Opinión | La desinformación y las campañas sucias durante elecciones son fenómenos sobre los que se lleva discutiendo hace un buen tiempo. En Colombia se está tramitando una ley que busca atacar esto, pero puede traer riesgos de censura.
El congreso colombiano está tramitando una ley que pareciera atacar formas de campaña sucia como las de Trump en las elecciones gringas, pero trae riesgos de censura.
Se trata de un artículo en la reforma al Código Electoral que prohíbe la “violencia política” en la propaganda de elecciones. Suena buenísimo, pero el lío está en los detalles. La ley ataca un problema clave: la polarización, los insultos y la desinformación le hacen daño a la democracia. Pero la solución que tramita el Congreso puede ser peor: una ley ambigua que facilita la censura de críticas o comentarios chocantes sobre candidatos o sus campañas.
La desinformación y la campaña sucia durante elecciones son un fenómeno sobre el que se lleva discutiendo hace un buen tiempo, especialmente por el impacto que estas tuvieron sobre elecciones de países poderosos como las presidenciales gringas de 2016 o el Brexit en el Reino Unido. Esto también nos ha afectado en Colombia, como sucedió con la desinformación durante el plebiscito por la paz. Y en las elecciones locales del año pasado hubo denuncias de videos manipulados, cuentas falsas, montajes y la difusión de mensajes para desinformar a la gente. Por ejemplo, el hoy alcalde de Cali fue acusado de formar parte de las FARC. Y el hoy alcalde de Medellín fue señalado de ser el candidato de Gustavo Petro y fue víctima de un montaje con un video en el que lo señalaban de ser un ‘capucho’.
El problema está lejos de ser solucionado y Donald Trump dio cátedra durante el conteo que decretó su derrota. El presidente gringo se inventó reglas sobre el escrutinio de votos, hizo acusaciones infundadas de fraude y pataleó exigiendo que se detuviera el conteo de votos. Trump sembró rabia y desconfianza contra el sistema y su contrincante. Plataformas como Twitter, Facebook y Google tomaron medidas para contrarrestar la difusión de este tipo de mensajes y algunos medios también decidieron cortar la desinformación de Trump en una rueda de prensa, pero todavía falta mucho para conocer los efectos de esto.
La propuesta que nos trajo nuestro Gobierno, junto con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para responder a este problema está en el artículo 107 de la reforma al Código Electoral. Esta propuesta, que actualmente es debatida en las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes, trae una definición larga y confusa de lo que sería “violencia política” en propaganda electoral. Se incluyen los ataques contra la honra, el honor, el buen nombre o la intimidad de las personas; amenazas físicas o contra “el buen nombre y reputación” de organizaciones políticas como partidos o movimientos políticos; y la “difusión de noticias falsas o injuriosas”. También se establece que el CNE investigará y sancionará estos hechos.
Las leyes que usan el término “noticias falsas” han sido usado en varios lugares del mundo para perseguir a críticos y a periodistas investigativos. Los relatores de libertad de expresión de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han rechazado este tipo de normas porque dan mucho margen de maniobra para la censura. Es un término ambiguo que deja de lado si hubo intención de causar daño o si se trató de un error de buena fe y que no tiene en cuenta que hay casos en que no es fácil identificar lo que es falso o verdadero. En principio se diría que esta ley solo aplica para la propaganda de candidatos, partidos y otros grupos y no para lo que diga el público, pero su redacción es demasiado confusa y peligrosa. Incluso si solo aplica para estas personas, puede terminar restringiendo denuncias o críticas válidas de candidatos.
Además de caer en ese error, esta propuesta pone “el buen nombre y reputación” de las organizaciones políticas en un pedestal. Esto es peligroso porque puede usarse para silenciar denuncias de corrupción o críticas sobre qué tan bueno es un candidato o no. La CIDH ha dicho en varios momentos que las expresiones sobre funcionarios y figuras públicas, incluyendo las que se dedican a “cuestionar la capacidad e idoneidad de un candidato” son asuntos de interés público y deben ser protegidos. Con esta norma, el CNE tendría herramientas para castigar a uno u otro candidato por decir que su contrincante no es apto para el cargo. ¿Qué habría pasado con la denuncia de los narcocasetes si esta norma hubiera existido en ese entonces?
Buena parte de este artículo es innecesaria y solo crea confusión sobre cosas que ya existen. Hoy en día, sin que exista esa ley, la gente tiene el derecho a pedir una rectificación cuando haya informaciones inexactas o erróneas sobre ella. También tiene derecho a poner una tutela si no le gusta la respuesta a la solicitud o si considera que se afecta su intimidad con una publicación.
Las elecciones que perdió Trump fueron un buen ejemplo de varios de los problemas de desinformación que han crecido durante los últimos años y pueden ser una advertencia de otros retos por venir en Colombia. Un ejemplo es la creación de un grupo trumpista en Facebook que buscaba “detener el robo” de las elecciones y que en la práctica parecía estar incentivando violencia.
Crear una ley como la que se discute en este momento no soluciona ningún problema del pasado ni del futuro sobre este tema. El Congreso debería crear instancias de diálogo por medio de esta ley para que las políticas de este tema en Colombia dejen de estar detrás de las discusiones de varias ONG, académicos, plataformas y gobiernos en el mundo. Tal vez eso sí sirva para evitar que las técnicas de pataleta y desinformación de Trump se esparzan en Colombia.
A Emmanuel lo encuentran acá.
