Esta semana se llevó a cabo una audiencia convocada por la JEP, en la cual se conoció una investigación sobre las desapariciones en la comuna 13 que habría no sido usada ni publicada por la Alcaldía de Medellín.
Orión fue la última de las operaciones militares que se llevaron a cabo a lo largo del año 2002 en la comuna 13 de Medellín. Su objetivo era expulsar del lugar a las milicias guerrilleras y retomar el control por parte de las autoridades. Según declaraciones de ex jefes paramilitares como alias Don Berna y testigos (víctimas y victimarios), durante dichas operaciones se desaparecieron más de 200 personas y, al parecer, se ocultaron sus cuerpos en las inmediaciones de la comuna 13: La Arenera y La Escombrera.
En los procesos de Justicia y Paz se le ordenó a la Fiscalía la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos por los paramilitares en esas zonas. La Fiscalía estableció tres zonas (ubicadas en la Escombrera y la Arenera), denominadas polígonos, en donde haría excavaciones. En el polígono 1, excavado en el 2015, solo se encontraron prendas de vestir y documentos de las víctimas. En el polígono 2 y 3 la Alcaldía de Medellín, junto con la Fiscalía, aseguraron tener la intención de iniciar búsquedas pero estas finalmente nunca se hicieron.
A raíz de estos resultado desfavorables, siete familiares de los desaparecidos en la comuna 13 y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hicieron una petición a la JEP para que el tribunal solicite medidas cautelares para 16 zonas del país donde se buscan restos de los desaparecidos. Entre esas zonas, se pide el cierre de la Arenera y la Escombrera en la comuna 13. Aseguran que llevan más de 10 años tocando puertas en todas las entidades pero no han obtenido respuesta. Las medidas solicitadas son para evitar que las actividades comerciales en las zonas (extracción de arena y depósito de desechos de construcción) afecten o destruyan los restos de las víctimas desaparecidas.
La JEP acogió dicha solicitud y ordenó una audiencia pública para recopilar información y tomar una decisión. La audiencia se desarrolló el pasado martes y miércoles en Medellín. Uno de los principales resultados de la audiencia fue la recopilación y presentación por parte de las entidades del trabajo que se ha realizado para identificar y encontrar a los más de 200 desaparecidos de la Comuna 13.
En la audiencia se discutió sobre los procesos de búsqueda realizados por la Fiscalía, el trabajo de las entidades (Fiscalía, Gobernación y Alcaldía) para dar con las víctimas, los riesgos de que los restos se destruyan en dichas zonas y la posibilidad de iniciar nuevas búsquedas. Sin embargo, debido a la escasa información entregada por la Fiscalía, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, no se dictaron medidas cautelares a corto plazo.
El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), una ONG que garantiza la protección de los derechos humanos, dio a conocer a los magistrados de la JEP una investigación contratada conjuntamente entre la Alcaldía y la Fiscalía, que al parecer no habría sido tenido en cuenta para la búsqueda realizada entre estas partes. Incluso, asegura la GIDH que no se les permitió conocer el informe completo, en donde habría información suficiente para adelantar una búsqueda integral.
La audiencia contó con la participación de los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo, María del Pilar Valencia, Raúl Sánchez, Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar. Igualmente, con las víctimasvictimas familiares de los desaparecidos, la subsecretaría de derechos humanos de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Personería, el equipo de investigadores de la Fiscalía, y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las víctimas de los victimas familiares llevaron ante los magistrados una maqueta de los lugares que piden sean clausurados para no afectar la búsqueda de sus familiares.
Cuestionamientos por el informe desconocido
María Fallón, abogada del GIDH, aseguró a que la investigación fue encargada en el 2010 por Metroseguridad, empresa industrial del Estado que se encarga de implementar desarrollos de seguridad para la Alcaldía de Medellín y que luego se convirtió en la Empresa de Seguridad Urbana (ESU). Dicha investigación se solicitó por esta empresa a la Universidad de Antioquia. Sin embargo, según denuncian, la investigación nunca habría sido publicada.
