VerdadAbierta.com y Pacifista.co estuvieron en el corazón del conflicto por la tenencia de la tierra en Urabá. ¿Se incuba una nueva violencia?
Por: ¡PACIFISTA! y Verdad Abierta
En Macondo, un corregimiento de Turbo tan lejos de todas partes, se vive desde finales de 2012 una compleja situación por cuenta de la restitución de tierras. Allá, donde corren arroyuelos cristalinos en medio de planicies interminables, poco más de 180 familias campesinas que alegan haber sido desplazadas por la violencia paramilitar de mediados de los años 90, y luego, obligadas a vender sus parcelas a precio de nada, decidieron regresar, por su propia cuenta y riesgo, a lo que consideran como propio.
La reacción de quienes hoy figuran como propietarios no se hizo esperar. Recurriendo a todos los mecanismos que les permite la Ley, han logrado una veintena de desalojos llevados a cabo por la Fuerza Pública que, por lo general, nunca terminan bien. Para los labriegos, sus retornos sin ningún tipo de acompañamiento, y sin que medie decisión judicial alguna, constituye una medida desesperada ante la lentitud que muestran los procesos de restitución en los estrados judiciales. Quienes hoy poseen la tierra manifiestan que se trata de avivatos que buscan pescar en río revuelto. Y las instituciones del Estado, cuyo poder de mediación está quedando en entredicho, han quedado en medio de una vieja y rancia disputa por la tierra que se libra en varios frentes.
En Macondo, donde la Ley es letra muerta y no hay ningún tipo de autoridad a quien recurrir, hay quienes están empleando la fuerza de las armas para defender sus extensiones de tierra. A los despachos judiciales de Turbo, así como a las oficinas de organismos humanitarios y defensores de derechos humanos, han llegado decenas de denuncias sobre amenazas, agresiones y ataques armados cometidos por hombres sin rostro que hacen recordar el terror que impusieron las huestes paramilitares. Allá, el miedo tiene muy buena memoria.
Mientras esto ocurre en las llanuras de Macondo, en los estrados judiciales se libra una intensa batalla donde los bandos enfrentados no se guardan nada de su arsenal jurídico. Mientras las organizaciones que defienden a las víctimas de despojo acusan al Estado, particularmente a la Unidad de Restitución de Tierras, de inoperancia y negligencia, alentando de paso las vías de hecho amparándose en consideraciones constitucionales y jurisprudenciales; apoderados de ganaderos, terratenientes y agroempresarios, señalados y sindicados de ser despojadores, ripostan instaurando demandas contra lo que consideran un cartel de falsas víctimas del despojo que busca lucrarse individualmente a costa de la restitución de tierras.
Y así, entre invasiones (o retornos, según el cristal con que se mire) y desalojos; entre amenazas de muerte y peleas a puño limpio y machete; entre intimidaciones con pistolas y fusiles; y entre demandas de las víctimas de despojo y contrademandas de ganaderos y terratenientes en el marco de un pulso político que va más allá de simplemente recuperar unas tierras para campesinos humildes, transcurre la vida en este corregimiento de Turbo llamado Macondo.
VerdadAbierta.com y Pacifista.com estuvieron en este rincón del Urabá antioqueño para tratar de entender y conocer, de la voz de los protagonistas involucrados, la realidad de lo que pasa allí. Y esto fue lo que encontramos.
El caos que creó el Estado
En el Juzgado Segundo de Restitución de Apartadó, Urabá antioqueño, reposa el caso de José María Calle. Según relató a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que documentaron su historia, José María abandonó su predio, ubicado en el corregimiento de Macondo, Turbo, en 1996, debido a la intensa violencia que ejercieron los paramilitares en ese rincón del Urabá antioqueño y que le arrebató la vida a un hermano y dos cuñados suyos. Meses después fue contactado por un comisionista quien a punta de presiones, intimidaciones y amenazas, lo obligó a vender su finca por la suma de once millones de pesos. La transacción se cerró, según José María, sin que se firmara documento alguno.
Tanto el caso de José María, como las otras 260 solicitudes de restitución que comprometen predios ubicados en Macondo, se enfrentan a un galimatías jurídico. Este corregimiento hace parte del Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó, un territorio colectivo conformado por 40 comunidades negras y 107 mil hectáreas, que se extienden desde el municipio de Riosucio, Chocó, hasta adentrarse en ese pedazo de Turbo llamado Macondo.
Para que los casos avancen se requiere, en primer lugar, conocer los resultados de una caracterización realizada el año inmediatamente anterior por el Cinep, que tiene como objeto identificar cuantos habitantes mestizos (es decir, campesinos) habitan el Consejo Comunitario, cuántos son propietarios y salieron desplazados por cuenta de la violencia paramilitar y, a su vez, cuántos adelantan hoy procesos de restitución de predios de manera individual.
