El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que el reclutamiento, la violencia sexual y el crecimiento de combos y pandillas amenaza las ciudades.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha sido un actor clave durante el desarrollo de los diálogos entre el Gobierno y las Farc. De manera neutral, ha apoyado operaciones logísticas y ha sido protagonista de procesos de desminado y búsqueda de desaparecidos. También, durante su operación en Colombia, analiza las condiciones de violencia del país y asiste a la población civil que considera en riesgo.
Sobre la base de su trabajo en 2015, el CICR lanzó en marzo un informe en el que destaca los retos humanitarios más importantes que tiene el país para 2016. El documento se divide en cuatro ejes: búsqueda de desaparecidos, desminado, crisis en las cárceles y violencia por fuera del conflicto armado.
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La violencia urbana se duplicó, pero solo es una cuarta parte del total
El informe arranca con un dato desalentador: el CICR encontró que los entornos urbanos fueron escenario de 124 violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el doble de lo que había diagnosticado en 2014. La cifra representa una de cada cuatro violaciones encontradas a nivel nacional: las otras tres, se deduce, fueron en zonas rurales. En cuanto a cascos urbanos, la mayor cantidad de casos registrados por el CICR están en Tumaco, Medellín y Buenaventura.
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El CICR identificó que la mayoría de esa violencia no se encontraba asociada al conflicto armado. A medida que la guerra con las Farc se ha desescalado, producto de los diálogos en Cuba, han surgido nuevas dinámicas en los territorios. El informe habla de una “nueva geografía de la violencia”, asociada a pandillas, combos y bandas criminales.
Muchas de las acciones de esos nuevos actores, que no hacen parte estricta del conflicto, están vinculadas al control territorial en zonas urbanas. Ese afán de control, dice el informe, se traduce muchas veces en toques de queda o en fronteras invisibles que trazan las pandillas, impidiendo que la población civil transite por donde quiere. A veces, explican, no solo les evitan ir por donde quieren sino por donde necesitan: las fronteras y los toques de queda evitan desplazamientos hacia hospitales o escuelas. Cortan lo básico.
“Solo por un momento imagine que usted no puede entrar en su propia casa, que estar ahí podría causarle amenazas o, en el peor de los casos, ser víctima de violencia física”, dice el CICR, y explica que ha sido un reto importante para ellos tratar de mantener un diálogo con los grupos que delinquen, para que respeten cuando menos las normas humanitarias. El reto es mayor, dicen, cuando los límites en el acceso a alguna población les impide llevar ayuda humanitaria, que en muchos casos es indispensable.
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Otra de las amenazas que el informe identifica como prioridad es la violencia sexual y las desapariciones. Los picos más altos de esas violaciones a los derechos humanos los encontraron en la Costa Pacífica. Entre otros casos, el CICR detalla el de Débora, que fue víctima de violencia sexual y tuvo que desplazarse de Buenaventura. “He conocido historias horribles de mujeres que las violan en lanchas y luego las tiran al mar […] una señora que había sido abusada tantas veces que quedó sorda del trauma. Dígame usted, ¿cómo hago para saber todo eso y dormir tranquila?”, dice el testimonio de Débora.
La conclusión del CICR es que, además de enfocarse en la firma del acuerdo con las Farc, el Gobierno no puede desatender necesidades que han ido creciendo en los últimos años. “Más allá de una eventual firma de paz para cerrar el conflicto, este problema se vislumbra como un reto a largo plazo”, dice, y agrega que uno de los dramas que requieren atención urgente es el de los menores que son reclutados por grupos ilegales, ya sea para actuar como informantes o como carne de cañón en enfrentamientos.
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La ayuda humanitaria que llegó
El CICR también entregó los datos de la ayuda humanitaria que pudo llevar a las poblaciones donde identificó más problemas. En Buenaventura, por ejemplo, estaba el 10% de las 4.200 personas que durante 2015 recibieron apoyo y capacitaciones para conseguir empleo en 13 municipios afectados.
Además de Buenaventura, Tumaco y Medellín, el documento revela que encontró grandes líos por violencia en Briceño, Yarumal y El Bagre, en Antioquia; en Barbacoas, Nariño; en Puerto Guzmán y Puerto Asís, en Putumayo, y en San Vicente del Caguán, en Caquetá.
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Foto: CICR
En seis de esos cascos urbanos el CICR ayudó a 330 víctimas de la guerra a que mejoraran su productividad, a partir de un programa de economía que se dictaba en asociación con el SENA. El informe reseña casos de éxito en el marco de esos programas: víctimas que encontraron con todas las condiciones adversas y lograron salir adelante con pequeños negocios, que ahora dan empleo y ejemplo a otras personas en sus comunidades.
Entre otras cifras, el documento dice que durante el año pasado lograron que casi 4 mil habitantes de Tumaco tuvieran acceso a agua, después de que los apoyaran con sistemas de recolección de lluvia y otros tipos de infraestructura. Además, en Buenaventura, el CICR construyó 500 bóvedas nuevas en el cementerio para que, frente al drama que encontraron por culpa de la desaparición forzada, se puedan enterrar dignamente los restos de personas no identificadas.
