañar monumentos, al 10% restante, que serían unos 800 en toda la ciudad, no le importa mayor cosa. Los mismos graffiteros saben que muy posiblemente se van a seguir rayando casas y monumentos, pero también creen firmemente que, si de disminuir se trata, va a ser mucho mejor con pedagogía que con prohibición.

Con la nueva administración de la ciudad podrían cambiar cosas. Peñalosa y su equipo han dicho que no borrarán —al contrario: promoverán— los graffitis artísticos y en zonas autorizadas. De ser así, en teoría, no cambiaría mucho respecto a la alcaldía anterior. Pero hay malestar, por ejemplo, con que el tema lo esté manejando el asesor de Seguridad y no la Secretaría de Cultura. Lo que muchos temen es que se cambie el decreto, que las sanciones pasen de ser pedagógicas a ser penales, y que se vuelva a los tiempos en que el graffitero era visto como un criminal.