Según la Ley 70 de 1993, que regula lo concerniente a los territorios colectivos, la propiedad de la tierra es de los Consejos Comunitarios, juntas de gobiernos autónomos conformados por líderes negros elegidos por sus propias comunidades. Como la tierra en los territorios colectivos tiene un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, allí no se pueden realizar restituciones individuales sino que estas deberán ser a nombre del Consejo, en este caso el Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, que, a su vez, devolverá los predios a los campesinos reclamantes.
Quienes conocen a fondo el tema no dudan en señalar que se trata de un enredo causado por el mismo Estado pues no de otra manera se entiende que, al momento de declarar los territorios colectivos en la región, los funcionarios no hayan tenido en cuenta las más de 150 resoluciones de adjudicación de baldíos que realizó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) en la década de los 80. A José María, por ejemplo, el Incora le adjudicó mediante Resolución 1227 del 31 de julio de 1985 la titularidad sobre un baldío de 35 hectáreas al que llegó el 1 de enero de 1974 y con sus manos y su esfuerzo, colonizó para él y los suyos.
A esto se suma que en 2013 la Unidad de Restitución de Tierras negó la inscripción de las solicitudes en el registro de tierras despojadas de un grupo de campesinos de Macondo argumentando que estaban reclamando tierras baldías de la nación que hacen parte de la Reserva Forestal Protectora del Río León. En efecto, mediante Resolución 024 de 1971, el desaparecido Inderena declaró como “Zona de Reserva Foresta Protectora Nacional” la cuenca del Río León, que abarca territorio del municipio de Mutatá y de este corregimiento de Turbo.
Sin duda, un complejo nudo gordiano que José María no ha tenido la paciencia de ver cómo desatan las entidades estatales. Por eso decidió actuar sin importar las consecuencias. Y un día, hace ya cinco años, regresó, con enseres y familia, a la misma finca de la que salió despavorido a finales de los años 90 sin importar que allí habitaran otras personas, quienes dijeron ser trabajadores de un señor llamado José Vicente Cantero, un ganadero de la región capturado en diciembre de 2013 tras ser acusado de despojo de tierras, y quien inexplicablemente figura ahora como dueño de su finca.
La decisión de un campesino atrevido
“Eso fue como en octubre de 2008. Resulta que recibí una notificación donde me decían que me tenía que presentar en el Juzgado Civil de Apartadó. A mí, hasta ese día, no me habían llegado a demandar”, relata José María, quien haciendo gala de una memoria prodigiosa, recuerda cada detalle de lo que pasó ese día: “Fui donde el juez, y me dijo que me había demandado ese señor Cantero que porque él me había comprado la finca hacía ya siete años y que yo no le había querido entregar los papeles”.
El campesino, con indignación evidente, le tocó explicarle al juez que, cuando salió desplazado de su finca se fue solo para la ciudad de Cartagena y que su esposa se quedó en Chigorodó, Urabá antioqueño. Que pocos meses después de su destierro fue contactado telefónicamente por un señor de nombre Jorge Mario Ruiz, quien palabras más, palabra menos, le dijo que vendiera su tierra o a su esposa le podía ir mal. La llamada la hicieron desde la casa de su esposa. Según el campesino, todo el negocio se hizo por teléfono y pese a que recibió once millones de pesos, nunca firmó documento alguno que legalizara la transacción.
“Yo soy el que tendría que demandar a ese bandido. Yo nunca le he vendido mi finca a él. Esa finca es mía”, fue la respuesta final que le dio José María al juez. Y así lo hizo. Recurrió a la Defensoría del Pueblo con sede en Apartadó para conseguir un abogado que lo defendiera en este litigio. “Y como al mes me llamó. Era una mujer. Me dijo que no, que eso estaba muy difícil. Que me iban a reembolsar cuatro millones de pesos para que entregara los papeles. Yo le dije que no. A los días me volvió a llamar y que era mejor que recibiera la plata”.
La abogada le insistió tanto que recibiera el dinero a cambio de entregar los papeles que despertó la ira de José María. “Entonces, me asesoré de otros abogados de una ong, y como eso no avanzaba me metí con otras 13 personas que también son dueños de tierras de por aquí. La gente que había aquí ni se metió con nosotros”. Cómo pudo levantó un cambuche en una caballeriza que habían construido en su finca. “Pero el inspector de Policía de (corregimiento) Currulao me visitó tantas veces con ganas de desalojarme, hasta que lo logró”.
