Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y organizaciones sociales. Para ver todos los contenidos haga clic acá. “¿Los sectores populares son lo que son, lo que ellos creen ser o lo que otros creen que son?” Esta frase del historiador argentino Luis Alberto Romero resume en buena medida lo
Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y organizaciones sociales. Para ver todos los contenidos haga clic acá.
“¿Los sectores populares son lo que son, lo que ellos creen ser o lo que otros creen que son?” Esta frase del historiador argentino Luis Alberto Romero resume en buena medida lo que sucede cuando se habla sobre organizaciones de víctimas, también en Colombia.
Por un lado están las organizaciones reconocidas ‘legalmente’ por el Estado, por otros gobiernos y por entidades internacionales como la ONU. Pero por el otro están aquellas que han ejercido un trabajo silencioso en las regiones y que, por diferentes motivos, han estado al margen de los programas estatales. Y también surgen, claro está, aquellas que hacen un tránsito hacia un reconocimiento legal.
Jurídicamente, las organizaciones de víctimas fueron reconocidas a partir de la ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Antes no existía un marco legal para cobijar a las organizaciones víctimas del conflicto armado, pues durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se negó la existencia del conflicto armado.
La Ley de Víctimas abrió una puerta para la creación de movimientos y organizaciones, pero también destapó un espinoso camino para la reparación integral. Camino que, al sol de hoy, permanece esquivo para miles de víctimas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2012 fueron asesinadas 220.000 personas en el marco del conflicto armado. Una de cada tres muertes violentas en el país.
A pesar de las dificultades, la ley permitió que diferentes organizaciones que reunían las voces de las víctimas, por ejemplo la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) o la Conferencia Episcopal, aparecieran en un nuevo escenario y comenzaran a ser visibles frente al Estado y la opinión pública.
La ley se materializó en espacios obligatorios y concretos en los que las víctimas tienen derecho a participar: las mesas municipales, distritales, departamentales, los comités territoriales de justicia transicional, el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Consejo Directivo de la Unidad de Restitución de Tierras, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, y el Consejo Directivo del CNMH.
En los últimos años, como lo explica Vladimir Rodríguez, asesor del programa de víctimas del CNMH, los movimientos regionales han intentado hacer el tránsito hacia los espacios institucionales que antes no existían. “Las organizaciones de víctimas son tan diversas como lo ha sido el conflicto armado. Vienen, la mayoría, de las regiones más golpeadas por la guerra. Muchas de ellas desconfiaban del Estado. Por eso el Gobierno, a partir de diferentes mecanismos, ha intentado acercarse a ellas”, dice Rodríguez.
Pero el camino hacia esa institucionalidad es largo.
Un grito por el dolor
La Unidad de Víctimas —creada a partir de la Ley 1448— ha sido la encargada de garantizar la participación de las víctimas. Por ahora coordina, a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), 37 mesas territoriales. El objetivo es que en estas mesas se aborden por lo menos diez ejes con las organizaciones: verdad, justicia, prevención, atención y asistencia, reparación integral, enfoque diferencial, articulación nación-territorio, enfoque psicosocial, participación de víctimas y creación de sistemas de información.
Por este marco legal, en los últimos cinco años se han dado a conocer experiencias de organizaciones que llevan décadas trabajando en las regiones. Por mencionar algunas: la Mesa departamental de organizaciones de población en situación de desplazamiento en Putumayo, la Organización de población desplazada en Caquetá, la Mesa departamental de población desplazada en Nariño, la Asociación de Desplazados (Asodesc), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia).
Con la Ley de Víctimas también se conoció otro rostro doloroso de la guerra: las personas afectadas por el conflicto armado exiliadas en el exterior. A corte de octubre de 2017, la Unidad de Víctimas tenía registradas 20.063 personas en 43 países. En este contexto, una de las organizaciones más reconocidas es la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España. La mayoría de personas exiliadas se encuentran en Ecuador, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Panamá y Costa Rica.
