En febrero, en Washington D.C, será la conmemoración del aniversario del programa de cooperación de los Estados Unidos. Había sido aplazada desde julio de 2015.
“El presidente Andrés Pastrana ha trabajado con expertos en su país y en otros lugares para construir el “Plan Colombia”, un plan integral para buscar la paz, luchar contra las drogas, mejorar la economía y profundizar la democracia. La legislación que firmé hoy representa la contribución de Estados Unidos a la lucha. Incluye un aumento de 10 veces los fondos estadounidenses para promover el buen gobierno, la reforma judicial, la protección de los derechos humanos y el desarrollo económico. Se aumentarán los incentivos para la resolución pacífica de la guerra civil, al tiempo que ayudará al Gobierno a detener el flujo de drogas a nuestras costas”.
Esas líneas hacen parte de un comunicado breve, firmado por el entonces presidente de Bill Clinton, Estados Unidos, y publicado por la Casa Blanca el 13 de julio del año 2000. Anunciaba la entrada en vigencia de una ley que daba vía libre a dos programas de cooperación internacional en lugares estratégicos: Kosovo, donde acaba de terminar la intervención militar de la Otan; y Colombia, para entonces considerado poco menos que un Estado fallido y el principal exportador de cocaína del mundo; un territorio clave para los intereses de ese país en América Latina. Se trata de la más grande inyección de recursos de EE.UU. en el país, representada, sobre todo, en el fortalecimiento militar y en la lucha represiva contra las drogas.
Los 15 años de su surgimiento, que se cumplieron en julio pasado, serán conmemorados el próximo 4 de febrero con una visita oficial a Washington del presidente Juan Manuel Santos, quien se reunirá con su homólogo Barack Obama. A ese viaje también están invitados los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, pues fueron ellos, además de Santos, los encargados de implementar el Plan durante sus gobiernos.
Pero más allá del protocolo y de la gala presidencial, si se cierran cuentas pasados 15 años, esa inversión gringa en Colombia, que supera los 7 mil millones de dólares, deja resultados que no pueden leerse solo en blanco y negro pues, ni la coca se acabó, ni el país es el mismo de hace 15 años.
Corresponsabilidad en el tema de las drogas
No se requiere un análisis muy profundo para entender que en el mercado de las drogas ilícitas también aplica la ley de la oferta y la demanda. Mientras Colombia producía –como aún hoy lo hace– miles de toneladas de cocaína al año, en Estados Unidos millones de personas llenaban sus narices –como aún hoy lo hacen– con el producto que desangraba a los campos y las ciudades de un país que difícilmente podrían ubicar en el mapa.
Para entonces, la discusión actual sobre un giro hacia la despenalización, que permitiera dar un vuelco a la lucha contra las drogas, no estaba en la agenda. La represión parecía el único camino para los gobiernos y la responsabilidad de aplicarla se había descargado casi por completo en los países productores.
“Cuando los colombianos luchan por construir su democracia y por bloquear el comercio ilegal de drogas están peleando por todos nosotros. Y si ellos están dispuestos a asumir esta pelea, nosotros debemos asumir parte del costo”, dijo Clinton en su discurso al firmar el Plan Colombia.
En una columna de opinión publicada en agosto del 2000 en la revista Semana, el excanciller Guillermo Fernández de Soto decía que ese programa era la oportunidad para que ese discurso pasara de la retórica a la práctica.
Cuando los colombianos luchan por construir su democracia y por bloquear el comercio ilegal de drogas están peleando por todos nosotros. Y si ellos están dispuestos a asumir esta pelea, nosotros debemos asumir parte del costo
“Aunque mucho se tuvo que luchar para que fuera aceptada esta verdad, nadie discute hoy el hecho de que el problema de las drogas ilícitas es todo un proceso ininterrumpido (…) De allí que, ante un problema de tan inmensas proporciones, sea innegable la aceptación de la corresponsabilidad, de la responsabilidad compartida, la cual, en la práctica, implica la obligación de cada Estado de atacar los factores del problema en cada país pero, en el mismo grado, la necesidad de un concierto y de una cooperación internacional para enfrentarlos compensando a los estados más afectados por el narcotráfico y a los más débiles económicamente”.
Más allá de las críticas que quepan sobre la concepción del problema de las drogas o sobre la destinación de los recursos principalmente a lo militar y la erradicación forzosa de cultivos, está claro que Estados Unidos se metió la mano al dril y asumió por lo menos parte de la responsabilidad que le corresponde.
Fortalecimiento militar
Dice una nota de balance sobre los 10 años del Plan Colombia, publicada por El Espectador en 2010, que a principios de esa década las Farc rondaban ciudades como Bogotá y Cali. Puede que no fuera inminente la toma del poder por parte de la guerrilla, pero lo que sí es cierto es que la Fuerza Pública se había quedado corta en su intención de contener los propósitos de la subversión.
A finales de 1998, con la toma a Mitú, las Farc demostraron que estaban en capacidad de irrumpir a sangre y fuego, y someter la capital de un departamento. Lo mismo pasaba con las “pescas milagrosas”; secuestros extorsivos y masivos en las carreteras, que tenían a mucha gente casi confinada en las ciudades por temor a caer en manos de la guerrilla.
En solo dos años de ejecución del Plan Colombia, cerca de 750 millones de dólares fueron destinados a ayuda militar. La llegada de por lo menos 100 helicópteros, decenas de aviones y la asesoría de expertos militares estadounidenses se encuentran entre los datos que suelen citarse cuando se habla de la importancia del Plan Colombia en la modernización de la Fuerza Pública.