El 8 de diciembre de 2012, a eso de las 9 de la mañana, un piquete de Policías destruyó las improvisadas viviendas que José María y sus compañeros de causa habían levantado. Sería el primero de varios desalojos que viviría este labriego, algunos de ellos, realizados por desconocidos que han recurrido a la intimidación y el uso de las armas.
“Después de eso me fui para Chigorodó y en el 2013 volví y me metí. Había un administrador aquí y le dije: ‘necesito media casa porque voy pa’dentro. Esta finca es mía. Si no sabes la historia de esta finca, mejor no te metas. Pero a los días recibí una llamada: ‘José María, si no sale dentro de tres días de esa finca no respondemos por la vida suya’. ¡Y qué va! no me pensaba ir, pero los hijos se asustaron mucho y me tocó irme”.
¿Retornados o invasores?
El 2 de abril de 2014, José María regresó nuevamente a la finca de la que ha tenido que salir a la fuerza ya en tres oportunidades. Pero, para esa fecha, este labriego ya no se encontraba solo. Poco más de 180 familias que como él alegan haber sido desplazados durante los años de la cruenta violencia paramilitar y luego obligados a vender sus tierras a precio de nada, decidieron regresar a las que consideran sus tierras, situación que se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo en la región.
Para las autoridades civiles y de Policía de Turbo se trata de invasores, a quienes se les debe castigar con todo el peso de la ley hasta tanto los jueces especiales de restitución de tierras digan lo contrario. La Unidad de Restitución de Tierras, por su parte, ha condenado estas acciones de hecho tras considerar que no justificables y que pueden llegar, incluso, a afectar las solicitudes de restitución de predios de este corregimiento, tal como lo manifestó en mayo pasado el propio director nacional de esta entidad, Ricardo Sabogal: “Las personas que se quieren aprovechar del proceso son detectadas, denunciadas y pronto estarán tras las rejas. Son entre 8 y 12 años de cárcel para quienes pretendan defraudar la ley. Los jueces de la República son los que deciden a quién le pertenecen las tierras, no las vías de hecho”.
Según los labriegos, su condición es la de retornados sin acompañamiento estatal. Para ellos, “el Estado tiene gran parte de responsabilidad en este lío. Nos animó a que reclamáramos las tierras que nos robaron. Pero cuánto tiempo llevamos en esto y nada. Decidimos retornar y ahora dizque somos invasores”, tal como lo expresa Beatriz Elena Mestra, quien al igual que José María, decidió ingresar a Macondo, con intenciones de recuperar la que dice es su finca, ubicada en el corregimiento Nuevo Oriente. Se trata de un predio que lleva poco más de siete años pidiéndole a la justicia le restituya, alegando que le fue despojado por comisionistas que la obligaron a vender luego de ser expulsada por paramilitares, por allá a finales de la década de los noventa.
Beatriz Elena, como las poco más de 180 familias que hoy se encuentran en Macondo, se apoyan en la decisión proferida, en octubre de 2014, por el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, quien impuso medida cautelar sobre el Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó, medida que fue ratificada por este mismo despacho el pasado 2 de junio, tras resolver la apelación interpuesta por personas que hoy figuran como dueños de grandes extensiones de tierra al interior del Consejo Comunitario.
En ella, el juez se abstiene de declarar a los campesinos como invasores, “pues implicaría una calificación jurídica que solo puede darse en el debate del proceso judicial de restitución de tierras”. Por el contrario, señala que se trata de un proceso de retorno sin acompañamiento que se da bajo los criterios de voluntariedad, seguridad y dignidad de víctimas del conflicto armado y pide al Estado acompañar a estas comunidades, a la vez que ordena a las autoridades municipales, administrativas, policiales y judiciales de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia), abstenerse de ordenar y realizar desalojos en contra de estas comunidades, hasta tanto el proceso en la jurisdicción de tierras se resuelva.
Mientras el secretario de Gobierno de Riosucio, Chocó, Isaac Rivas, dice que su municipio acata la orden bajo el entendido de que, efectivamente, se trata de víctimas de la violencia y no invasores; su homólogo de Turbo, Eduard López Vélez, argumenta que la decisión protege a quienes llegaron al territorio antes de diciembre de 2014.
“Pero, ¿y los que están llegando después de diciembre qué? Algo hay que hacer con ese tema”, advierte el secretario de Gobierno de Turbo. En efecto, en lo que va corrido del año, las autoridades civiles y de Policía de este municipio confirman la llegada masiva de familias a veredas protegidas por la medida cautelar. El hecho ya originó serias alteraciones de orden público, como el ocurrido el pasado 11 de febrero, donde en confusos hechos, fueron atacados con palos, machetes y pistolas de aire, varias de estas familias.
