Si no se presentan ante la justicia, el Acuerdo de Paz sufrirá un golpe muy fuerte que sufrirán principalmente las víctimas.
Esta semana será clave para la implementación del Acuerdo de Paz de La Habanna. Jesús Santrich, Iván Márquez y José Manuel Sierra, alias ‘Aldinever’ – mano derecha de ‘El Paisa’ – tienen poco tiempo para demostrar que están comprometidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, de fondo, con la construcción de paz en Colombia. De que comparezcan ante la justicia dependerán no solo sus procesos, sino la legitimidad del Acuerdo para las víctimas, quienes esperan verdad, reparación y garantías de no repetición.
Este martes, todos los reflectores de los medios apuntarán a la Corte Suprema de Justicia. ¿La razón? Jesús Santrich debe presentarse a una indagatoria ante la Corte por una investigación relacionada con narcotráfico en su contra, delito que Santrich habría cometido después de la firma del Acuerdo de Paz. Desde el domingo 30 de junio no se tiene certeza sobre el paradero de Santrich; abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata en el corregimiento de San José de Oriente, en la Paz, Cesar. Dejó atrás su esquema de seguridad y en la Unidad Nacional de Protección (UNP) no tienen noticia sobre el líder guerrillero.
Desde la oposición han señalado que Santrich huyó a Venezuela e incluso que se unió a las disidencias, hipótesis que hasta el momento no tienen sustento en hechos. No obstante, el abogado de Santrich, Eduardo Maytas, aseguró ante los medios de comunicación que atenderá la diligencia a las 9:00 a.m. en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema como apoderado de Santrich. Después de salir de prisión, Santrich dijo, en entrevista con ¡Pacifista! que seguiría luchando por el Acuerdo de Paz desde las vías institucionales. Que sus palabras tengan credibilidad dependerá, en buena medida, de que asista a la diligencia judicial.
Santrich también tiene otros compromisos ante la JEP. El 29 de julio debe asistir a rendir versión sobre el Caso 001, relativo a las retenciones ilegales. Este proceso de la justicia transicional iría en paralelo al de la Corte Suprema y, en caso de que se termine hallando culpable a Santrich, podría ser extraditado por cometer el delito de narcotráfico posterior al Acuerdo de Paz. Sobre esta posibilidad, el mismo Santrich ha dicho que bajo ninguna circunstancia permitiría ser extraditado.
Si Santrich no comparece a la audiencia ante la Corte, los magistrados pueden definir una nueva fecha o, si no encuentran argumentos convincentes sobre su no comparecencia, emitir una orden de captura para que sea detenido y presentado ante la justicia. Por otro lado, si tampoco asiste a la JEP, esta jurisdicción podría abrir un incidente que podría terminar en la pérdida de los beneficios pactados en el Acuerdo de Paz. De acuerdo con fuentes consultadas en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Santrich no se ha comunicado con ellos ni tienen noticia sobre su paradero.
La JEP le pone un ultimátum a Iván Márquez
Este lunes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP emitió un auto ordenándoles a las autoridades que entreguen toda la información sobre Iván Márquez, quien no ha asistido a la jurisdicción argumentando problemas de seguridad. La Sala abrió un incidente de incumplimiento el pasado 29 de mayo por la inasistencia de Márquez a las audiencias a las cuales fue citado. Teniendo en cuenta que no ha comparecido, ahora la JEP ordenó que se practiquen las pruebas correspondientes para dar con su paradero y definir su situación jurídica.
Desde el pasado 17 de junio, la JEP y la Procuraduría solicitaron que se practicaran las pruebas contra Márquez. No obstante, la abogada del líder de Farc solicitó información sobre requerimientos judiciales nacionales o internacionales contra Márquez. La Sala respondió que no tenía información al respecto y abrió un plazo de cinco días para que diferentes autoridades aporten la información que tienen sobre Márquez, de tal manera que se pueda decidir sobre su situación ante la JEP. Si no cumple con los requisitos del régimen de condicionalidad, como garantizar la reparación de las víctimas y comprometerse con las medidas de no repetición, podría perder los beneficios jurídicos.
