Más de 800 afectados por los crímenes de las Autodefensas recibieron indemnizaciones inferiores a las que les había otorgado el Tribunal de Bogotá.
Decepcionadas, por decir lo menos, quedaron las 826 víctimas de los paramilitares en el Atlántico a las que el Estado acaba de reparar por cerca de 170 crímenes, en su mayoría homicidios y desplazamientos forzados. La inconformidad está relacionada con el incumplimiento en el pago de la reparación que ordenó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá en su sentencia de 2011 contra Édgar Fierro Flores (alias “don Antonio”) y Andrés Torres León, dos desmovilizados del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En el fallo, el Tribunal ordenó desembolsos de entre 14 y $528 millones por víctima, y estipuló que algunas familias recibirían hasta $1.448 millones. Sin embargo, esas disposiciones no se cumplieron. Así lo demuestra una resolución que firmó en diciembre de 2015 la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, en la que orientó la última tanda de pagos. De acuerdo con ese documento, el total por beneficiario no supera los $26 millones, una cifra muy pequeña comparada con la que esperaban recibir las víctimas después de conocer la sentencia.
Según la resolución, la drástica reducción de las cifras se debe a que ni Fierro ni Torres entregaron bienes que sirvieran para reparar. La Ley de Víctimas contempla que, en esos casos, el Estado sólo está obligado a cancelar los topes que se entregan en las reparaciones por vía administrativa: 40 salarios mínimos por homicidio, desaparición y secuestro; 30 por tortura; 30 por delitos contra la integridad sexual; 30 por reclutamiento de menores; y 17 por desplazamiento forzado.
En opinión de Arturo Mojica, director de la Corporación Jurídica Libertad, “las víctimas acudieron al proceso de Justicia y Paz esperanzadas en obtener verdad, justicia y reparación. Ellas se sometieron a una serie de etapas judiciales y su reparación no debería ser la misma que se obtiene por vía administrativa”. Para Mojica, el hecho de que no se cumplan las órdenes del Tribunal desestimula a las víctimas a acudir a la justicia transicional.
Basta echarle un vistazo a algunos casos para comprender la magnitud del problema.
Según la sentencia, la señora Clara Elena Terraza debía ser compensada con $155 millones por el asesinato de su esposo, Agustín Aragón. Aragón era un líder comunal y representante de los desplazados de Curumaní (Cesar), acusado falsamente de ser guerrillero. En 2003, un paramilitar del bloque Norte lo asesinó en Malambo (Atlántico). Como los desmovilizados no aportaron bienes, en vez de $155 millones, Clara Terraza recibirá poco menos de 30.
En marzo de 2004, en Piojó (Atlántico), cinco paramilitares torturaron y asesinaron a los señores Frank Manotas y Edwin Navarro, en la finca La Loma de las Iguanas. Los dos eran señalados de colaborar con las Farc y la casa donde se encontraban fue marcada con grafitis que rezaban: “AUC presente, fuera guerrilleros sapos” y “AUC presente, muerte a sapos de guerrilla”. La esposa de Frank, Luz Marina Medina, debía ser indemnizada con $153 millones, por orden del Tribunal. En vez de eso, recibió $27 millones.
En 2004, Jaime David Ramos se cansó de que el bloque Norte lo extorsionara y por eso les disparó a dos de sus integrantes. De inmediato, desde la jefatura de esa organización se ordenó su muerte. El 12 de mayo de ese año fue decapitado y su cabeza fue dejada bajo un árbol. Por este hecho atroz, su esposa, Genoveva Fábregas, debía recibir $151 millones. Apenas le entregaron 30.
Anner de la Rosa Rangel estuvo preso en la cárcel de Valledupar, acusado de rebelde y de haber participado en el atentado con bomba que sufrió en 2002 el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en pleno centro de Barranquilla. En 2005, una vez en libertad, Rangel fue asesinado por un paramilitar en el barrio La Pradera de esa ciudad. Su esposa debía ser reparada con $149 millones, pero sólo obtuvo 30.
Lo mismo les ocurrió a las víctimas de desplazamiento forzado. Es el caso de Mercedes Echeverría Correa, auxiliar de enfermería y curtida sindicalista de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc). En marzo de 2004, Mercedes abandonó su casa del barrio El Concord, en Barranquilla, luego de que paramilitares la amenazaran de muerte. Ya por esa época habían sido asesinados Ricardo Orozco, Carlos Barrera y Luis Torres, otros sindicalistas de Anthoc en el Atlántico.
Por los daños sufridos y los dineros que dejó de recibir durante el desplazamiento, Mercedes, su esposo y dos de sus hijos debían ser reparados con un total de $69 millones, pero en vez de eso recibieron 41. Según ella, “he sido líder sindical durante los últimos 20 años, desplazada dos veces y ahora víctima del Estado, que nos está entregando unas cantidades inferiores a las esperadas y tratando de una forma ofensiva”.
Para reclamar el último pago que le correspondió, por $504.000, Mercedes tuvo que viajar a Bogotá. Dice que los tiquetes y el sostenimiento en la ciudad casi alcanzan el valor del desembolso. Angustiada, opina: “A nosotros nos trataron mal los paramilitares, que mataron a nuestros compañeros y desplazaron a nuestras familias. Pero creo que el Estado está actuando peor, porque es terrible cuando usted es maltratado, le prometen hacer cosas a su favor y luego lo vuelven a maltratar”.
El camino para las víctimas no es fácil. Los argumentos por los cuales la Unidad redujo las reparaciones están soportados en la Ley de Víctimas y en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, según el cual el Estado no puede asumir completamente los costos de las indemnizaciones. Para la Corte, “no tiene asidero que el Estado exima de responsabilidad civil a quienes han producido los daños y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En ese caso (…) la responsabilidad la estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de bien”.
Por ahora, todo apunta a que el alto tribunal no cambiará de parecer. A finales de 2015, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre una ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos que buscaba tumbar la aplicación de topes para las indemnizaciones cuando éstas se otorgaran por vía judicial.
Así, todo indica que la Ley de Víctimas y el posible ocultamiento de bienes por parte de los desmovilizados redujeron al papel las decisiones de las salas de Justicia y Paz. De las 35 sentencias que se han proferido hasta ahora, la única que se ha pagado respetando los montos asignados por los magistrados fue la que condenó a los excomandantes paramilitares Édwar Cobos Téllez y Úber Enrique Banquéz, responsables de la masacre de Mampuján.