El informe fue titulado como Investigación Preliminar de la Desaparición Forzada en la Comuna 13 de Medellín y corresponde al contrato 20101762 suscrito entre la Fiscalía y la Alcaldía a través de la empresa mencionada. Según confirmó Revista Semana, la investigación habría sido de conocimiento de los programas de atención a víctimas de la Fiscalía y Alcaldía (de Alonszo Salazar); pero, al parecer no se tuvo en cuenta.
¿Qué dice el informe?
Según este informe entregado a los magistrados por abogados del GIDH, habría información recopilada de los lugares 9 de operación de los paramilitares durante del 1996 y 2003, años que corresponden a las operaciones en la comuna 13. Gustavo Salazar, magistrado de la JEP que dirigió la audiencia, solícito a la Alcaldía en un plazo de 10 días entregar la información completa sobre este informe.
En el informe , también se encuentra información sobre lugares de tortura, lugares de operación e incluso de inhumación de los desaparecidos durante la Operación Orión. Información que investigadores de la Fiscalía alegaron no tener. Adicionalmente, hay datos sobre el universo de víctimas que corresponderían a los crímenes de desaparición forzada denunciados. Por parte de la Alcaldía y Fiscalía parece haber una descoordinación con respecto a estos datos. El informe asegura que: “al año del 2002 corresponden el 43% de las desapariciones totales, y al 2003 el 21,6%” Eso significa que entre el 2002 y 2003 se cometieron el 64% de las desapariciones. Años que coinciden con operaciones como la denominada Orión.
También dice lo siguiente : “Los grupos paramilitares inician la desaparición de personas en la Comuna 13 de manera esporádica y desestructurada entre 1996 y 1998(…) los habitantes de la comuna, en especial los de los barrios 20 de Julio y el Salado, lo perciben como fenómeno social a partir de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre del año 2002, sólo unos días después de la Operación Orión”. Eso podría significar que, como afirma el informe, por lo menos la mitad de las desapariciones se cometieron durante y después de la operación Orión. Lo que daría pistas exactas sobre el universo de víctimas que hay.
En el documento también encontramos testimonios de víctimasvictimas que cuentan cómo los paramilitares sacaban a los desaparecidos de las casas en las “narices de los policías”. Igualmente, se puede leer el terrible testimonio de una víctima sobreviviente que cuenta cómo era la tortura: “en son de recocha contaban [entre paramilitares] cómo los mataban, un día uno le sacó el corazón a alguien y se lo comió… a un señor le pusieron una olla en la cabeza y lo obligaban a bailar reggaetón, bailaba sobre un baile lleno de agua donde tenía metidos los pies, pero eso lo hicieron a escondidas porque no los podían tocar hasta que el comandante no diera la orden”.
Lo que reclaman las víctimas y organizaciones
Las víctimas y los representantes de las organizaciones alegan que la ineficiencia en las labores de búsqueda por parte de la Fiscalía y Alcaldía , ha generado un perjuicio en los familiares de los desaparecidos. Dos mujeres víctimas, integrantes de parte la organización Mujeres Caminando por la Verdad, mostraron una serie de letreros en los cuales exponían todos los padecimientos que les ha causado la búsqueda de sus seres queridos, en estos se leía: “Desconfianza institucional, depresión y miedo, desesperanza, victimización, silenciamiento” entre otros.
También , llevaron una maqueta en la cual ubican los puntos sobre los cuales deben ser tomadas las medidas cautelares. “La maqueta es un trabajo simbólico para decirles a la JEP que detengan las actividades en La Arenera y La Escombrera”, le dijo a ¡Pacifista! Margarita Restrepo , una madre que busca a su hija desaparecida hace 17 años.
Las distintas organizaciones que participaron de la audiencia reclamaron ante la subsecretaria de derechos humanos de la Alcaldía de Medellín, distintos puntos que, según dicen, han estado reclamando por casi seis 6 años, y de los cuales no han tenido respuesta clara. La más persistente se refiere al hecho de que la Alcaldía no ha tenido voluntad política para frenar las actividades económicas en la Arenera y la Escombrera. Si bien la Alcaldía ha respondido que solo pueden hacerlo con una orden judicial, debido a que los terrenos son de la empresa extractora de arena El Cóndor S.A, las víctimas reclaman que es la Alcaldía quien hace control de las licencias y los permisos para las actividades de dichas empresas.
