Una investigación recién lanzada por el Cinep demuestra que lejos de disminuir, la violencia viene en ascenso. Los datos prenden las alarmas, pues recuerdan los peores años de la violencia.
¿Qué está pasando en el Catatumbo? es la pregunta que se hace el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) para abordar una realidad de violencia en esta zona que es, cuando menos, preocupante. Al nororiente del país, en el departamento de Norte de Santander y cercana a Venezuela, esta es una de las regiones a las que la paz nunca ha llegado. En lo que va corrido de 2018, han sido asesinados 10 líderes sociales en sus tierras.
Los hallazgos del Cinep se encuentran en un texto, recién lanzado, que describe al Catatumbo como una zona donde el conflicto continúa, y donde hay “una dinámica de intensificación y escalamiento, ante la presencia histórica de los grupos insurgentes, paramilitares y la militarización del territorio”. El título del documento, casi a manera de conclusión, es: Catatumbo, muestra imperativa de la necesidad del diálogo y la paz en Colombia.
Estamos hablando, de acuerdo con la investigación del Cinep, de una fuerte presencia de grupos armados, intereses económicos en rentas ilegales y vulneración a los derechos de la vida, libertad e integridad en el marco de una violencia política. De acuerdo con la investigación, esta viene de parte de grupos ilegales, pero también de agentes de la Fuerza Pública.
Panorama desalentador
La violencia que describe el Cinep se enmarca en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Abrego, El Carmen, Convención, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto Sardinata, Teorama y Tibú, que conforman el Catatumbo. Se describe la situación como una crisis humanitaria asociada al conflicto armado.
En el primer semestre de 2018, de acuerdo con el texto, se registraron a nivel nacional por lo menos 439 victimizaciones. Los mayores culpables fueron los grupos paramilitares, que participaron en 233. Luego está la Policía Nacional, que partició en 164, y después el Ejército, que tuvo responsabilidad en 53. Por último está el CTI de la Fiscalía, con 10. Solo en el Catatumbo hubo 91 victimizaciones entre homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, atentados, lesiones, desapariciones y reclutamiento, entre otros casos. P
Es preocupante que con las 91 victimizaciones en el Catatumbo en el primer semestre de 2018 ya se alcanzó el total que hubo en 2017. A esta cifra solo la supera el año 2012, en el que se presentaron 131 casos.
Referente a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (de comunidades indígenas y grupos autóctonos), hubo 238 casos en este mismo periodo. Sus perpetradores fueron las guerrillas (disidencias de las Farc y grupos no identificados) con 76 victimizaciones, el EPL con 38 y el ELN con 37. Luego estuvieron combatientes no identificados con 32 casos y grupos paramilitares con 19.
El método de victimización que más se usó a nivel país fue la amenaza (202 casos), cometidas sobre todo por los paramilitares. Luego estuvo la detención arbitraria (90 casos), cometidas en mayor medida por agentes de la Policía Nacional, y en tercer lugar estuvieron las ejecuciones extrajudiciales (69 casos). El Cinep las describe como “particularmente graves” y enuncia que sus responsables son los grupos paramilitares y miembros de la Policía y el Ejército. El departamento del Norte de Santander comparte con el Valle del Cauca, Cauca y Nariño la lista de los departamentos con más índices de violencia y violación a los Derechos Humanos.
Es de destacar que de la totalidad de victimizaciones que se registran desde 2010 hasta el momento en el Catatumbo, los mayores perpetradores han sido los grupos guerrilleros, a pesar del desarme de las Farc. Han sido responsables del 51 por ciento de los casos en estos ocho años, y son el ELN, el EPL, las Farc, sus disidencias y otros grupos no identificados. Los demás culpables han sido la Fuerza Pública (el 28 por ciento de los casos) y en menor medida otros grupos paramilitares e ilegales.
Sobre la presencia de los grupos guerrilleros, el documento describe que tras la desmovilización de las Farc hubo un gran incremento de la fuerza del ELN y el EPL. Estos grupos se “adueñaron” del territorio y han sido responsables de secuestros, victimizaciones y homicidios, además de combates, ametrallamientos y ataques a objetivo militares.
Cúcuta está amenazada
El informe del Cinep también se concentra en Cúcuta, ciudad está bajo “violencia y terror paramilitar”. En el primer semestre de 2018 se registraron 32 casos de violencia por razones políticas. 20 casos corresponden a homicidios, y los demás se reparten entre amenazas lesiones y torturas. Los presuntos responsables del 91 por ciento de estos casos (29 casos) fueron grupos paramilitares.
El foco de esta violencia se ubica en Villa del Rosario, un municipio que hace parte del área metropolitana de Cúcuta y que se encuentra cerca a la frontera con Venezuela. Allí ocurrieron el 80 por ciento de los casos de victimización, es decir 25 casos.
Si tomamos en cuenta el periodo entre 2010 y 2018, en Cúcuta han sido 382 los homicidios, 81 lesiones, 78 amenazas y 45 casos de tortura, entre otras victimizaciones. En total las violaciones a los Derechos Humanos en este periodo que se han hecho en Cúcuta han dejado por lo menos 590 víctimas. Los grupos paramilitares han sido resposables de al menos 292 homicidios, 48 amenazas, 41 casos de tortura y 18 de desaparición forzada.
A manera de conclusión, el Cinep habla de una evidente situación de amenaza constante que vive la población de Norte de Santander por los grupos responsables de violencia en esta zona. También hace énfasis en la necesidad de continuar en una búsqueda de una salida negociada al conflicto armado con el ELN, así como a persistir en el apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc. El centro también le pide al Estado avances en políticas que frenen la irrupción de grupos armados ilegales, que son los principales causantes de violaciones a los Derechos Humanos en el territorio.
