OPINIÓN No puede ser una excusa para cualquier cosa, una asamblea debería conformarse como la salvaguarda del proceso de paz.
Columnista: Rodrigo Sandoval
Las Farc, con ayuda de algunos líderes de izquierda y muchos de la derecha, ha repetido que le gustaría que Colombia tuviera una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que haga posible las transformaciones que el sistema político y el modelo económico necesitan para consolidar una paz estable y duradera. De entrada me parece una idea terrorífica: la Constituyente no puede ser una excusa para cualquier cosa, debe provenir de un profundo acuerdo nacional de que no hay otra forma para cambiar el país.
La idea de la guerrilla es peligrosísima, las fuerzas políticas de diferentes corrientes ideológicas todavía viven en la nostalgia de la Constitución de 1886 y pueden querer regresar a un régimen más cerrado y centralista. La Constitución del 91 creó una nueva estructura social y jurídica que diseñó el Estado para el siglo XXI. Con todos sus desaciertos, el país ha progresado para reconocer e incorporar las lógicas de la diferencia, bajo el básico principio democrático de que gobiernan las mayorías sin pasar por encima de las minorías.
El problema es que las Farc seguramente tienen miedo de que el Congreso no vaya a estar a la altura del momento histórico. Es cierto que los acuerdos entrarán a ser organizados y puestos en discusión en la segunda parte y última parte del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando todos están más preocupados por elegirse que otra cosa. Sin embargo, hay que reconocer valor en los actuales representantes del pueblo: abolieron la reelección de cualquier funcionario del Estado y redujeron a la mínima expresión una de las instituciones más antiguas de nuestro ordenamiento jurídico, la Comisión de Acusaciones.
Con lo anterior en mente, creo que la Constituyente debería ser la salvaguarda del proceso. ¿Cómo así?Sencillo, si el Congreso no acepta el reto de transformar el ordenamiento jurídico de este país en un plazo expedito, el Gobierno y las Farc podrían optar por una Asamblea Nacional Constituyente. Esto quiere decir que la reforma absoluta de la Constitución sería la segunda vuelta de este proceso, el plan B.
Seguramente, para la sociedad civil esto implica presionar con fuerza y contundencia al Congreso para que cumpla con sus funciones, a la vez que si se da la constituyente significará que habrá que salir a proteger la acción de tutela, los derechos fundamentales, la nueva concepción de familia, los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afro, la resiliencia al cambio climático y la independencia de los organismos de control y el banco central.