Lo cierto es que pese a los muchos matices que conllevó ese fortalecimiento militar, como los casos de corrupción, el auge paralelo del paramilitarismo, o la política de resultados positivos a cualquier costo; el panorama de acorralamiento por parte de las guerrillas que se experimentaba a finales de los 90 se interrumpió y la presencia de la Fuerza Pública se extendió a muchas regiones del país donde poco o nada se sabía de un camuflado al servicio del Estado.
La cuota inicial para una salida negociada al conflicto
“Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, que además deban fortalecer el Estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico”.
Ese párrafo constituye una de las 10 estrategias del plan original entregado por el presidente Pastrana a Clinton. Con él se dejaba claro que parte de la estrategia de cooperación pretendía favorecer el clima para una salida negociada al conflicto.
Si bien ese punto es uno de los grandes vacíos que dejó el Plan, pues sobre la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos son más las críticas que los aplausos, la lectura de algunos sectores indica que fue el acorralamiento de las guerrillas y de su capacidad armada la cuota inicial para una negociación de paz que conllevara avances concretos.
Esa negociación, por supuesto, no fue la de Pastrana, con la zona de distensión del Caguán, sino la que se inició en 2012 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y aún se encuentra en marcha. La posibilidad de llevar de nuevo a las Farc a una mesa de conversaciones en condiciones de negociación favorables para el Estado fue, a juicio de muchos, como el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y antiguos miembros de la cúpula militar como el hoy negociador del Gobierno, el gral. (r) Jorge Enrique Mora, el resultado de una ofensiva continuada que debilitó la posición de esa guerrilla.
La otra cara de la modernización de las Fuerzas Armadas
Mientras algunos agradecen al Plan Colombia que no se hubiera consumado la voluntad, principalmente de las Farc, de cercar algunas ciudades capitales y seguir ejerciendo “soberanía” en buena parte del territorio nacional, otros sectores consideran que el fortalecimiento de las Fuerzas Militares fue el primer eslabón de una cadena de atropellos a los derechos humanos, que tuvo como principal victimario al Estado.
Desde el momento de la puesta en marcha del Plan, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el enfoque militarista que, a juicio de esa organización, podría favorecer violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
El balance, poco tiempo después, puso en evidencia que la consolidación del Plan Colombia coincidió con fenómenos como el de los “falsos positivos” asociados con un creciente poder de los mandos militares, que pasaron a tener dominio sobre una tropa de mayor envergadura y a implementar nuevos “incentivos” para avanzar en la guerra antisubversiva.
“Con los paramilitares jugando un papel menor, las fuerzas armadas asumieron mayor responsabilidad en la lucha contra la guerrilla. Casi inmediatamente se disparó el número de violaciones de los derechos humanos atribuido directamente a los militares colombianos”, escribió Adam Isacson, director del programa sobre Política de Seguridad Regional de la ONG Oficina de Washinton para América Latina (Wola) en 2010.
El fracaso de la guerra represiva contra las drogas
Si bien la corresponsabilidad puede considerarse una ganancia, visto en perspectiva, el modelo de combate represivo a las drogas ilícitas –que en buena medida orientó el Plan Colombia– fracasó hasta el punto de que el Gobierno actual está dando, poco a poco, un giro hacia otra dirección.
El fracaso es tal que la última medición de cultivos ilícitos hecha por Naciones Unidas (2014) sostiene que Colombia es el país con más cultivos de hoja de coca en el mundo y, recientemente, fuentes del Departamento de Estado le confirmaron a la prensa estadounidense que sigue siendo el país que más clorhidrato de cocaína produce.
Para el Gobierno y para sectores progresistas del país, esas cifras forman parte del fracaso que ha sido la política antidrogas represiva en el mundo y que será revaluada en la Ungass (Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas) 2016, para la cual Colombia lleva una postura reformista.
A ello se suman las implicaciones sobre el medio ambiente y la salud que dejó el glifosato, una sustancia química que se utiliza para las fumigaciones de cultivos ilícitos. Aunque en 2015 el Gobierno suspendió su uso, la aspersión aérea con glifosato fue un hábito en Colombia desde mediados de la década de 1990, y se intensificó con la puesta en marcha del Plan.
De acuerdo con datos de la Wola, entre 1996 y 2012, los aviones de fumigación rociaron herbicidas sobre 1.6 millones de hectáreas.
¿Y de los propósitos sociales qué?
“Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos años, especialmente incluidos no solamente los desplazados o afectados por la violencia, sino también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza absoluta”.
Esa fue la novena estrategia contemplada en el texto original del Plan Colombia. Sin embargo, las críticas al enfoque eminentemente militarista de la inversión han permitido cuestionar la existencia de esos propósitos sociales.
Víctor Correa, representante a la Cámara, asegura que esa es una de las grandes deudas que dejó pendiente ese paquete de inversiones que representó, según dice, unos compromisos financieros que el Estado aún costea. “En lo social Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, la pobreza aún campea por nuestro país. Entonces el Plan Colombia no surtió el efecto que en teoría iba a surtir. Por el contrario, comprometió económicamente al país con un gran porcentaje del Plan que fue financiado a partir de créditos, que alcanza a ser mucho más que lo que aportó Estados Unidos”.
Por su parte, en su ensayo publicado en 2010, Adam Isacson reconoce que la mejora en las condiciones de seguridad favoreció la inversión, aunque cuestiona que en buena medida esta se haya dado en actividades extractivas de industrias extrajeras. Por otra parte, afirma que desde la implementación del Plan Colombia no solo se ha concentrado aún más la riqueza en manos de unos pocos, sino que los avances para combatir la pobreza se quedaron cortos.
