Según una de las más tenaces madres de Soacha, los 17 militares procesados por el homicidio de su hijo han impedido que el juicio siga su curso.
Dos años antes de que mataran a Diego, en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), se creó la Reserva Natural de las Aves Hormiguero de Torcoroma. Esa área protegida, de sólo 35 hectáreas, surgió para proteger el hábitat del Hormiguero Pico de Hacha, un pájaro que se redescubrió en 2006, cuando habían pasado casi cuatro décadas sin que se tuviera noticia de él. Un año después de la muerte de Diego, la Fiscalía entrevistó al guardabosques de la reserva. El hombre dijo que “ni en lo que va de este año (2009), ni durante el año pasado (2008), se ha sabido de presencia de delincuentes… Será porque esta tierra es habitada por campesinos pobres”
Dos casas después del punto exacto donde mataron a Diego, uno de esos campesinos le dijo a la Fiscalía que “ningún grupo ilegal, llámese guerrilla, paramilitares u otros, ha venido a pedir dinero o colaboración; es una región pacífica habitada por familias de escasos recursos. Tampoco he visto policía, ejército o alguna otra autoridad. Sólo escuché que el día antes de que aparecieran los muertos, había ejército”.
Aunque esos y otros habitantes de la zona declararon que allí no había delincuencia, el teniente Carlos Lamilla reportó el 25 de agosto de 2008 que el batallón de contraguerrilla N° 96 dejó en el área “03 cadáveres de sexo masculino, presuntos integrantes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico, quienes murieron en combate en un enfrentamiento armado en desarrollo de la operación Atenas, misión táctica Alforja”. Similares datos quedaron consignados en un informe suscrito por el sargento Janer Duque, quien relató la manera en que se “emboscó” a los integrantes de la supuesta banda criminal.
Más tarde se supo que los muertos eran Diego Tamayo Garcerá, Víctor Gómez y Jader Palacio, tres jóvenes provenientes del municipio de Soacha (Cundinamarca).
A más de 600 kilómetros de allí, Idalí Garcerá buscaba a su hijo Diego. Corría agosto de 2008 cuando él le dijo que lo “habían invitado a conocer la costa”. El 23 de ese mes, día del supuesto viaje, Diego le aseguró que se quedaría en casa y, por eso, ella se fue tranquila a celebrar un cumpleaños en el barrio Kennedy. Cuenta Idalí que “esa noche me tomé mis traguitos, pero estaba mal, y no hallaba la hora de que aclarara para subir a Soacha, al apartamento donde vivíamos. Esa noche lloré, porque sentía como una señal. El domingo, cuando llegué a la casa, encontré un papelito de colores que decía:’el lunes te voy llegando’. Ahí me desesperé”.
Entonces, ella le contó a su familia que Diego no estaba y que desconocía su paradero. Un sobrino suyo, que trabajaba en Medicina Legal, arreció la búsqueda y dos semanas después se enteró de que los cadáveres de Diego y de otros dos jóvenes de Soacha estaban en la morgue de Ocaña. Hasta allá viajó Idalí para reconocer a su hijo y, una vez convencida de que ese era su cuerpo, emprendió una batalla judicial que aún no cesa.
Su tenacidad y la de otras madres logró que la Fiscalía llevara a juicio a 17 militares, quienes “fueron coordinados verbalmente” por el coronel (r) Gabriel Rincón Amado, hoy condenado a 35 años de prisión por el homicidio de un mototaxista presentado como guerrillero muerto en combate. Ya en 2009, tan sólo un año después de la muerte de los tres jóvenes de Soacha, la Fiscalía había determinado que los informes que elaboraron los militares “presentan una serie de irregularidades que permiten inferir que la misión táctica Alforja no cumplió con los requisitos legales para su emisión y que la información de inteligencia que fundamentó la orden de operaciones no cumplió con el ciclo de inteligencia”. Asimismo, que se había “logrado desvirtuar la información sobre la presunta pertenencia de (las víctimas) a las bandas criminales”, pese a que algunas de ellas tenían antecedentes judiciales por delitos como hurto y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Fue el testimonio del soldado profesional (r) Dayro Palomino el que permitió enjuiciar a los militares. Palomino declaró que él, en compañía de su esposa, les ofreció a los jóvenes un trabajo y buenos salarios, con el fin de que viajaran a Ocaña. Una vez en esa ciudad, “llegaron a una casa del barrio El Ramal. Allí estuvieron privados de la libertad en una habitación donde se les puso música, se les ofreció bebidas alcohólicas y hasta drogas, pero se les impedía salir”. También se determinó que “en horas de la tarde del 24 de agosto de 2008, llegó a esta residencia un vehículo rojo o vino tinto conducido por un sargento del Ejército que, acompañado por un soldado, recogió a (los jóvenes) para entregarlos a los miembros del batallón de contraguerrilla N° 96”.
Todo ello, según la Fiscalía, para “reportar resultados operacionales exitosos por parte de la tropa”. Por eso, les imputó cargos por los delitos de desaparición forzada, homicidio, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, esos avances, que fueron celebrados por las familias, se han ido convirtiendo en desilusión con el paso del tiempo. Ahora, cuando se cumplen siete años de los homicidios y más de seis desde que se acusó a los militares de haberlos cometido, el juicio sigue estancado en la etapa de alegatos de conclusión.
Según Idalí, “por cualquier cosa nos suspenden la audiencia: que se enfermó un militar, que un abogado no pudo asistir y su defendido no permite que otro lo represente, que los defensores no alcanzan a leer los documentos, que se borraron los archivos de un computador. Cada audiencia es una excusa y nosotras, las madres, estamos terriblemente cansadas, muertas de la rabia de que nos hagan eso”. Para los abogados de Idalí, del Colectivo José Alvear Restrepo, esas supuestas dilaciones tienen dos objetivos: aguantar el juicio hasta que se firme el proceso de paz con las Farc, “a ver qué beneficios jurídicos les toca a los militares”, y esperar a que se ponga en marcha el nuevo Fuero Penal Militar, que está siendo estudiado por la Corte Constitucional.
Fuentes cercanas a la defensa de los militares indicaron que el juicio no se ha dilatado y que “cambiaron al juez y eso ha hecho que se deban repetir muchas pruebas. Además, la audiencia debe ser continua y los jueces no tienen tiempo por el cúmulo de trabajo, por lo que creemos que es un problema del sistema judicial colombiano y no de la defensa”. Sin embargo, el Colectivo insiste en que el caso de Idalí y de las otras madres es sólo una pequeña muestra de una estrategia que se ejecuta en todo el país y que pretende alargar los procesos mientras se concretan beneficios para los militares procesados.
Por ahora, los abogados de Idalí le pidieron a un juez que declare el caso de Diego como de lesa humanidad, tal como ocurrió con el homicidio de Fair Leonardo Porras. Eso, en la práctica, permitiría que las investigaciones no prescriban y que “se pueda llegar a los máximos responsables”. Y es que según ella, mientras los juicios no avancen, “y aunque haya negociación con la guerrilla, es muy difícil que haya paz. ¿O qué clase de paz queremos? ¿Una donde se tape lo que hicieron los homicidas?”. El próximo 21 de septiembre se reanudaría la audiencia, en la que los defensores de los militares deberán presentar sus conclusiones sobre los hechos que rodearon la muerte de Diego, Víctor y Jader.
