Dos centros de pensamiento cuestionaron la relación entre la compañía canadiense y las Fuerzas Militares en Puerto Gaitán.
- Además de desarticular a las guerrillas y a las bandas criminales, el Plan Espada de Honor —con el que opera el Ejército desde 2012— tiene una misión fundamental: “proteger la infraestructura económica de la nación”. Para cumplir esa tarea, la institución creó 21 Batallones Especiales Energéticos y Viales, que prestan seguridad a los sectores minero-energético y de hidrocarburos. La razón para ello es que, durante décadas, la insurgencia, los paramilitares y la delincuencia organizada han atacado o extorsionado a varias compañías que hacen parte de esos sectores, que integran uno de los pilares del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Estas empresas respaldan la presencia de militares en sus instalaciones, pero ese enfoque de seguridad no siempre ha sido bien recibido por las comunidades ni por organizaciones defensoras de derechos humanos. El Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO), con sede en los Países Bajos, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), analizaron este tema en un informe titulado “Petróleo: acumulación de agua y tierras en la Altillanura”, que centra su análisis en la presencia de la multinacional Pacific Rubiales en Puerto Gaitán (Meta).
SOMO e Indepaz critican el modelo de seguridad que Gobierno y Pacific Rubiales implementan en Puerto Gaitán porque, según el informe, la compañía les suministra alojamiento y vehículos para vigilancia a los soldados del Batallón Especial Energético y Vial No. 15 a cambio de la seguridad de campos petroleros y oleoductos. Pacific, además, habría suscrito un convenio con las Fuerzas Militares para “prestar atención básica en salud a 15 mil personas de 15 comunidades campesinas e indígenas” y le habría desembolsado cerca de 70 millones de dólares al Ministerio de Defensa entre 2007 y 2014.
De acuerdo con el documento, el fortalecimiento del pie de fuerza en la zona ha afectado a las comunidades vecinas a los campos en temas como la movilidad en vías y “caminos de uso tradicional”, así como en el ejercicio de la autonomía de los resguardos indígenas, a cuyas propiedades “los militares entran sin autorización ni aviso”. Trabajadores de la empresa también le habrían dicho a esas organizaciones que “los campamentos están bajo el control militar y se restringe la libre circulación y reuniones por fuera del horario laboral”.
La relación entre Pacific, los militares y las comunidades está atravesada por conflictos sociales y ambientales. Como en otras regiones de explotación petrolera, los habitantes de Puerto Gaitán han protestado para exigirle a la compañía la contratación de mano de obra local, mejores condiciones laborales, reversión de los presuntos daños ambientales causados por la empresa y respeto por los territorios indígenas. Durante esas manifestaciones, la Unión Sindical Obrera (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han denunciado “detenciones arbitrarias, amenazas y estigmatizaciones por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, según consta en el informe.
SOMO e Indepaz también aseguran que desde 2007, cuando Pacific llegó a Puerto Gaitán, las personas que “se han quejado por afectaciones en sus predios, vías y fuentes de agua” han recibido amenazas. Lo mismo habría ocurrido con trabajadores, líderes y habitantes del municipio que se han organizado para protestar contra la multinacional.
Al respecto, en la investigación elaborada por ambas organizaciones se lee que “los vecinos a la zona de influencia de Pacific y muchos de sus trabajadores son estigmatizados, sus reivindicaciones son respondidas por la fuerza y con amenazas, y sus derechos les son violentados. La estigmatización se extiende a organizaciones que los representan, como la USO, y a quienes los acompañan, incluyendo congresistas del Polo Democrático”. El documento sostiene que, de acuerdo con fuentes de la región, la fuerte presencia de militares en la zona “ha terminado por estigmatizar y considerar a la población vecina como un riesgo para la operación” petrolera.
Los investigadores también cuestionaron el hecho de que los convenios de seguridad suscritos entre empresas como Pacific y el Ministerio de Defensa no sean públicos y que su ejecución no cuente con controles “por parte de organismos estatales con competencias en derechos humanos como la Procuraduría y la Defensoría”. Dicen, además, que la combinación de militares y personal perteneciente a empresas de seguridad privada contratadas por Pacific ha significado “la aplicación de un modelo de economía de guerra o de alta militarización del entorno de la cadena productiva, así como de las relaciones económicas y sociales”.
Pacific, que abandonó el campo conocido como Rubiales en julio pasado por cuenta del término de su contrato de explotación con Ecopetrol, rechazó los cuestionamientos incluidos en el informe. En una comunicación dirigida a SOMO e Indepaz, la multinacional valoró la cooperación del Ejército y dijo que “la presencia militar cerca a los lugares de operación ha servido para garantizar que no se cometan atropellos a la infraestructura, instalaciones o personal de la empresa y ha servido para disuadir a grupos al margen de la ley de atentar contra las comunidades”.
Aun así, ambas entidades sugirieron que, de concretarse la paz con las Farc y con el ELN, el Gobierno debería poner en marcha políticas de seguridad ciudadana que excluyan la relación directa entre grandes empresas y batallones, con el fin de desmilitarizar los territorios. En esa línea, le pidieron al Ministerio de Defensa “formular alternativas de seguridad civil para la industria extractiva en el nuevo periodo de transición”, así como “evaluar el impacto en los derechos humanos de la población que ha tenido el modelo de seguridad militar en el área de operaciones e influencia de Pacific”, que cuenta con 40 bloques de exploración y producción de petróleo en el país.
