Entrevistamos a Andrew Songa, activista de DD.HH. de Kenia, para conocer las dificultades que ha sorteado su país.
Por María Flórez
Más de mil personas asesinadas y 600 mil desplazadas fue el doloroso saldo que dejó en Kenia el periodo conocido como La Violencia Poselectoral. En diciembre de 2007, tras los comicios presidenciales, el país se sumió en una confrontación fraticida entre los partidarios del reelecto presidente Mwai Kibaki y el opositor Raila Odinga, quien aseguró que la Comisión Electoral le había robado las elecciones. Entonces, hubo incendios, masacres, persecuciones, linchamientos y violencia sexual y de género, en una confrontación que estuvo alimentada por las tensiones étnicas.
La violencia culminó en febrero de 2008, cuando ambos líderes políticos formaron una coalición de gobierno. Sin embargo, los efectos sobre la población ya eran devastadores y el desplazamiento interno se había convertido en un drama humanitario. De ahí que se pusieran en marcha distintas medidas de rehabilitación y estabilización, que incluyeron asistencia inmediata para los desplazados, reconstrucción del campo y reubicación de las comunidades. Asimismo, se crearon la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación, y la Comisión de Investigación sobre la Violencia Poselectoral, cuya labor era esclarecer las causas de la violencia e identificar a sus máximos responsables.
No obstante, las comisiones enfrentaron múltiples dificultades para operar y la sociedad civil denunció una falta de voluntad política para poner en marcha sus recomendaciones, que incluyeron la creación de un tribunal especial y la ejecución de un programa de reparación para las víctimas. Hablamos con Andrew Songa, encargado del programa de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, una de las principales ONG de ese país, para conocer la manera como los kenianos han sorteado esas dificultades.
En los últimos días, Songa estuvo en Colombia, invitado por Dejusticia, para compartir su experiencia en materia de justicia transicional.
¿Qué papel jugó en su país la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación?
Uno de los grandes logros de esta comisión es que consiguió ir más allá de La Violencia Poselectoral. Se decidió que ahondaría en las injusticias históricas, las tensiones y las venganzas que ha experimentado el país desde su independencia (1963) hasta febrero de 2008. Gracias a esa labor, empezamos a comprender realmente cuál era nuestro universo de víctimas.
Supimos, por ejemplo, de las masacres y las operaciones de seguridad en la frontera con Somalia, donde hubo un movimiento de secesión que el Ejército reprimió fuertemente. Otro de los asuntos que trató la Comisión fue el de las injusticias históricas respecto de la tenencia de la tierra, debido a que algunas comunidades étnicas fueron desplazadas por los colonos británicos y a que, después de la independencia, el gobierno no cumplió su promesa de devolver esos terrenos.
Usando esa información, la Comisión diseñó un programa de reparación que buscó subsanar las injusticias que históricamente han aquejado al país.
¿En qué consistió ese programa?
La Comisión clasificó a las víctimas en tres categorías, según una serie de prioridades. En la primera, ubicó a los familiares de las víctimas de atentados contra la vida que hacían parte de la capa poblacional más vulnerable. Para ellos, propuso medidas de rehabilitación, la entrega de una pensión durante los próximos 20 años, y asistencia médica y psicológica. En la segunda categoría se incluyeron a las víctimas de los mismos crímenes, pero que se encontraban en menor estado de vulnerabilidad, y se contempló una indemnización más baja. La última, incluyó a las víctimas de violaciones consideradas de menor gravedad y les adjudicó medidas de reparación colectiva y de restitución de tierras.
¿Cuáles han sido las principales dificultades para reparar a las víctimas de La Violencia Poselectoral?
El informe de la Comisión se entregó en 2013 y el objetivo era que el parlamento creara el marco legal necesario para reparar a las víctimas. Sin embargo, el gobierno no quiso acoger sus recomendaciones, debido a la controversia suscitada por el juzgamiento de los máximos responsables, punto sobre el cual se pidió la creación de un tribunal híbrido que sería el soporte de la justicia transicional.
