El Centro Democrático intentó, sin éxito, cambiar radicalmente la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué hizo esta entidad en el segundo año de la paz?
El año que pasó fue difícil para la implementación del Acuerdo de Paz. En las elecciones presidenciales quedó claro que su columna vertebral, el sistema de justicia transicional, estaba en riesgo. Este sistema fue rechazado por el Centro Democrático y puesto en duda varias veces por su candidato y hoy presidente de Colombia, Iván Duque, quien prometió “modificaciones estructurales” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de impartir justicia a los actores de la guerra.
A pesar de los riesgos, la JEP salió bien librada en 2018, lo mismo la Comisión de la Verdad, clave para investigar lo que pasó en casi 60 años de conflicto armado. El congreso fue clave en todo este proceso. Aunque el Centro Democrático es la fuerza política más fuerte en el capitolio, con 19 curules en el Senado y 32 en la Cámara de Representantes, su capital no le ha alcanzado para sacar adelante las reformas que cambiarían el Acuerdo de Paz. Los partidos Liberal, la U, el Polo Democrático, Decentes, el Partido Verde y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) hicieron un contrapeso: entre todos suman 52 curules en Senado de 102 y en Cámara de Representantes son 79 de 164.
En junio de este año, el Centro Democrático introdujo modificaciones a la JEP a través de reformas a la Ley de Procedimiento. La senadora Paloma Valencia solicitó que se limitaran las competencias de la JEP en los casos de extradición, de tal manera que la Jurisdicción no pudiera pronunciarse de fondo sobre estos casos (como el de Jesús Santrich). El segundo cambio fue la creación de un procedimiento especial y diferenciado para los militares, pues según ella, los magistrados actuales no “pueden otorgar garantías para los militares”. Sin embargo, todos estos cambios se cayeron y no fueron avalados por la Corte Constitucional.
El pasado 19 de diciembre, en una sentencia de 915 páginas, la Corte avaló la Ley Estatutaria que le da todas las garantías legales a la JEP para funcionar. Solo falta la sanción presidencial para que, de manera definitiva, queden claras las reglas con las que operará la justicia transicional. En general, la Corte avaló la Ley Estatutaria tramitada por el gobierno, dejando intacta su estructura general. Por ejemplo, queda claro que existirán delitos no amnistiables, como “la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”.
La JEP, hoy, tiene la competencia legal para encargarse judicialmente de los hechos relacionados con el conflicto antes del primero diciembre de 2016, cuando comenzó a implementarse el Acuerdo de Paz. La JEP tendrá la facultad para establecer si los delitos de quienes se sometan ocurrieron en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Sobre la responsabilidad de terceros, la Corte reiteró lo que señala la Ley Estatutaria: solo serán procesados quienes se sometan voluntariamente. Las sanciones alternativas para quienes reconozcan la verdad serán de cinco a ocho años de cárcel. Quienes no reconozcan su responsabilidad recibirán una pena entre 15 a 20 años de prisión.
Sobre los casos de extradición, el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, señaló que “por delitos cometidos antes del acuerdo final hay una prohibición absoluta de extradición. Para delitos nuevos se requieren nuevos requisitos incluido el concepto previo de la JEP, de la Corte Suprema de Justicia y del presidente de la república”. Por otro lado, la Corte señaló que “la garantía de no extradición hace parte de los tratamientos especiales de justicia y consiste en la prohibición de concederla u ofrecerla por delitos ocasionados durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta su finalización”. En caso de que se llegue a determinar que los delitos fueron cometidos después de la firma del Acuerdo, el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia, órgano que deberá hacer un estudio de fondo para definir si solicita la extradición.
Conscientes del contexto político, los congresistas del Centro Democrático buscaron acuerdos en el senado para sacar adelante una reforma menos radical a la que había propuesto Valencia. El primero de noviembre sucedió algo inusual: los senadores Gustavo Petro y Álvaro Uribe, con otros congresistas, firmaron un acuerdo para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sin tocar su esencia. Después de dos horas de debate, 19 de 22 congresistas de la Comisión Primera del senado llegaron a puntos medios sobre la reforma que la congresista Paloma Valencia pretendía hacerle a la JEP. Dos de estos puntos: incluir 14 magistrados nuevos para diferentes salas de la jurisdicción y reforzar la carga de la prueba en los juicios para contrarrestar el contenido de las confesiones. No obstante, este preacuerdo no avanzó en el congreso.
Mientras tanto, la JEP avanzó
El segundo semestre fue clave para la JEP. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos de la Jurisdicción convocó diferentes sesiones entre el 22 y 26 de octubre para escuchar a las víctimas del secuestro. Por esta sala pasaron Sigifredo López, Alan Jara, Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Lizcano, Íngrid Betancourt, Clara Rojas, entre otros. En sus declaraciones, las víctimas relataron su pasado, hablando sobre las condiciones en las que sufrieron sus secuestros, en los tratos inhumanos que recibieron y en la reparación que están esperando.