Mientras tanto, la defensa de quien fue el jefe negociador de las Farc en La Habana pidió que no se practicaran pruebas, señalando que existen “nuevas y muy graves amenazas en contra de la vida e integridad física de distintos integrantes del grupo familiar de mi representado, hechos puesto en conocimiento de la Fiscalía que hoy no cuentan con resultados investigativos”.
Para que Márquez pueda adquirir los beneficios de la JEP es necesario que aporte verdad plena, repare a las víctimas y garantice la no repetición, lo que quiere decir que se abstenga de cometer nuevos delitos. La defensa de Márquez señala que no ha asistido por una “persecución” en su contra. Por esta razón, la JEP le solicitó a la UNP que aclare si Márquez ha solicitado ingresar a los programas de prevención y protección o si ha pedido que se le suministren medidas de seguridad. Por otro lado, la Jurisdicción le pidió a la Fiscalía que certifique si Márquez presentó alguna denuncia sobre “la existencia de amenazas a su integridad personal”.
En la lista de autoridades que deberán informar sobre el caso de Márquez también está la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que debe suministrar toda la información relacionada con presuntas alteraciones de seguridad o del orden público en el ETCR de Miravalle, Caquetá, donde se encontraba Márquez. El Ministerio de Defensa, así como la Misión de Verificación de la ONU, también deben decir si tienen bajo su conocimiento situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de Márquez.
Migración Colombia, por su parte, deberá certificar si existen registros de alguna salida del país por parte de Iván Márquez. Por otro lado, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP tiene el trabajo de realizar un seguimiento y recolección de toda la información sobre Márquez, incluidos los mensajes que ha emitido a través de las redes sociales. También deberá realizar entrevistas “y actividades investigativas” en el ETCR de Miravalle y en municipios cercanos para establecer las fechas en las que permaneció en la zona. Es importante, señala el auto de la JEP, que la UIA tenga en cuenta las versiones de las autoridades locales y pueda tener luces sobre la efectiva dejación de armas de Márquez. La Sala recordó en su auto que el pasado 20 de mayo Márquez le dijo a sus compañeros que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo”.
El Paisa y su mano derecha, también en el limbo
La oficina de comunicaciones de la JEP envió dos autos: el de Iván Márquez y el de Juan Manuel Sierra, alias ‘Aldinever’, quien tampoco ha asistido a las diligencias en la JEP. De hecho, desde el pasado 29 de mayo la Sala de Reconocimiento ordenó la apertura de un incidente de verificación y cumplimiento para determinar si Sierra sí está comprometido con cumplir con las obligaciones del Acuerdo.
‘Aldinever’, quien perteneció al frente 53 de las Farc y quien fue hombre de confianza tanto de Jorge Briceño, alias ‘el Mono Jojoy’, así como de Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’, se fue del ETCR de Mesetas, Meta – donde trabajaba en proyectos productivos de reincorporación para cerca de 500 exguerrilleros – en agosto de 2018, mes en el que ‘El Paisa’ abandonó el ETCR de Miravalle, Caquetá. Fue llamado a rendir versión en abril de 2019 y no llegó. El 12 de junio, el apoderado de del exguerrillero pidió que la Sala no ordenara practicar pruebas. Sin embargo, como lo dice el auto, el abogado no esgrimió razones de peso para que la sala tuviera en cuenta esta consideración.
También en este caso, la JEP les ordenó a todas las autoridades reportar la información para verificar si, en efecto, ‘Aldinever’ está dispuesto a someterse a las reglas del Acuerdo de Paz. La suerte de Márquez y de ‘Aldinever’ puede ser la misma de ‘El Paisa’ si no se presentan ante la JEP. En el caso de este último, la Jurisdicción le pidió su captura a la Policía y a la Interpol por no atender a tres citaciones en la JEP. Actualmente existen 35 órdenes de captura y 26 condenas contra ‘El Paisa’ por terrorismo, homicidio, secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, tráfico de armas, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
Si Iván Márquez y Santrich no se presentan a las diligencias judiciales que tienen pendientes, el Acuerdo de Paz sufrirá un golpe muy fuerte que tendría sus efectos principalmente las víctimas, quienes depositaron la confianza en una promesa de verdad.