En ese caso, el problema principal fue que la Comisión de Investigación sobre la Violencia Poselectoral identificó como responsables a muchos de los funcionarios del alto gobierno, lo que generó un gran malestar político y una férrea oposición a la creación de ese organismo judicial.
Debido a esa circunstancia, la Corte Penal Internacional intervino e inició investigaciones en 2009 contra el entonces presidente, ante lo cual el primer mandatario decidió no respaldar políticamente la reparación de las víctimas y se frenaron las discusiones sobre ese tema. Más tarde, el fiscal que llevaba el caso ante la Corte decidió cerrarlo, porque el Estado de Kenia no cooperó con la investigación y hubo muchas interferencias de tipo político que buscaban que ese juicio no pudiera efectuarse. Ese hecho, sumado al cambio de presidente, permitió que se replanteara la posición gubernamental respecto al tema de víctimas.
- Según Songa, la justicia no sólo incluye el juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino la puesta en marcha de reformas políticas que resuelvan los problemas sociales.
En ese escenario, ¿cómo pueden las víctimas presionar la puesta en marcha de las medidas de reparación?
En Kenia, el proceso de las víctimas es político y el principal reto ha sido fortalecer su organización a nivel nacional, sobre todo teniendo en cuenta que los políticos han acusado a la sociedad civil de no representarlas y de defender intereses internacionales, por cuenta de la intervención de la Corte Penal Internacional. Además de empoderarnos para presionar la agenda de las reparaciones, las organizaciones de derechos humanos hemos acudido a los políticos progresistas para que entiendan la importancia de este asunto y no permitan que estos crímenes queden en el olvido. Por eso, promovimos una especie de comisión accidental en el parlamento que trata de presionar la creación de una legislación que permita poner en marcha la política de reparación.
¿Cree que es posible hablar de justicia transicional en Kenia cuando no se han realizado procesos de juzgamiento?
Es necesario destacar que, además de las violaciones a los derechos humanos, la Comisión de la Verdad abordó temas como la marginalización económica, el despojo de tierras, la corrupción y los crímenes económicos. En el punto sobre tierras, que es un enorme asunto por resolver, se recibieron más de 40 mil declaraciones. Además, se contemplaron una serie de reformas institucionales, cuya prioridad eran las reformas constitucionales que permitieran resolver asuntos como el de la tenencia de la tierra. En el tema criminal, se buscaba poner a funcionar el tribunal, aunque ello no fue posible porque, incluso, el nombre del actual Ministro del Interior resultó comprometido en La Violencia Poselectoral.
Entonces, la principal dificultad ha sido crear un modelo de justicia transicional en un escenario en el que no ha habido transición política, porque el poder sigue estando en las mismas manos. Eso ha frenado la ejecución de distintas iniciativas y lo que ha planteado el gobierno es que la sociedad debe concentrarse en la reconciliación, olvidar las violaciones a los derechos humanos, perdonar a su gobierno y a todos los anteriores, y poner el foco en la justicia restaurativa.
¿Cuál ha sido la posición de las víctimas respecto a la falta de justicia?
Nosotros tenemos una historia de exclusiones y de confrontaciones étnicas, y las discusiones que sobrevinieron a La Violencia Poselectoral constituyeron una oportunidad para reflexionar sobre cómo podíamos impedir que esto continuara pasando. Considero que en el punto de la no repetición es donde el elemento de justicia se convierte en algo crítico. Sin embargo, las transformaciones políticas y económicas también son necesarias.
Ahora, después del cierre de las investigaciones en la Corte Penal Internacional, las prioridades cambiaron. Hubo una desilusión de las víctimas sobre ese tema y la atención se volcó sobre las reformas y la restitución de tierras. De ahí que la justicia no se restrinja a lo penal, sino que deba pensarse en términos más amplios. Esa es nuestra apuesta.