No obstante, Margarita también nos comentó que esta audiencia ordenada le daba mucha esperanza: “Estamos muy esperanzadas y confiamos profundamente en la JEP porque han sido muy duros para reclamar por el cuidado de las zonas de búsqueda”. Igualmente aseguró: “Siempre hemos tenido miedo, pero lo hemos superado, porque estamos decididas por la búsqueda de nuestros seres amados”.
En el mismo sentido, las víctimas y organizaciones como Équitas, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación forense independiente, reclaman que la Fiscalía no ha hecho un profundo plan de búsqueda con los cuales puedan determinar con mayor exactitud qué lugares debían y deben ser objeto de excavación y búsqueda. Señalaron Aseguran que la Fiscalía se ha valido únicamente de las declaraciones hechas por ex paramilitares sin ahondar más en otros datos y más información al respecto. “Se generan actuaciones que parecen desarticuladas y no responden a un único plan de búsqueda” aseguró su directora.
El ex magistrado del Tribunal de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla Cogollo, también intervino denunciando que hasta hoy se han depositado “el aproximado de un edificio de 25 pisos de escombros” sobre las zonas donde estarían los cuerpos inhumados. Dijo que, a pesar de que el Tribunal de Justicia y Paz ordenó a la Alcaldía tomar las medidas pertinentes para adelantar una investigación efectiva, la Alcaldía no ha hecho gran cosa desde aproximadamente hace 4 años. El exmagistrado finalizó diciendo: “No dudaría en decir que la Escombrera y la Arenera son el mayor cementerio de desaparición forzada en Colombia”.
¿Qué pasará ahora?
La magistratura de la JEP Justicia Especial ordenó en un plazo de 10 días a la Fiscalía elaborar un informe con el dato exacto de las víctimasvictimas desaparecidas, los planes de extinción de dominio y los planes de búsqueda que se han elaborado. Igualmente, la JEP ordenó a la Gobernación de Antioquia que debe entregarse en 10 días máximo un informe de fiscalización sobre los títulos mineros en la Escombrera y en un plazo no mayor a 30 días, elaborar un proyecto de memoria en el territorio de las víctimas de la comuna 13.
La magistratura podrá decidir sobre nuevos espacios o polígonos sobre los cuales proferir una orden de protección. Igualmente, como dijo el magistrado Salazar podrán exigirse nuevas excavaciones: “depende del riesgo, de los niveles de factibilidad y de razonabilidad. No vamos a determinar medidas no razonables, pero éstas estás no contemplan razones de tipo económico como que esto es muy caro”.
La decisión sobre el territorio de la comuna 13 y los otros 16 espacios que piden ser protegidos, entre los cuales se encuentra Hidroituango, se resolverán en un tiempo relativamente corto, según la recopilación de información.
Según las exploraciones hechas, hasta hoy se han delimitado 3 zonas que fueron denominadas polígonos de búsqueda. En las excavaciones pasadas en el polígono 1, no dieron ningún resultado. Su última intervención fue en el 2015. En el segundo polígono, desde hace cuatro años no se realiza ninguna intervención. Una de los familiares le contó a ¡Pacifista! que “la Alcaldía nos ha prometido desde el 2016 el seguimiento de la búsqueda en el polígono dos, pero hasta hoy no nos han cumplido”. Y por el tercer polígono, la Fiscalía solicitó durante esta audiencia poder realizar una excavación.
En el cierre, una de las familiares de Mujeres Caminando por la Verdad , le entregó a la magistrada Reinere Jaramillo un cuaderno con el nombre de todos los desaparecidos, y le pidió si podía darle un abrazo. Finalmente dijo: “Queremos representar la lucha y la resistencia que hay en nuestra búsqueda. Depositamos nuestra confianza la JEP”.