La tierra: ¿excusa de lucha por el poder?
Sin duda, la pregunta clave en todo este tema es: ¿de quién es la tierra en ese rincón del Urabá antioqueño? Quiénes se atreven a responder señalan sin pensarlo los nombres de José Vicente Cantero, Humberto Duque Peláez, Fabio Moreno, Adriano Pino Palacios y Jaime Uribe como poseedores de extensas haciendas dedicadas a la ganadería, principalmente. “Ellos figuran hoy como opositores en los procesos que se están adelantando ante la Unidad de Restitución de Tierras”, señala Carlos Páez, líder de reclamantes de tierras del Urabá antioqueño.
Sobre varios de ellos pesan investigaciones por parte de la Fiscalía que los sindica de ser presuntos despojadores. De hecho, algunos ya fueron detenidos por las autoridades de Policía, como es el caso de José Vicente Cantero y Adriano Pino Palacios.
Para el abogado Elmer Montaña, director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes e integrante del grupo de juristas que defiende a Adriano Pino Palacio, el proceso que se adelanta contra su apoderado es todo un exabrupto judicial.
Según este abogado, lo que se está viviendo en el Urabá antioqueño es evidencia de que allá, la disputa por la tierra es mucho más que un asunto de devolver fincas robadas a campesinos humildes. “No desconocemos que, efectivamente, hubo campesinos a los que les despojaron sus tierras de manera violenta y la justicia tendrá que devolverles sus predios. Pero también estamos viendo una serie de personas que viene mintiendo en los procesos, que han convertido esto de la reclamación de tierras en un negocio”.
Argumenta, como ejemplo, que la resolución de acusación contra su cliente se sustentó, además, en los testimonios de 25 testigos quienes afirmaron que luego de haber sido desplazados por los paramilitares, a mediados de la década de los noventa, fueron obligados a venderles sus tierras al ‘Negro Pino’, como se le conoce en la región.
“Solicitamos realizar un contrainterrogatorio. Lo hicimos en octubre de 2014. Y todos ellos incurrieron en contradicciones y en falsedades. Varios reconocieron que nunca fueron víctimas del desplazamiento. Otros dijeron que habían vendido sus tierras, pero antes de que llegaron los paramilitares. Las mentiras llegaron a tal punto que muchos reconocieron que habían declarado de esa manera porque fueron inducidos u obligados. En resumen, estas personas nunca dijeron la verdad”, declara.
“Y sobre esto ya existen antecedentes con sentencias de por medio”, continúa el jurista, haciendo referencia a los casos de Carlos Paez y Víctor Manuel Correa, a quienes un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín les negó las pretensiones de restitución de sus predios, ubicados en el corregimiento Macondo de Turbo, por considerar que sus testimonios fueron “dudosos, inverosímiles y poco convincentes”, ordenando además una investigación penal contra ellos. En el caso de Correa, la decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El caso de Paez deberá ser resuelto por esta misma Alta Corte.
Sus afirmaciones sobre la existencia de un cartel de falsos reclamantes de tierras ya comenzó a ser escuchadas por las entidades del Estado. Primero fue el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien a través de entrevistas en diversos medios periodísticos denunció que había personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por víctimas, querían hacerse con tierras de manera fraudulenta.
Luego, el pasado 24 de mayo, el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció la captura de por lo menos once personas que, haciéndose pasar por falsas víctimas, presentaron solicitudes de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras. Entre las personas capturadas figuraba Álvaro Mesa Cadavid, hermano del exdiputado de la Asamblea de Antioquia, Rodrigo Mesa Cadavid.
“Pero este señor no es un reclamante; todo lo contrario, lo capturan porque se opuso a una sentencia proferida por un juez especial de restitución de tierras que le ordenaba a este señor devolver un predio, ubicado en la vereda Paquemás, de Turbo, y él se negaba”, señala Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, organización no gubernamental que acompaña, asesora y representa judicialmente a víctimas de despojo de tierras, principalmente del Urabá antioqueño.
En esta región agroindustrial, Vega es sinónimo de una controversia de vieja data. Ganaderos y empresarios que figuran como opositores en litigios de restitución recuerdan que, como militante del Ejército Popular de Liberación (Epl), del que se desmovilizó en 1991, promovió la invasión de fincas en el Urabá antioqueño, que luego el Estado tuvo que adjudicar a los campesinos invasores. También lo vinculan con la existencia de un cartel de falsos reclamantes en el Urabá antioqueño, que alentó desde sus tiempos como coordinador regional en Antioquia de la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).
