Hace pocos días, un niño de 12 años murió de infarto tras escuchar los disparos del Ejército contra una finca en Sumapaz. La noticia pasó desapercibida pero se suma a las denuncias por detenciones masivas, minas antipersona y "falsos positivos", ¿qué está pasando en el páramo más grande el mundo?
Por: David González
El aire de San Juan de Sumapaz no se pega a los labios y a la piel como el de Bogotá. No es un aire que irrita los ojos ni erosiona la superficie de las cosas. No es un aire tóxico. Este pequeño y convulso corregimiento rural queda a 77 kilómetros de Usme, en las últimas fronteras de la Capital.
El aire de Sumapaz, el páramo más grande del mundo (178 mil hectáreas), es cristalino como las aguas azules que nacen de sus miles de frailejones, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es un aire que no respira mucha gente. El páramo es un lugar aislado, de lagunas azules y nieblas densas, solo de vez en cuando asoma un campesino. Es más fácil encontrarse sobre la ruta a grupos de soldados que aparecen de la nada. Los campesinos dicen que allá hay diez soldados por cada civil. Ese lugar casi virgen es un escenario de guerra – y de guerra sucia dicen quienes habitan esas lomas-.
Moisés Salgado tiene 70 años, la piel quemada por la niebla y ha vivido de sembrar yuca y papa. Nunca ha disparado un arma pero en los últimos quince años ha sido detenido dos veces por cargos de rebelión. Moisés cuenta que sus detenciones no son anormales en la perpetua guerra del Sumapaz. “El Ejército se viene llevando de a 8 o 10 campesinos cada año. Ninguno ha sido condenado por el delito de rebelión, siempre salen absueltos. Al gobierno lo que le importa es seguir con la persecución”.
Moisés explica que lo peor de esas detenciones no es la desazón por la pérdida de la libertad. No. Es algo mucho más difícil, sobre todo para quienes como él nunca han dejado el páramo. “Lo más duro es respirar el aire pesado de Bogotá. Extrañaba mi oxígeno”.
Relata que las dos veces que estuvo en la cárcel duró 14 y 16 meses. Según él, lo capturaron en 2005 y en 2007 por ser líder del sindicato de campesinos. Lo tiraron en una prisión en la cárcel de máxima seguridad La Picota y luego lo liberaron porque no había pruebas. “Para un campesino eso es muy difícil y más cuando se es inocente”.
Las dos veces que fue liberado Moisés fue recibido por una comitiva grande del corregimiento. Así es en San Juan. La gente actúa en bloque y decide en asambleas, así los acostumbraron sus papás y sus abuelos. Muchos de ellos comunistas convencidos.
El pasado 17 de diciembre hubo una nueva detención masiva de campesinos. Esa vez el CTI, acompañado del Ejército, se llevó a 13 líderes, uno de ellos, edil. Según las órdenes de la Fiscalía, iban por 25 personas. En el San Juan del Sumapaz, la solidaridad es un asunto vital. Por eso el pasado sábado 7 de febrero los campesinos convocaron a una asamblea popular para denunciar los hechos. Ese sábado, en medio de las banderas rojas comunistas y en medio de los soldados jóvenes que parecen no querer estar allá, se reunieron con representantes de ONGs, de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, políticos de izquierda y Todd Howland, representante de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia
Jenny Cruz es edileza de la localidad de Sumapaz. A sus 27 años ha atestiguado todos los actos posibles de una guerra: detenciones ilegales, combates, bombardeos. Ella cuenta que a pesar de lo amplio del territorio, son una comunidad pequeña y muy arraigada. Todos se conocen con todos. “En diciembre fui testigo de esas detenciones, familiares míos fueron capturados. Uno de mis primos fue detenido junto a mi amigo Alexander Guzmán que ha hecho denuncias de bombardeos donde él trabaja.”
Su primo tiene 36 años y está en la cárcel Modelo de Bogotá; los cargos: rebelión y apoyo a las insurgencias. “No hay pruebas, unos testimonios que dicen que son testigos desertados, pero yo creo que son testigos pagados porque nadie sabe quiénes son”, dice Jenny.
