#Divergentes | Existen más de 20 organizaciones que trabajan directamente con esta población, la más vulnerable en el conflicto armado.
Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y organizaciones sociales. Para ver todos los contenidos haga clic acá.
Ser niño en Colombia es una condición que se encuentra protegida en la Constitución del 91. Es más, en la carta política se menciona que los derechos de esta población priman por encima de cualquier otra. “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, sentencia el documento en el artículo 44.
Esas tres instituciones (familia, sociedad y Estado) son las responsables de salvaguardar la vida de los niños. Sin embargo, la historia –y las cifras– muestra que los derechos de la infancia han sido los más susceptibles de ser vulnerados y, por más esfuerzos de estos organismos, la niñez requiere de una acción integral para gozar en pleno de los privilegios de ser niño. Así lo dicta la constitución. Solo por mencionar una estadística que demuestra esta situación, en Colombia, durante los más de 50 años que duró el conflicto armado con las Farc, se registraron más de ocho millones de personas como víctimas de este flagelo. De esa totalidad, se estima que los niños representan entre el 30% y 35% de los afectados por la guerra por cualquier circunstancia: reclutamiento, asesinato, desplazamiento y desaparición forzada, entre otras.
Al día de hoy en el país no se pueden sostener afirmaciones como las de “toda la población infantil está escolarizada”, “ningún niño aguanta hambre” o “los pequeños se encuentran seguros en sus casas, en la calle, en los parques, en cualquier lado”. Por el contrario, se pueden enumerar algunos de los momentos y acciones más importantes que han sumado en el compromiso de garantizar los derechos a los niños.
Nace una institución exclusiva para los niños
Antes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no existía una entidad estatal que fuera doliente exclusiva de la niñez. Con base a los programas de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición (INN), dirigido por el doctor Roberto Rueda Williamson y el programa del menor infractor del Ministerio de Justicia, se creó el ICBF. “Era evidente que esos temas (la niñez) no se podían atender sin tener en cuenta los ambientes en los cuales se desarrolla el niño. El asunto era mucho más complejo del que se venían atendiendo con esos dos programas”, dice Alejandro Acosta Ayerbe, director general de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde).
Una vez creada la institución, la preocupación siempre fue cómo aumentar la cobertura y la calidad con los mismos recursos que se tenían. En esa búsqueda de estrategias de trabajo, junto a otros organismos del Estado y oenegés, se llegó a los Hogares Infantiles fruto de un análisis de varias experiencias en Buenaventura, Cartagena, Cali, Bogotá, Chocó y la Costa Atlántica. Hubo otros programas impulsados como Pefadi, Supervivir, Escuela Nueva para Adolescentes y Jóvenes que fueron muy exitosos, pero por cuenta de la crisis económica, que afectó a la mayoría de países de Latinoamérica en los años noventa, se desmontaron.
Pese a ese hecho desafortunado, el Estado siempre ha implementado programas de Gobierno para la atención de la población, pero se quedaban en eso, en esfuerzos de cuatro años de trabajo. No se pactaba un compromiso serio a largo plazo que se convirtiera en una política para todos los mandatarios que llegaran al poder. Entre esos logros de convertir un programa en una política está el impulsado en 2006 que se llamó “Colombia por la primera infancia”, un proyecto de varias organizaciones que trabajan por la población y que pretendían ir más allá del Código de Infancia y Adolescencia. Otro que ha sido muy importante, y es el más reciente, es de “Cero a siempre” que, en 2017, se impuso como un compromiso de Estado. Con este, el Gobierno se enfoca en garantizar el desarrollo integral de los más de cinco millones de niños de cero a cinco años.
Convención de los Derechos de los Niños
El 20 de noviembre de 1989 Naciones Unidas impulsó un tratado internacional que le dio carácter jurídico a los niños, es decir, en el documento se le reconoce a esta población los mismos derechos que gozan los adultos y sentó como precedente el compromiso que deben de adoptar todos los Estados firmantes para proteger la vida, la integridad y la dignidad de la infancia.
“La Convención sobre los Derechos de los niños y niñas es un tratado internacional que reconoce sus derechos en 54 artículos esenciales y establece en forma de ley internacional para los estados partes, la obligación de garantizar a todos los niños y niñas (sin ningún tipo de discriminación) el beneficio de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, de acceso a la educación y atención médica, a las condiciones para desarrollar plenamente su personalidad, sus habilidades y talentos, a un ambiente propicio para crecer con felicidad, amor y comprensión y la información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y ser parte del proceso en una forma participativa”, escribió en un informe de Unicef Manuel Manrique Castro, exdirector de esta organización para Colombia.