“Detrás de las reclamaciones de tierra hay todo un negocio. Existen poderes donde los reclamantes se comprometen a entregar el 30 por ciento del bien restituido”, tal como lo señala el abogado Montaña, quien agrega “eso es legal, pero es muy cuestionable, en especial cuando uno observa que detrás de esto está una persona como Gerardo Vega, quien fue coordinador regional de la Cnrr en Antioquia y ahora funge como abogado de muchas personas que se registraron como víctimas ante la Cnrr”.
Las autoridades locales también lo asocian con la compleja situación de invasiones de fincas que viene teniendo lugar en diferentes municipios del Urabá antioqueño. “Nosotros creemos que Forjando Futuros y este señor (Gerardo) Vega vienen alentado a los campesinos para que invadan las fincas. Eso no pasa en Chigorodó, ni en otras veredas de Turbo. Pero allá, en Macondo y Guacamayas, la gente se siente respaldada por Vega”, declara el secretario de Gobierno de Turbo.
Para todos y cada uno de estos señalamientos, Vega tiene sus respuestas. “Nosotros promovemos retornos sin acompañamiento estatal. Esa figura existe en la Constitución Política, es legítima. Y sí, lo seguiremos alentando ante la lentitud que está mostrando la Ley de Víctimas y Restitución”.
Vega aclara, además, que la Fundación Forjando Futuros contribuyó en la documentación de por lo menos 500 casos de despojo y que actualmente figura como apoderado judicial en 40 procesos judiciales que se adelantan ante los jueces especiales de tierras. “Y todos de manera gratuita”, enfatiza, mientras señala con su dedo índice el parágrafo del poder donde se lee: ‘el mandato conferido para esta actuación judicial no generará ningún tipo de honorarios ni para la Fundación ni para los abogados apoderados’. Para eso está la cooperación internacional”, precisa.
“Tampoco tengo condenas ni sanciones de ningún tipo como dicen”, relata Vega, mientras exhibe certificaciones de la rama judicial, el Ministerio de Defensa, la Contraloría y la Procuraduría en los que se lee: “No tiene ningún tipo de antecedente”.
Donde hace mayor énfasis es en cuestionar el llamado cartel de falsos reclamantes: “Analizamos mil sentencias que se han proferido desde que salió la Ley (de Víctimas y Restitución de Tierras) hasta el 15 de marzo de este año, las cuales representan a 1.980 reclamantes y en los que se han restituidos 1.760 predios. En esas sentencias, los jueces reconocen que el 98 por ciento de esos reclamantes fueron verdaderas víctimas de despojo. También reconocen que el 89 por ciento de los opositores eran poseedores de mala fe. Entonces, ¿por qué se habla de un cartel de falsos reclamantes de tierras? Lo que hay son falsos terratenientes”.
La cifra figura en el más reciente informe elaborado por la Fundación Forjando Futuros en el que señalan, además, que solo diez personas representan el 50 por ciento del total de las oposiciones en los procesos judiciales de restitución de tierras; que en el 81 por ciento de los casos los responsables del despojo fueron grupos paramilitares mientras que un grupo de diez empresas se beneficiaron de la violencia para adquirir tierras o títulos mineros.
“La tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados en la implementación de la Ley de Restitución”, reza en uno de los apartes del informe.
Los argumentos de ambas partes dan pie para preguntar si en esta región del país, donde tierra, política y violencia han constituido los pilares fundamentales de una trinidad sangrienta, la disputa por la tierra que tiene lugar hoy, tanto en los estrados judiciales como en las fértiles llanuras de la región, constituye un pulso de fuerzas por el poder.
A todo este ambiente enrarecido se le suma la aparición en abril pasado de un supuesto “grupo revolucionario” que se hace llamar ‘Nuevo Epl’ y que estaría haciendo presencia en la Serranía de Abibe. Hasta el momento ha difundido dos comunicados en los cuales fustiga fuertemente a antiguos miembros del Epl desmovilizados en 1991, entre ellos a Gerardo Vega. En relación con los reclamantes de tierras retornantes, en sus comunicados han señalado que “nuestras armas serán exclusivamente utilizadas en la defensa del campesinado retornante, para que no se imponga nuevamente el destierro armado”. Muchos temen que estos nuevos conflictos deriven en una confrontación armada de proporciones inimaginables.
Lo único cierto es que desde los campesinos reclamantes, pasando por las organizaciones que los acompañan, hasta los ganaderos y empresarios acusados de despojo, piden a gritos la intervención urgente de las entidades del Estado que, para todo ellos, ha mostrado lentitud para desactivar lo que podría ser una bomba de tiempo.
