Divergentes resume los momentos fundamentales de la democracia en Colombia y resalta a las organizaciones que hoy trabajan por mejorarla.
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Por: Daniel Bedoya*
Desde el siglo XIX, la democracia colombiana ha estado marcada por la bipolaridad política. Los enfrentamientos entre santanderistas y bolivarianos, o entre federalistas y centralistas, se transformaron durante el siglo XX en disputas entre liberales y conservadores, laureanistas y lleristas. Peleas que hoy se replican entre santistas y uribistas. Una eterna lucha caudillista.
Desenredar el proceso de democratización de Colombia no es fácil. Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y tras la toma del poder a manos del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, liberales y conservadores guardaron las armas, buscaron una salida negociada al conflicto conocido como La Violencia y decidieron alternarse el poder por dieciséis años, excluyendo así a las fuerzas políticas alternativas.
Por esos años en Colombia se extendió el movimiento por el voto femenino, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1954 y ratificado tres años después en un plebiscito aprobatorio. Gracias a los movimientos de mujeres organizados en torno a la Unión Femenina Colombiana (UFC) y la posterior Organización Nacional Femenina (ONF), el voto femenino constituyó un logro enorme para la democracia.
Sin embargo, los acuerdos del Frente Nacional (1958–1974) no solucionaron profundos problemas del país, entre los cuales estaban la distribución de la tierra y las garantías para participar en política.
La parálisis establecida por las élites en las dinámicas políticas no pudo impedir la evolución de movimientos sociales como el de los estudiantes o el de los campesinos y la expansión de los grupos insurgentes. Todos, en diferentes medidas, tuvieron un papel central en el proceso de democratización colombiano. Incluso la guerrilla que, al menos en sus inicios, se abanderó del reclamo al Estado por garantías de participación.
Llega la represión
En los años sesenta, en medio de las luchas estudiantiles y el ascenso de corrientes de izquierda en el ámbito internacional, surgieron en Colombia las principales fuerzas opositoras a la coalición frentenacionalista: la Alianza Nacional Popular (Anapo) y el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), organizaciones conformadas por mujeres, estudiantes, campesinos y obreros.
Estas dos corrientes cuestionaron la bipolaridad instaurada y pusieron a tambalear a más de un cacique, entre ellos al candidato conservador Misael Pastrana, quien en una reñida –y sospechosa– contienda electoral contra Rojas Pinilla, candidato de la Anapo, ganó las elecciones del 19 de abril de 1970.
En respuesta a estas cuestionadas elecciones, del seno de la Anapo y del MRL emergieron nuevos grupos insurgentes como el Movimiento 19 de abril (M-19); y grupos armados como las Farc-EP y el ELN se fortalecieron con la incorporación de los militantes de izquierda y los campesinos que reclamaban su derecho a tener garantías para participar política y exigían una nueva distribución de la tierra.
En 1978, sin embargo, la promulgación del Estatuto de Seguridad le puso otro lastre a la participación democrática. El presidente Turbay fortaleció la lucha contra la guerrilla y para ello echó mano de políticas represivas que recayeron en especial sobre los movimientos sociales. Colombia se embarcó en la “doctrina de la seguridad” como estrategia de defensa, y de ataque, ante al avance de cualquier proyecto político alternativo y de acciones políticas que rimaran con “popular”, “izquierda” o “comunismo”. El Estatuto, vigente hasta 1982, recrudeció la violencia armada e institucionalizó la estigmatización, la criminalización y la persecución de la movilización social por parte del Estado..
La década de los ochenta marcó así el rumbo del país hasta nuestros días. A pesar del proceso de descentralización estatal del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), fue una época convulsa, de estados de sitio, de escalamiento del conflicto, de emergencia del paramilitarismo, de consolidación del narcotráfico y de intensificación de la violencia contra los movimientos sociales, como fue el caso de la Unión Patriótica.
En este panorama de crisis social e institucional, el déficit de representación y la ausencia de garantías para la participación política se volvieron evidentes. Colombia se perfilaba como una democracia fracasada o, cuando menos, incompleta y excluyente.
Con el puño en alto
Al final de los años ochenta emergió una serie de movimientos sociales que buscaban salidas alternativas a la crisis. El movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta (hoy Fundación Séptima Papeleta) promovió la iniciativa ciudadana a favor de redactar una nueva carta constitucional para Colombia, y una red de organizaciones sociales bajo el rótulo de S.O.S. Colombia (hoy Corporación Viva la Ciudadanía) respaldó la propuesta y empezó a fomentar el cumplimento de la Constitución de 1991 a través de campañas pedagógicas sobre los principios democráticos.
Además de reconocer las acciones populares, la nueva Constitución garantizó la existencia de la Corte Constitucional como un organismo de protección de los principios democráticos de la Nación. Desde su puesta en marcha, la Corte ha tenido que lidiar con gobernantes que han buscado modificar la Constitución: Ernesto Samper anuló la prohibición de extradición en 1997; Andrés Pastrana propuso revocar el Congreso en 2000; el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) logró modificarla en quince ocasiones (una de ellas permitió su reelección en 2006); y el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de beneficiarse de las reformas uribistas (como, precisamente, la reelección), también hizo al menos doce modificaciones.
Desde 1991, en Colombia, buena parte de la lucha por fortalecer la democracia ha estado ligada directamente al respeto de los principios de la Constitución. Organizaciones como Viva la Ciudadanía y su Red Viva lideran desde los años noventa la defensa de la acción de tutela como forma de garantizar los derechos fundamentales y han apoyado los diferentes procesos de paz. Otras ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad han llevado la batuta en la defensa por los derechos humanos y han trabajado con organizaciones sociales de base en investigaciones sobre corrupción, impunidad y crímenes de Estado. La carrera por la democracia también ha tenido figuras como el profesor y jurista Carlos Gaviria, presidente de la Corte Constitucional entre 1996 y 2001. Todos, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de base, se han dedicado desde la fundación de la nueva Carta a fortalecer la democracia y a propiciar espacios democráticos para la participación de todos los sectores de la población colombiana.
Desde las frustradas negociaciones de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc (1999-2002), han nacido plataformas sociales como Planeta Paz conformada en 2000 por sectores afrodescendientes, indígenas, campesinos, juveniles, feministas, sindicalistas y ambientalistas, así como asociaciones comunitarias, organizaciones culturales y grupos LGBT. Por su parte, la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han defendido, vigilado y promovido las distintas negociaciones de paz con grupos armados como estrategia de fortalecimiento de la democracia y la participación política.
En la misma línea, numerosas asociaciones no-gubernamentales y movimientos sociales han defendido la paz como garantía para el ejercicio democrático. Desde el inicio de las exploraciones de las negociaciones entre el gobierno Santos y las Farc en 2011 y tras el triunfo del ‘No’ en el plebiscito de 2016, movilizaciones campesinas, estudiantiles y ciudadanas a favor del proceso de paz, como Paz a la Calle, han llevado la causa a plazas públicas, también en el mundo digital, y han exigido al Gobierno cumplir e implementar el Acuerdo Final.
En los años más recientes, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la fundación Foro Nacional por Colombia han logrado abrir el debate sobre la participación electoral y fomentar la participación activa de la sociedad civil como estrategia para acabar con el caciquismo político. Mientras tanto, iniciativas académicas como el Observatorio de la Democracia y el centro de estudios Dejusticia se han dado a estudiar el Estado social de derecho, la democracia y la política pública con el fin de diagnosticar enfermedades y proponer “terapias alternativas” que ayuden a superar nuestra bipolaridad política.
* Magíster en Historia. Investigador sobre conflicto, DDHH y política de Colombia.
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