Tras el reconocimiento de responsabilidad que realizaron las Farc, las víctimas pidieron ser reparadas y escuchadas nuevamente en La Habana.
Este lunes, un día después de que una delegación de las Farc se desplazara al Chocó para admitir su responsabilidad en la masacre de Bojayá, cometida en mayo de 2002, tres representantes del Comité por los Derechos de las Víctimas llegaron a Bogotá para hacer público un balance sobre esa jornada. Además de reconocer que “este evento dio continuidad y cumplimiento a los compromisos asumidos por las Farc el pasado 18 de diciembre en La Habana”, el Comité le presentó al Gobierno 12 solicitudes de reparación.
Según las víctimas, estas peticiones fueron hechas hace cinco años, en el informe “Bojayá la guerra sin límites” (Grupo de Memoria Histórica), y todavía no existen “respuestas concretas y eficaces”. Sin embargo, propusieron crear una comisión de alto nivel, presidida por el Ministerio del Interior, que acelere el cumplimiento de esas medidas. También se mostraron satisfechas con el anuncio del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien se comprometió a convocar a distintas instituciones para diseñar una ruta de reparación.
Estas son las 12 peticiones:
1. “Que se garantice la tranquilidad y la autonomía a la que tienen derecho las comunidades afro e indígenas, la cual ha sido manifestada desde 1999 en su Declaración por la Vida y la Paz”.
En ese documento, los pobladores de Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, denunciaron que en sus territorios se estaban cometiendo asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, secuestros, intimidaciones, violencia sexual, amenazas, señalamientos, torturas; robos de motores, botes, víveres y combustibles, y restricciones a la movilidad y al transporte de alimentos, medicinas y combustibles.
Por eso, le pidieron a la guerrilla y a los paramilitares que les respetaran la vida, no los involucraran en el conflicto y no los señalaran de pertenecer al bando contrario. A cambio, se comprometieron a no participar en la guerra.
Hoy, la vigencia de la declaración es indiscutible, toda vez que en la región hacen presencia bandas criminales y unidades del Eln.
2. “Se identifiquen los restos de las víctimas acaecidas entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2002, su entrega individualizada a cada familiar y la construcción de un panteón propio para su digna sepultura, al tiempo que sea una expresión de la construcción de memoria”.
Según las víctimas, la magnitud de la tragedia ha impedido identificar a todos los muertos de la masacre de Bojayá. Delis Palacios, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas, explica que “lo que queremos que se haga un proceso de revisión de los cuerpos. Creemos que son más de 79 y que el proceso de identificación y de reconocimiento no ha culminado. Como la mayoría de personas quedaron despedazadas, vale la pena revisar las fosas comunes y los restos que se enterraron”.
En opinión de Leyner Palacios, integrante del Comité, “esta situación no deja estar tranquila a nuestra gente y le impide entrar de lleno en un proceso de reconciliación”.
3. “Se brinde atención médica idónea e inmediata para los 110 lesionados sobrevivientes del 2 de mayo de 2002 y demás garantías que correspondan a su rehabilitación”.
Leyner Palacios asegura que “todavía tenemos personas con cicatrices y hendiduras, que todos los días se quejan de dolor y que no están siendo atendidas”.
4. “Se establezca en el antiguo poblado de Bellavista, donde aún permanecen la capilla y las casas misioneras, un centro regional de memoria de las víctimas, para que sea un escenario de reflexión, formación y divulgación sobre los hechos”.
Durante los combates entre las Farc y los paramilitares ocurridos en mayo de 2002, cuyo fatal desenlace fue la masacre de Bojayá, los pobladores se refugiaron en la capilla y en la casa de las Misioneras Agustinas. Por eso, las víctimas piden que el centro de memoria esté ubicado dentro de ese circuito. También se refirieron a la posibilidad de sembrar 79 árboles en memoria de los muertos.
5. “Se ponga en marcha un proyecto de educación superior en Bojayá, con el concurso de las universidades de esta región en alianza con otras instituciones que se consideren necesarias”.
Ello, porque en el departamento del Chocó, en todos los municipios distintos a Quibdó (la capital), la cobertura en educación superior es del 1,58%. En 2014, el Ministerio de Educación encontró que 41.306 chocoanos de entre 17 y 21 años, que representan más del 98% de la población del departamento en ese rango de edad, se encontraban por fuera del sistema educativo.
6. “Se habilite un fondo de becas de educación superior para las víctimas”.
7. “Se reconozca al pueblo de Vigía (del Fuerte) como víctima de los mismos hechos, abriendo con ellos los procedimientos de concertación necesarios para garantizar sus derechos”.
Desde el 21 hasta el 30 de abril de 2002, paramilitares del bloque Élmer Cárdenas se asentaron en Vigía del Fuerte y desde allí partieron hacia Bellavista. El mismo día que los ‘paras’ abandonaron el municipio, las Farc ocuparon el casco urbano y dirigieron desde ese punto los combates que se desarrollaron en Bojayá. Por eso, las víctimas de la masacre le piden al Gobierno que repare a la población de Vigía, que, además, acogió y protegió a los sobrevivientes.
8. “Se conozca la verdad sobre una serie de asesinatos que aún permanecen en la impunidad, y que se han registrado en un listado que se entregará posteriormente”.
Para las víctimas de Bojayá es necesario saber quiénes, cómo y por qué asesinaron a cientos de personas en el Chocó, cuyos cuerpos fueron arrojados al río Atrato. Según Delis Palacios, “lo que queremos es que se le pueda decir a la gente realmente qué pasó y se le pueda contar al país que hubo todo ese poco de muertos”. En su opinión, la Comisión de la Verdad que pactaron el Gobierno y las Farc en Cuba será un escenario ideal para que la guerrilla, el Ejército y los paramilitares den cuenta de la magnitud de esos crímenes.
En cuanto a la identidad de los muertos y los desaparecidos, las víctimas señalan que la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó cuenta con información valiosa al respecto, aunque insisten en la necesidad de que el Estado recopile y publique los datos de manera oficial.
9. “Que el reconocimiento de responsabilidades no se quede sólo en este acto público(…). Este acto debe significar el asumir la justicia transicional como una de las garantías que nuestros pueblos necesitan y que todos los hechos cometidos en nuestros territorios desde 1980 hasta el 5 de diciembre de 2015 no se van a repetir jamás”.
10. “Que el Gobierno y las Farc sigan dialogando y acordando lo referente al cese de hostilidades, que debe estar dirigido en favor de la población civil”.
11. “Discusiones sobre la tierra, sobre la reparación a víctimas y sobre reinserción, jamás pueden tomarse sin nuestra participación porque durante 533 años hemos sido víctimas de la mirada extractivista de nuestro territorio”.
Las víctimas aseguran que todas las decisiones que tomen el Gobierno y las Farc, y que afecten los territorios afro e indígenas, no podrán ponerse en marcha sin su consentimiento previo, pleno e informado, y “no podrán ser aceptadas”. Asimismo, sostienen que el “ejercicio de paz territorial es la mejor forma de resistencia civil que tienen las organizaciones de la región”.
12. “Que las Farc y el Gobierno se sienten en la mesa La Habana con una delegación indígena y con el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, para que escuchen las voces de estos pueblos que saben de paz duradera con justicia y con inclusión”.
Según el Comité, ambas delegaciones ya conocen esta solicitud y están preparando una respuesta.
