La liberación del subteniente Moscoso en el tablero de La Habana

Un integrante del Ejército lleva una semana en poder de las Farc. Sin importarles si es un secuestro o una retención legítima, sus familiares piden que se exija su liberación con la misma contundencia que se hizo en el caso del general Rubén Alzate.

En enero de 2014, durante una gira oficial por Europa, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que temía que las Farc atentaran contra un personaje público. Dijo que, de suceder algo así, se vería obligado a terminar el proceso de paz con las Farc.

“¿Qué me preocupa? Pues que cometan un acto de irracionalidad que vuelva imposible continuar. Un atentado a una figura importante, algo que haga realmente explotar en mil pedazos el proceso”, dijo el presidente en un foro organizado por el diario El País de España.

Lo más cercano a ese temor del presidente ocurrió en noviembre de ese mismo año, cuando en un episodio que todavía es confuso, integrantes del frente 34 de las Farc retuvieron en Chocó al general Rubén Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, a un soldado de la misma unidad y a una abogada civil que los acompañaba.

Una semana antes, el 9 de noviembre, dos soldados cayeron en manos de las Farc luego de un combate en el municipio de Tame, Arauca. Esa guerrilla confirmó horas más tarde que eran “prisioneros de guerra” y el Gobierno rechazó esa acción recordando el compromiso que asumió  esa guerrilla de no cometer más secuestros.

Las Farc, sin embargo, explicaron que su declaración de febrero de 2012, al inicio de los diálogos de paz, indicaba que se detendrían los secuestros extorsivos pero que, en el caso de los militares, se trata de capturas legítimas en el marco del conflicto.

Lo cierto es que más allá de las declaraciones públicas de rechazo, el caso de los dos soldados no pasó a mayores. Fue la retención del general Alzate lo que hizo tambalear el proceso. En la mañana del 17 de noviembre Santos suspendió los diálogos de paz y ordenó el regreso de la comisión negociadora que para ese momento permanecía en Cuba.

La guerrilla cuestionó esa determinación, aseguró que de esa forma el Gobierno incumplía el compromiso al que llegaron ambas partes en el sentido de que nada de lo que ocurriera en Colombia afectaría el desarrollo de las conversaciones de paz.

Los soldados de Arauca fueron liberados el 25 de noviembre, pero el proceso siguió suspendido. Solo la entrega del general Alzate y sus acompañantes, 14 días después de su retención, permitió reanudar los diálogos de paz que enfrentaron en ese momento uno de sus mayores momentos de crisis.

El subteniente Moscoso

Más allá del debate conceptual sobre si debe llamarse secuestro la retención de un militar por parte de la guerrilla, esos casos, y en particular los que involucran a hombres de alto rango, han generado un ambiente difícil para el desarrollo del proceso.

La situación más reciente tiene como protagonista al subteniente del Ejército Cristián Moscoso, quien el pasado lunes fue reportado como desaparecido luego de un combate que ocurrió después de que tropas del Ejército evitaran un derrame de crudo que planeaba un grupo de guerrilleros que detuvo una caravana de camiones cisterna.

El jueves, por medio de su informativo en internet, las Farc dieron a conocer un comunicado leído por alias “Joaquín Gómez”, integrante de la comisión negociadora, quien reconoció que el uniformado permanece en poder del frente 32 de esa guerrilla.

“Gómez” dijo que Moscoso resultó herido en los combates, pero que sus lesiones no comprometen su vida, y agregó que la guerrilla le ofrece la atención médica necesaria. “Le hacemos un llamado al Gobierno Nacional para detener los operativos de búsqueda, y así evitar un desenlace que ponga en riesgo la vida de dicho oficial; al tiempo que lo invitamos a poner en marcha los protocolos pertinentes para la pronta liberación del subteniente Moscoso”, expresó la guerrilla.

Como en los casos anteriores, el operativo de liberación no debería enfrentar mayores dificultades. Pero el antecedente de las decisiones que adoptó el Gobierno cuando fue retenido el general Rubén Alzate es un referente que no pasa desapercibido en esta oportunidad.

La diferencia evidente en las manifestaciones de rechazo, y en las medidas para presionar la liberación, ofrece  elementos a quienes afirman que existen militares de primera y de segunda categoría.

“Que le presten la misma atención que al general que secuestraron en el Chocó, porque él también es una persona que está sirviendo a la patria. Que no pase que solo publican la noticia y luego no vuelve a pasar nada”, dijo el miércoles Luz Mery Rivera, tía del uniformado, durante un plantón convocado por la familia para exigir su liberación.

Mientras avanzan los acercamientos y se ponen en marcha los protocolos para el regreso a la libertad de Moscoso, la oposición ha enfilado las críticas en contra de lo que, consideran, ha sido una actitud pasiva del Gobierno ante el caso.

Por una parte, el anuncio del cese unilateral de las Farc a partir del 20 de julio opacó  la información sobre la retención. Y, por la otra, algunos sectores encontraron la oportunidad de señalar la contradicción entre los compromisos y las acciones de las Farc.

Al margen del impacto mediático y de la razón o no de quienes critican la valoración que da el Gobierno a estos casos, es cierto que los secuestros y retenciones -legítimas o no en el marco del conflicto- se han convertido en una papa caliente para las Farc. La guerrilla está presionada para agilizar la liberación y así no minar la confianza en el proceso de paz y en sus gestos de buena voluntad de cara al proceso.

Al tiempo, y paradójicamente, estos episodios se convirtieron en un botín político para quienes cuestionan de forma sistemática los diálogos. El temor que señaló Santos hace un año y medio se limitaba a una “figura importante”, pero, con la ansiedad de agilizar las conversaciones y con el escepticismo que está rodeando el mismo proceso, son muchas las figuras que juegan en el tablero de la paz.