En la actualidad, solo se registra un país que aún no ha ratificado este tratado de Derechos Humanos por la niñez. Se trata de Estados Unidos, que les da la potestad a sus estados de reservarse el derecho de pena de muerte para algunos menores. En 2015, Sudán del Sur y Somalia revalidaron esta convención, tras salir de unos procesos de conflicto internos.
Son 196 estados que han ratificado este pacto, convirtiéndolo en el más respaldado en las Naciones Unidas. Algunas de las disposiciones de este documento es que los gobiernos hagan compatibles sus leyes con la convención, aumentar la presencia de los niños en torno a la formulación de políticas públicas, contar con un presupuesto adecuado para la atención de la población y que la inversión de este sea adecuada, entre otras recomendaciones.
En el caso de Colombia, el país acogió esta convención a través de la Ley 12 de 1991. Esto se tradujo a la inclusión de nuevas leyes respecto al tema en la Constitución del 91, por ende, se le dio prevalencia a los derechos de los niños sobre cualquier otra población. Otra de las acciones del Gobierno que responden al compromiso de la convención son el aumento de rango de edad, de 15 a 18 años, para la vinculación al servicio militar, programas para la erradicación del trabajo infantil, inclusión de la niñez en los planes de desarrollo, revisión y actualización del Código del Menor, entre otros.
Las organizaciones sociales que se movilizan por la niñez
Son varias las organizaciones que han nacido o han aterrizado en el país para aportar en el trabajo por el cumplimiento de los derechos de los niños. Unicef Colombia, un programa de Naciones Unidas para la niñez, es, tal vez, uno de los más reconocidos en el ámbito. Esta institución vela porque los niños tengan acceso a los servicios básicos (agua, alimento, higiene), estén alejados de la violencia y vayan a la escuela. Hacen presencia a nivel nacional, pero concentran mayor esfuerzo en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño y Putumayo. Anualmente, Unicef elabora los informes sobre la situación de los derechos de los niños. Por ejemplo, en el documento que corresponde a 2017, registraron que de 2010 a 2015 se redujo el porcentaje de adolescentes embarazadas a dos puntos, o sea, de 19.5% a 17.4%. También que la tasa de mortalidad infantil se cuentan por cada 1.000 bebés nacidos en 2015 murieron 14. Para 2016, la tasa de cobertura en primaria fue de 104.5%, secundaria 100.4% y media 79%, sin embargo, las cifras al ser promedio no muestran, por ejemplo, que en Chocó no se supera el 25%.
Como Unicef, otras organizaciones independientes, universitarias y derivadas de empresas con una razón social en pro de la niñez, trabajan de forma más especializada o por nicho, o sea, para la atención alimentaria, escolarización, prevención, entre otros aspectos. Por poner algunos ejemplos está Aldeas Infantiles SOS, que se concentra en ofrecer acogida a los menores en torno al concepto de familia; Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), con su fundación adelantan investigaciones acerca del desarrollo humano para la primera infancia, juventudes, educación de calidad; World Vision Colombia, que sirve a los niños en situación de vulnerabilidad.
Estas organizaciones más otras más hacen parte de la Alianza por la Niñez Colombiana que sirve como foco de convergencia de estrategias y esfuerzos para continuar mejorando el trabajo por el cumplimiento de los derechos de los niños. Asimismo, este pacto busca incidir en las decisiones políticas que involucren a los menores de edad y monitorear todas las iniciativas que prometen la protección de la vida, dignidad e integridad de los pequeños.
De Alianza por la Niñez hacen parte organizaciones como Children Change, Save The Children, WarChild; Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Plan, Fundación Saldarriaga Concha, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), World Vision, Kidsave, Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, RED PAI-Red de Protección de Infancia, Tearfund- Red Viva de Colombia, Corporación Somos Más, Fondo Acción, Agencia PANDI, Jerez & Sandoval – Medios y Responsabilidad Social, Red PaPaz, Children International Colombia, Fundación Rafael Pombo, Adela Morales y Ana María Convers. Los trabajos de estas organizaciones han sido claves no solo para visibilizar las problemáticas que afrontan los niños en Colombia, sino para intervenir directamente en los contextos que habitan .
