OPINIÓN. En esta Colombia polarizada y mojigata, las Farc se convirtieron en el chivo expiatorio que diferentes sectores quieren sacrificar.
Columnista: Andrei Gómez-Suárez
La discusión sobre justicia que estos días concentra la atención de los equipos negociadores en La Habana y de la comisión de expertos escogida por las partes busca resolver uno de los componentes claves de la negociación: cómo investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los máximos responsables de los horrores ocurridos durante la guerra.
La justicia transicional es un concepto acuñado en los últimos 30 años. La sociedad argentina hizo el primer gran esfuerzo por garantizar que las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura nunca más volvieran a ocurrir. Para esto creó la CONADEP, la cual en su informe final no sólo reveló la magnitud y el daño causado por las graves violaciones a los derechos humanos sino que hizo recomendaciones para reparar a las víctimas.
Desde entonces, otras sociedades han buscado fórmulas propias para transitar de un pasado marcado por graves espirales de violencia a un futuro donde florezca un tejido social que les permita a las nuevas generaciones tramitar sus diferencias sin recurrir a la violencia. Encontrar dichas fórmulas no es fácil, requiere esfuerzo, grandeza y compromiso de toda la sociedad.
En Sudáfrica, la creación de la Comisión de la Verdad se propuso por primera vez en 1992. Sin embargo, sólo cuando Nelson Mandela fue elegido presidente y la Constitución Provisional fue promulgada (1994) inició una gran discusión nacional al respecto. En diciembre de 1995, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue inaugurada, después de la aprobación por parte del parlamento del Acto Legislativo Para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación.
Sudáfrica optó por resolver las demandas de justicia dentro de la CVR a través del Comité de Amnistías. Su trabajo complementó el esclarecimiento en cabeza del Comité de Violaciones a los Derechos Humanos y la reparación de las víctimas, a cargo del Comité de Reparación y Rehabilitación. La responsabilidad del Comité de Amnistías era ofrecer amnistías individuales por crímenes motivados políticamente cometidos entre 1960 y abril de 1994. Dichas amnistías serían solamente otorgadas a aquellos que confesaran completamente su participación en crímenes pasados. Todos los demás responsables serían juzgados dentro del sistema judicial ordinario.
Más recientemente, Filipinas ha buscado una fórmula distinta para superar el conflicto armado entre el gobierno y el Frente Moro para la Liberación Nacional. Como parte del acuerdo integral de paz, firmado en 2014 después de 16 años y medio de negociaciones, las partes han creado la Comisión de Justicia Transicional y Reconciliación (CJTR). Esta Comisión tiene por objeto entregar un informe en octubre de 2015 recomendando los mecanismos indicados para abordar los reclamos legítimos de la gente de Bangsamoro, las injusticias históricas, las violaciones a los derechos humanos y la marginalización para lograr la reconciliación.
Para alcanzar estos objetivos la CJTR ha constituido 13 equipos de facilitadores que están realizando ejercicios de escucha con más de 250 comunidades y cuatro grupos de estudio que están revisando investigaciones pasadas sobre violaciones a los derechos humanos. Además, los miembros de la CJTR están entrevistando actores clave dentro del gobierno y el sector privado y desarrollando una revisión de iniciativas actuales y pasadas en el área de justicia transicional.
En Colombia, la discusión sobre justicia inició mucho antes que llegara a la mesa de negociación. Desde octubre de 2012, el expresidente Álvaro Uribe ha apalancado su oposición al proceso de paz con la célebre frase “paz sin impunidad.” Ha sido tal la influencia de su discurso que la discusión sobre justicia se ha reducido a la cárcel. Al menos, así lo demuestra la última encuesta de la Revista Semana, según la cual el 90% de los encuestados opinan que las Farc deben pagar cárcel.
La manipulación sobre la justicia que se debe aplicar a los guerrilleros ha llegado hasta tal punto que Francisco Santos, cuando era precandidato presidencial por Centro Democrático en el 2014, instaló una vaya sugiriendo que la extradición de Salvatore Mancuso a los Estados Unidos había sido un componente de la justicia aplicada a los paramilitares. Tristemente, esta imagen, que ignora el sentir de las víctimas del paramilitarismo, quienes sienten que el esclarecimiento quedo truncado gracias a la extradición de 11 líderes paramilitares, es compartida por muchos colombianos que se dejan llevar por la manipulación emocional que utilizan candidatos para movilizar al electorado.
La discusión sobre justicia en La Habana va mucho más allá de que los guerrilleros paguen cárcel. Desde julio de 2014, los equipos negociadores han escuchado directamente a 60 víctimas de todos los actores del conflicto armado, no sólo para dignificarlas a través de su reconocimiento sino para recolectar sus propuestas en relación con la satisfacción de sus derechos.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, La Convivencia y la No Repetición acordada en junio de 2015 es el primer mecanismo del sistema integral de justicia transicional que las partes buscan construir. La Comisión responde al derecho de las víctimas de saber lo ocurrido y a la necesidad del reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de los victimarios y de toda la sociedad.
Actualmente, la discusión gira alrededor del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables. Para entender la discusión sobre el mecanismo de justicia que busca poner fin al conflicto armado es necesario que más y más colombianos reconozcan que la justicia transicional es un desarrollo contemporáneo que remplaza el sacrificio de un chivo expiatorio –sobre el cual, en la antigüedad, se endilgaban todos los males de una sociedad– por el desmonte de una cultura de impunidad.
En esta Colombia polarizada y mojigata, las Farc han sido convertidas en el chivo expiatorio que diferentes sectores quieren sacrificar. Así, buscan también sacrificar la justicia y la verdad. Esto no es exclusivo de Colombia, los casos de Argentina, Sudáfrica y Filipinas enseñan que las verdades de un pasado violento están en constante negociación y que, por tanto, los mecanismos de sanción social y reparación son fundamentales para evitar que se reavive la violencia y se fracture la oportunidad de crear un tejido social basado en la convivencia entre diferentes.