Meses antes, en julio, los máximos representantes de la antigua guerrilla de las Farc asistieron a la JEP para comenzar el proceso jurídico por los secuestros que cometieron. A la jurisdicción asistieron Rodrigo Londoño, ´Timochenko´, Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. En total, la JEP citó a 31 excomandantes por los casos de secuestro entre 1993 y 2012, periodo en el que se habrían cometido entre 2.500 y 8.500 de estos crímenes. Uno de los máximos excomandantes de las Farc que no ha comparecido ante la JEP es Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como “El Paisa”. El pasado 6 de diciembre, la JEP le solicitó al gobierno la ubicación de ‘El Paisa’, quien abandonó la zona de reincorporación de Miravalle, en Caquetá, en agosto de este año. Al no comparecer ante la JEP, el excomandante puede perder los beneficios del Acuerdo de Paz y podrían reactivarse las órdenes de captura en su contra.
Aunque el paradero de otros dos excomandantes históricos de las Farc, Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’ y Henry Castellanos Garzón, ´Romaña´, es incierto, ellos presentaron informes ante la JEP, aceptando su sometimiento ante la justicia transicional. Sin embargo, han enviado diferentes cartas cuestionando la implementación del Acuerdo de Paz y una supuesta persecución desde la Fiscalía. Por esas razones, dicen, su paradero es desconocido.
¿Qué pasó con la Comisión de la Verdad?
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición comenzó su mandato el pasado 29 de noviembre. Después de seis meses de preparación, los 11 comisionados comenzaron, de manera oficial, un trabajo arduo que tiene como objetivo esclarecer lo que sucedió en casi 60 años de conflicto armado. Los tres años de mandato de la Comisión comenzaron con una ceremonia simbólica que fue precedida por el padre Francisco de Roux, presidente de la naciente entidad. “El objetivo de la Comisión es el esclarecimiento de una verdad compleja, participativa, que requiere el contraste de puntos de vista y que debe satisfacer a la explicación que piden las víctimas”, dijo en su discurso.
La Comisión tendrá cuatro objetivos generales: escuchar a las víctimas, tomar las declaraciones de los responsables directos: guerrilleros, paramilitares y agentes de Estado; convocar a terceros que fueron determinantes en los crímenes, ya sea como colaboradores o propiciadores. Por último, la entidad tendrá que garantizar un espacio abierto para que los ciudadanos puedan aportar al esclarecimiento del conflicto. Después de hacer estas tareas, la Comisión entregará un informe que será esencial para entender el conflicto en Colombia.
En octubre pasado, el Centro Democrático, a través de un proyecto de Ley, intentó limitar el acceso a la información para la Comisión de la Verdad, cuestionando una supuesta inclinación ideológica de los comisionados. No obstante, el proyecto fue archivado y no obtuvo el respaldo necesario en la Cámara de Representantes. El padre Francisco de Roux escuchó las inquietudes de los congresistas del Centro Democrático y se comprometió a entregar una metodología rigurosa sobre el procesamiento a la información, la cual será divulgada ante la ciudadanía. Teniendo en cuenta que la Comisión podrá acceder a documentos reservados, se establecerán una serie de protocolos para el acceso a los mismos. Sin esa información, como dijeron en la misma Comisión, sería difícil investigar lo que pasó con más de 82.000 personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
La Comisión estará presente en 10 “macroregiones” y en 26 municipios, donde tendrán comisiones móviles, de tal manera que alcance a cubrir todo el territorio nacional. En tres años deberán construir un informe final en el que se establezcan los patrones del conflicto armado. En los seis meses de alistamiento la Comisión definió los municipios donde estarán ubicadas las 26 casas de la verdad para escuchar a las víctimas del conflicto. De momento se sabe que estas casas cubrirán nueve regiones: Caribe e insular, Costa Pacífica, Cafetera, la Surandina, Noreste, Suroriente, Central, Bogotá y Magdalena Medio.
En estos lugares, además de recolectar información, se harán encuentros con víctimas, victimarios y comunidad. Al ser una entidad extrajudicial, la Comisión no hará juicios ni establecerá responsabilidades individuales. Como lo dijo el presidente de la Comisión, “nosotros no somos jueces, no castigaremos a nadie”. El rol de esta entidad será contribuir a la reconciliación y la implementación del Acuerdo de Paz a través de la verdad. Sin ella, difícilmente puede pensarse en la no repetición, una de las condiciones para que la justicia transicional sea exitosa.
Y aunque la Comisión hoy cuenta con el marco legal que necesita para funcionar, lo cierto es que el presidente Iván Duque le ha dado la espalda. En la ceremonia simbólica del 29 de noviembre no estuvo presente y no justificó su inasistencia. En julio, después de ganar las elecciones presidenciales, se reunió con los comisionados de la Comisión de la Verdad para expresar sus puntos de vista sobre el Acuerdo de Paz. Desde entonces, Duque ha mantenido un silencio incómodo.