Compromiso con el Acuerdo de La Habana
Desde que comenzó el conflicto armado en Colombia, hace más de 50 años, los niños han sido una de las poblaciones más afectadas por este flagelo. Como se mencionó al principio, el 30% de las víctimas son menores de edad, de los cuales 8.500 están vinculados directamente a grupos ilegales. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) desde 1960, un total de 16.879 colombianos fueron reclutados por estos grupos armados siendo niños o adolescentes.
Además del tema de reclutamiento para convertirlos en cocineros, enfermeros, combatientes o cualquier otra función que los grupos necesitasen, los niños han sido objeto de actos de violencia sexual, desplazamientos forzados, confinamientos, secuestros, desapariciones, asesinatos, masacres, víctimas de minas antipersonas y orfandad. Este atropello contra la niñez fue reconocido dentro del Acuerdo de La Habana firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla desmovilizada de las Farc. Dentro del documento hay un compromiso de las dos partes para la no repetición y una acción para revertir los efectos de la guerra en los niños, mujeres, personas de la tercera edad y comunidades indígenas, negras, LGBT y campesinas.
Además, en el acuerdo, las Farc se comprometieron a entregar a los menores de edad que pertenecían a sus filas. Sin embargo, a finales de 2017, la ONU registró que el grupo guerrillero solo entregó a 135 niños. Cifras como estas demuestran las dificultades que ha tenido la implementación del pacto. De acuerdo con el Instituto Krock de Estudios Internacionales de Paz, el pacto ha avanzado un 61%. La preocupación es que, según ese centro de investigación, esta evolución no asegura el éxito del proceso de paz y tampoco este porcentaje promete que no se retornará al conflicto.
Caso Yuliana Samboní, un compromiso por la niñez
De 2016 a 2017 Colombia pasó del puesto cuatro al tres de países con las tasas más altas de homicidio infantil. El año pasado mataron a 715 niños, por día asesinaron a dos menores de edad. Pero hubo un caso emblemático que los medios de comunicación y la redes sociales se concentraron en hablar.
El 4 de diciembre de 2016 Yuliana Samboní, una niña de siete años, fue secuestrada, violada y asesinada por el reconocido arquitecto Rafael Uribe Noguera, en el barrio Chapinero Alto, al norte de Bogotá. Este caso mediático reveló que por más que la vida, la integridad y la dignidad de los niños prevalecen sobre cualquier otra persona, la degradación de la sociedad pasa por encima de esos privilegios y ve a la niñez como un objeto para satisfacer sus deseos. “El caso de Yuliana Samboní muestra que en la sociedad hay problemas muy serios, amenazas muy graves, violaciones de derecho increíblemente negativas en el país que no se sabía que existían. Lo que puso de precedente esta situación fue que ese no era un caso aislado, ni era la primera vez que se cometía. Todo esto viene de una concepción cultural en la cual se partía de que el niño y la niña son objetos de posesión de los adultos y, por tanto, el adulto puede hacer lo que quiera con el niño”, expresa el director del Cinde, Alejandro Acosta.
Lo que le pasó a la pequeña Samboní hizo eco en las cifras de violencia sexual infantil y prendió las alarmas de la sociedad y el Estado. En 2016, el 86% de los casos evaluados por presunto abuso sexual corresponden a menores de edad: se contaron más de 18.000 casos. Lo preocupante es que los niños no están seguros en sus casas porque la mayoría de esos reportes ocurrieron en lugares cercanos a ellos y sus agresores fueron sus familiares, amigos o conocidos.
De acuerdo con Aldeas Infantiles SOS Colombia, dos niños son abusados por hora en el país y solo el 30% de esos casos son denunciados. Ese 70% que no es denunciado por los niños o que se queda dentro de las familias deja manifiesto que el problema no se resuelve con más leyes que aumenten las penas y blinden a los niños, pero tampoco con más organizaciones especializadas en atender una situación específica de la niñez (alimento, educación, atención médica, etcétera) y menos con pactos internacionales. Cada ciudadano de a pie es el responsable de la vida de los niños y cada ciudadano está en la obligación de reflexionar acerca de las razones de antaño que construyeron como verdad el hecho de que la niñez es propiedad de los adultos. Tomando esa postura se evitarán más casos como los de Yuliana Samboní, porque la muerte de esta pequeña debería de bastar para decir a una sola voz: ¡no más violencia contra nuestros niños!