La otra historia
Sería ingenuo decir que las organizaciones de víctimas nacieron con la ley 1448 de 2011. Como lo señalan diferentes historiadores, las acciones colectivas y los movimientos sociales en Colombia han existido siempre como reacción al conflicto armado. La violación de derechos civiles y políticos ha sido uno de los principales motivos para que la población se organice y reclame, además de sus derechos, una representación ante las instituciones que les permita acceder e incidir en temas como la justicia y la verdad.
La antropóloga Flor Ala Romero señala, por ejemplo, que el movimiento por la defensa de los Derechos Humanos se hizo visible en la década de los setenta. “En esa primera etapa, la labor de organizaciones no gubernamentales se centra en la denuncia, la confrontación y la educación ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales”, dice. Las huelgas obreras y las protestas estudiantiles de los años setenta son un buen ejemplo de la organización de población afectada por el conflicto. Es más, desde entonces los paros cívicos —todavía populares en el país— se comienzan a consolidar.
A finales de los años setenta, los movimientos sociales acudieron a organismos y a agencias de cooperación internacional. Entidades como Amnistía Internacional —ligada a Naciones Unidas— y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comienzan a reconocer a estas organizaciones. Esto permitió que casos como el de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, capturados ilegalmente por una patrulla del Ejército en San Alberto, Cesar, en 1989, llegaran a la CIDH. En ese caso, el Estado colombiano fue condenado.
Esta misma Corte se pronunció sobre la desaparición de 19 comerciantes en Santander en 1987. Después se comprobó que 17 de ellos habían sido retenidos por un grupo delincuencial y posteriormente descuartizados. La actividad de las organizaciones sociales también se vio reflejada en un reconocimiento por parte del Estado colombiano. El presidente Belisario Betancur, por ejemplo, reconoció la existencia de abusos contra la población civil después de que Amnistía Internacional remitiera una serie de recomendaciones.
La expansión paramilitar a finales de los ochenta y comienzos de los noventa causó serias afectaciones en las organizaciones de víctimas, que fueron atacadas y amenazadas. Sin embargo, estas mismas organizaciones fueron clave para aportar pruebas materiales y denunciar abusos por parte de los grupos armados en las regiones. La visita de la Comisión de Derechos Humanos en 1988 y 1989 y su interlocución con las organizaciones de víctimas fueron cruciales para que el gobierno aceptara la gravedad de la situación por la que estaba pasando la población vulnerable al conflicto.
Medidas contra las violaciones
La década de los noventa fue fundamental para consolidar las organizaciones de víctimas. El desplazamiento forzado, cada día más presente en la agenda de los medios, fue una de las banderas de las organizaciones sociales e incluso de la Iglesia Católica. La discusión, entre otras cosas, logró que el Gobierno promulgara leyes y decretos a favor de las víctimas, como la creación de la Red de Solidaridad Social durante el gobierno de Ernesto Samper. En 1995, además, se aprobó el CONPES 2804 con que se creó el Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.
Quizás uno de los logros más importantes de las víctimas fue la creación de los Comités Territoriales de atención para la población desplazada en 1997. Estos fueron un puente para el surgimiento de organizaciones en las regiones. También impulsaron grupos de minorías indígenas y afro. A manera de ejemplo está la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que comenzó a marcar agenda con denuncias sobre ciertos derechos, como la consulta previa.
Cuando Álvaro Uribe ganó la presidencia en 2002, negó la existencia del conflicto armado y enfocó su política en la “guerra contra el narcoterrorismo”. No obstante, en 2004, tras la movilización de diferentes organizaciones civiles, la Corte Constitucional le exigió al gobierno tomar medidas para evitar la violación masiva de derechos humanos.
Un trabajo silencioso que sería reconocido no solo por la Corte, sino por las Farc y el gobierno cuando se sentaron a negociar el Acuerdo de Paz en La Habana.
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