El mayor Pedro Arévalo, comandante de la base militar de San Juan de Sumapaz, también presente en la asamblea a pesar de las protestas de los campesinos, sufre su propio viacrucis. Nadie lo quiere en la zona. Según la misma comunidad, el Ejército es el enemigo. Además de las detenciones arbitrarias, los habitantes se quejan por falsos positivos, contaminación de los nacimientos de agua, maltratos físicos y destrucción del monte con los bombardeos.
“Hay unas personas que se desmovilizan de la guerrilla de las FARC, ellos señalan que tal persona pertenecía a la guerrilla o que era de la red de apoyo al terrorismo: los que llevan el mercado, la logística. A nosotros nos llega un comunicado donde dicen tal persona tiene orden de captura, entonces qué procedemos a hacer, capturarlas. Llevarlas para que solucionen su situación jurídica porque la verdad uno que está en este páramo no sabe quién es quién”, trata de defenderse el mayor, que luce agobiado.
El estigma de la guerra
Cuando el Ejército lanza bombas, lo hace desde una tanqueta a 2 o 3 kilómetros de distancia. El ruido es aún más fuerte en medio del silencio del páramo. Cuando la bomba cae, destruye por lo menos 25 metros de montaña. No queda nada. Arrasa con animales y selva, queda un boquete oscuro y humeante.
José Javier Peñalosa es dueño de una tienda cerca al Batallón de Alta Montaña. Es presidente de la Junta de Acción Comunal de San José, otra vereda. Dice que el último bombardeo fue el pasado tres de enero. Él se enteró hace poco de que el Ejército lo consideraba un guerrillero. Unos obreros que el batallón había contratado para hacer una porqueriza pararon en su tienda a tomarse una cerveza. Ellos le confesaron que los soldados le habían advertido: “Ojo con ir a esa tienda, porque ese señor es guerrillero”.
“Yo le doy posada acá a mucho campesino, les guardo cosas, descargan grano, arbeja, frijol. Debe ser por eso”, dice José.
Otro campesino que pide que le reserve su nombre, dice que él nunca ha disparado un arma, que nunca lo haría. Pero acepta que si le ha hecho cargas a la guerrilla. “A mi me dicen le pago tanto y lléveme esa comida, pues yo lo hago. Ya por eso me catalogan como guerrilla, por llevar esos fletes”.
Él dice que llevó fletes de panela y abono a algunos de los guerrilleros de la histórica Casa Verde, uno de los campamentos insignia de las FARC, que estaba ubicado en medio de las selvas montañosas de La Uribe, Meta, a pocos kilómetros del Parque Nacional Sumapaz. El campesino recuerda que era un viaje de dos días en mula hace más de 20 años y que a pesar de que siempre ha habido guerrilla en la zona, ellos nunca se habían sentido tan inseguros como cuando llegó el Batallón de Alta Montaña.
Don José, el de la tienda, cuenta que un familiar suyo fue asesinado por el Ejército en la región del Duda. Se llamaba Huberney Zeleita Mora, el Ejército iba detrás de la guerrilla y lo encontró en el camino, lo mató y lo presentó como guerrillero. Un informe del CINEP resumió así el caso: “El 12 de abril de 2012 tropas del Batallón de Alta Montaña y la Brigada Móvil 13 del Ejército Nacional ejecutaron en la vereda Buena Vista (Uribe, Meta) a HUBERNEY CELEITA MORA, un campesino de 33 años de edad, quien había salido el 11 de abril de su casa ubicada en la finca Las Palmas de la vereda Los Tambos para dirigirse a trabajar en la finca de un primo en la región del Centro Duda. El día 13 de abril de 2012, su primo le comunicó a la esposa de HUBERNEY que él nunca llegó a su lugar de trabajo, y que según rumores, podría ser la persona dada de baja por el Ejército Nacional y presentada como guerrillero”.
Don José dice que en la región la gente es y siempre ha sido izquierdista. Sabe que en esas lomas nacieron las FARC y que el estigma de ser de izquierda, más la presencia de esa guerrilla, es el coctel que sirve para el abuso de los militares. Él, sin embargo, hace como seis meses no ve un guerrillero: “esa gente ahora no se acerca por acá. Saben que la plata que hay por la cabeza de ellos es harta”.
La lucha histórica del Sumapaz
Esa tierra de montañas frías siempre ha sido un bastión de la resistencia campesina. Así parece concluirlo el informe Tierra y Violencia del historiador y actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez.
