El 10 de septiembre, los combatientes menores de 18 años abandonarían los campamentos guerrilleros.
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La Fiscalía calcula que las Farc reclutaron a 11.556 niños entre 1979 y 2014. Foto: Infobae.com
Desde mediados de 2015, las Farc han anunciado tres veces que entregarán a los menores combatientes que están en su poder. El último anuncio se conoció este viernes en un comunicado conjunto de la mesa de conversaciones, en el que el Gobierno y esa guerrilla aseguran que el próximo 10 de septiembre “iniciará el proceso de salida de campamentos de las Farc de los menores de edad”.
Los niños y jóvenes serían recibidos, de acuerdo con el comunicado, por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que los trasladará “a los centros de acogida temporal en los que residirán hasta que las instituciones competentes decidan los lugares en los que se procederá a realizar el proceso de reincorporación e inclusión social”.
La ruta está consignada en un comunicado conjunto dado a conocer el pasado 15 de mayo. En él se aseguraba que las partes habían llegado a un acuerdo sobre la salida de menores de 15 años y a un compromiso para diseñar un procedimiento que permitiera desvincular al resto de menores. Pero la decisión no se concretó porque, según el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, la guerrilla no estaba de acuerdo con que los niños se sometieran a los mecanismos de reincorporación contemplados en las normas vigentes, que incluyen su entrega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El pasado 29 de agosto, ante el debate que generó la noticia de que los menores no habían abandonado los campamentos, las Farc declararon que la decisión se aplazó porque el Gobierno pretendía “utilizar la información producida en el marco de este acuerdo para fines judiciales en contra de familiares y organizaciones sociales comprometidos en esta acción humanitaria”.
Aun así, la ruta establecida en mayo es la misma que se activará en las próximas semanas. Las medidas incluyen reintegración familiar y comunitaria, atención en salud; educación básica, media, técnica y tecnológica; inclusión de las familias de los menores en proyectos productivos y de vivienda digna, y participación activa de las comunidades en los programas de reincorporación.
El acuerdo también ratificó que, tal como está contemplado en la ley, los menores de 14 años no podrán enfrentar procesos judiciales. Respecto a los mayores de 14 y menores de 18, se pactó que serán objeto de amnistía e indulto o sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo a la gravedad de los delitos que hayan cometido. En todo caso, se dejó constancia de que “cualquier actuación ante las autoridades judiciales se realizará por intermedio de abogados de confianza y evitando la intervención directa de los menores de edad”.
Con el fin de concretar esas medidas, el Gobierno y las Farc anunciaron a mediados de mayo que ya estaba lista la mesa técnica que elaboraría el protocolo para la desvinculación de menores de 15 años y el programa integral para el resto de jóvenes. La mesa, de acuerdo con lo pactado, debía estar integrada por la Defensoría del Pueblo, la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unicef y tres organizaciones sociales.
En ese entonces, las partes invitaron a la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, al Centro Carter y a la ONG Llamamiento de Ginebra a participar del proceso en calidad de veedores y acompañantes.
El primero de los anuncios ocurrió en 2015, cuando las Farc declararon que liberarían a 13 menores de 15 años que estaban en su poder. Sin embargo, en diciembre de ese año, la Defensoría del Pueblo declaró que la guerrilla no había cumplido su compromiso y que, al contrario, continuaba reclutando.
En varias ocasiones, las Farc han insistido en que los niños que están en sus campamentos lo hacen en calidad de refugiados, debido a que en sus familias o comunidades se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, la participación de menores de 15 años en conflictos armados está prohibida por el Derecho Internacional Humanitario y la Corte Penal Internacional la considera un crimen de guerra.
