EL apoyo de la ciudadanía y la falta de mayorías en el Congreso podrían ser los factores que terminen por darle continuidad a la Jurisdicción Especial para la Paz.

No hay lugar a dudas: el presidente Iván Duque buscará, a toda costa, modificar el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc. Siguiendo la línea política de su partido, el Centro Democrático, el presidente anunció que objetará seis puntos de la Ley Estatutaria que garantiza el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y anunció, además, que presentará una reforma constitucional para cambiar el Acto Legislativo 01 de 2017, el cual define el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para la implementación del Acuerdo. Con estas modificaciones que pretende hacer, toca la columna vertebral del Acuerdo al que se sometieron más de 13.000 excombatientes.

Desde la noche de ayer, y una vez Duque anunció su decisión de objetar los seis puntos, diversos colectivos que han apoyado y hecho seguimiento al Acuerdo de Paz citaron a manifestaciones. La primera, para este lunes, será un ‘Cacerolazo’ frente a la Plaza de Bolívar a las 12 del mediodía, y la segunda un plantón bautizado ‘La JEP se respeta’. Este último tendrá lugar el miércoles a las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar y ya ha recibido el apoyo de congresistas de diversas fuerzas políticas, entre ellos algunos representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Está por verse qué tanto efecto podría tener la movilización social en este nuevo panorama político que se abre.

Una alta fuente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) – quien nos pidió mantener su nombre en reserva mientras el partido se manifiesta públicamente –  nos dijo que la estrategia de Duque es “un claro incumplimiento al Acuerdo de Paz. Es necesario que la ciudadanía se movilice de nuevo alrededor de la paz. Se nos están hundiendo los Acuerdos”.

La preocupación, según la fuente, es latente, pues Duque no está respetando la separación de poderes y está objetando una Ley que ya había pasado por el Congreso y que fue avalada por la Corte Constitucional. “La Corte Penal Internacional podría intervenir. Si yo fuera la CPI, ya estaría mirando con lupa a Colombia porque lo que lo que está haciendo el Centro Democrático es un intento de sutraer de la investigación el fuero de competencia de la JEP a militares y a generales”.

En efecto, con las objeciones Duque pretende quitarle poder y fortalecer a la Fiscalía General, en manos de Néstor Humberto Martínez, quien ha criticado las facultades de la JEP en temas concretos, como la extradición.

Con las objeciones, Duque quiere cambiar seis puntos específicos de la Ley Estatuaria: que la JEP defina de manera clara la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas; que se determinen las competencias del Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de las personas que se sometan al Acuerdo; que no se suspendan las actuaciones de la justicia ordinaria para los comparecientes de la JEP –es decir, que la Fiscalía siga en frente de investigaciones relacionadas con el conflicto– que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados y que existan sanciones tangibles; que el Tribunal de Paz no pueda practicar pruebas para evaluar pruebas en ningún caso, haciendo énfasis en la extradición.

El último punto que objetó concierne justamente a la extradición. Según Duque, la Ley no deja claro los términos para que se condicione una extradición si el compareciente acepta contar la verdad.

Uno de los puntos más preocupantes es la reforma que presentará Duque para modificar el Acto Legislativo 01 del Acuerdo de Paz. El presidente busca modificar tres puntos generales, por ahora: la exclusión de los delitos sexuales a menores en la justicia transicional; la ratificación de que las personas que reincidan en actividades criminales pierdan todos los beneficios judiciales y que “todas las conductas delictivas que hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la Justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición”.

Estos serían los puntos que cambiaría, pero una reforma constitucional deja varias puertas abiertas para modificar, desde su estructura interna, el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

¿Qué viene?

Las objeciones de Duque deberán ser estudiadas en el Congreso, donde el presidente no tiene mayorías. Si el Congreso las acepta, las objeciones pasarían a la Corte Constitucional, corporación que estudió un año la Ley Estatuaria y emitió una sentencia de 900 páginas avalándola. Lo más probable, si pasan las objeciones, es que la Corte siga su línea jurisprudencial y no las acepte. Mientras esto sucede, la JEP, que tiene más de 7.000 casos en curso, queda para sobre un piso jurídico incierto. Así las cosas, Duque se gana los aplausos del Centro Democrático a costa de un choque de trenes con la Corte Constitucional y un pésimo mensaje ante la comunidad internacional que ha respaldado los acuerdos.

Por ahora, Duque cuenta con el respaldo del Centro Democrático, el partido Mira, el Conservador y Colombia Justa Libres. Por otro lado, partidos como el Verde, Polo, Farc, Decentes y Liberales se opondrán, como lo hará probablemente el de la U. La posición de Cambio Radical será clave para determinar el futuro de las objeciones y, por ahora,  existe una división entre quienes están seguros de mantener la lealtad frente al fiscal y los que no quieren participar de un incumplimiento al acuerdo firmado con las Farc.

Mientras esto se resuelve, la posición de Iván Márquez, quien catalogó como un “frankestein” a la JEP, pueden crecer las disidencias de las Farc, que ya cuentan con por lo menos 1.500 integrantes.