En la década de los 30 los campesinos se organizaron “en torno a una especie de poderosa federación regional que llamaron la Colonia Agrícola del Sumapaz. Se estima que en su momento de máximo esplendor llegó a agrupar cerca de seis mil campesinos”.
La federación tenía sus propias normas, sus emblemas, instancias judiciales internas, mecanismos para la recolección de fondos y cierta autonomía administrativa.
La región se convirtió en un baluarte del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. Luego de su asesinato, el Sumapaz estalló como un polvorín. Los campesinos se reunieron alrededor de la figura de Juan Cruz Varela, uno de los precursores de las guerrillas, que los terratenientes llamaron “Chusmas”. En noviembre de 1955, durante el Gobierno de Rojas Pinilla, el páramo fue declarado “Zona de Operaciones Militares”, “medida acompañada de ley seca, salvoconductos, toque de queda y campos de maltrato físico y psicológico a los habitantes de la región”, dice el informe. Luego de los años de violencia, el Sumapaz quedo arrasado y abandonado a su suerte.
Horacio Díaz es uno de los asistentes a la asamblea. Escucha con la paciencia de quien lo ha visto todo. Él explica que la guerra en el Sumapaz duerme varias noches y de repente despierta, es cíclica. “He visto muchas cosas, pero mi mayor temor son los aviones. Acá estuvieron los Kafir, esos aviones especiales para bombardear. En el corregimiento de Nazarit, llegaba la avioneta, hacia la alumbración y bombardeaba cualquier sitio”.
Cuenta que las FARC también han hecho su parte en esta violencia. Y que la última vez que vio a la guerrilla fue cuando mataron a los ediles de Nazarith en octubre de 2009. Él no sabe por qué los mataron, sabe que se los llevaron a la salida de una asamblea comunal en la vereda de los Ríos. Los ediles fueron sacados a la fuerza de la asamblea y asesinados en el puente colgante de la vereda. Luego, los guerrilleros ordenaron que dejaran los cuerpos en Ánimas Bajas, un pueblo fantasma por culpa de la Violencia.
Las detenciones ilegales
Cuando se llevaron a los 13 campesinos en diciembre pasado, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), asumió la defensa legal. Su abogado, Diego Martínez, explicó que los Jueces de garantías no habían encontrado indicios claros en las evidencias. “En Colombia hay 17 mil personas acusadas de delitos políticos (como la rebelión), 2.400 de ellos en la cárcel”, dice Martínez.
Al frente de un centenar de campesinos, Todd Howland, representante de la ONU afirmó: “Siempre estamos preocupados cuando llegamos y escuchamos que hay polémica entre la comunidad y el Estado. Nuestra labor es crear un puente de comunicación que va a ayudar a cambiar esta situación”.
La verdad es que para los campesinos va a ser muy difícil que esa situación histórica -que ellos señalan de persecución política- cambie. Con las FARC a un lado de la montaña y el Ejército al otro, la sociedad civil seguirá siendo carne de cañón.
El mayor Pedro Arévalo, del Batallón del Ejército de San Juan de Sumapaz, insiste en que ellos solo cumplen órdenes. “En los últimos años la seguridad es bastante compleja porque la guerrilla, el frente 51 y el 53 de las FARC, vienen desde el Meta a hacer ataques terroristas (hace dos años volaron un camión y murieron cinco soldados y un capitán. Meses después, un soldado pisó una mina antipersonal y lo mató). El Ejército está acá para evitar eso, pero la comunidad nos quiere sacar a toda costa”.
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Moisés dice que mientras no haya paz, nada va a cambiar. “Acá no hay diálogo, no hay confianza, solo represión. Pero no me queda duda de que nuestra única salida es que triunfe el proceso de paz en La Habana, esa es la esperanza para que nosotros los campesinos podamos vivir en libertad”.
Mientras Moisés termina de hablar, la mayoría de los campesinos han regresado a sus casas. Oscurece y, como la mayor parte del día, la neblina arropa el caserío. El aire fresco que adormece los miles de frailejones se mezcla con el humo negro de las decenas de vehículos de funcionarios que regresan a Bogotá. –“Menos mal no vienen tan seguido”- dice Moisés.
Solo quedan soldados, muchos soldados, en las calles silenciosas de San Juan de Sumapaz.