Los analistas dicen que no hay un solo indicador de la lucha antidrogas que demuestre su éxito.
- Ilustración por: Melissa Vásquez.
“El enemigo número uno de los Estados Unidos es el abuso de drogas. Para combatir y derrotar a este enemigo es necesario emprender una nueva ofensiva”. Con esa frase, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos entre 1969 y 1974, declaró la guerra contras las drogas en 1971. Ahora, 45 años después, esa guerra continúa y sus resultados no son los esperados.
La evidencia es amplia. Según Open Society Foundation, una organización que financia iniciativas de la sociedad civil que contribuyan al desarrollo en temas como educación, derechos humanos, seguridad ciudadana o políticas de drogas, los costos indirectos de esta guerra global se cuentan en ejecuciones extrajudiciales a gran escala, inseguridad e inestabilidad de comunidades, efectos negativos a la salud pública, desplazamiento forzado de la población, altos niveles de corrupción enquistada y pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado, entre otros.
A pesar de la inversión y el esfuerzo de los Estados, la oferta de drogas en el mundo no da tregua, como tampoco disminuyen los índices de consumo. De hecho, las políticas de prohibición han victimizado, sobre todo, a las comunidades de países productores y de tránsito, como Colombia.
Revisamos las cifras de los informes más completos, y consultamos a quienes más conocen sobre la evolución de la lucha antidrogas, para saber cuáles son los fracasos de una guerra que ya completa más de cuatro décadas:
La prohibición aumenta el número de presos, y afecta especialmente a los más vulnerables
- Ilustraciones por: Melissa Vásquez.
La guerra contra las drogas se ha valido de un enfoque punitivo. El objetivo ha sido atacar, supuestamente, a los eslabones más fuertes en la cadena del narcotráfico e ir debilitando sus redes; pero los más afectados con la prohibición del consumo, el porte, el tráfico y la distribución, entre otros delitos, han sido, por el contrario, los eslabones más vulnerables: consumidores y cultivadores, quienes hoy representan a la mayoría de la población carcelaria detenida por asuntos relacionados con drogas.
Según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia (ODC), son casi 25 mil los presos por delitos relacionados con drogas en el país. Ellos representan el 13.2% de los internos. La mayoría son hombres y, del total, 13 mil están condenados únicamente por un delito, ya sea tráfico, fabricación o porte de estupefacientes –los 12 mil restantes están en las cárceles por dos o más delitos relacionados con estupefacientes–.
Según el Reporte de Drogas de Colombia 2015, elaborado por el Ministerio de Justicia, sólo en 2014, alrededor de 87.000 personas fueron capturadas por la Policía Nacional por delitos relacionados con drogas. De ellos, el 93% por cantidades que oscilaban entre 0 y 250 gramos de alguna sustancia ilícita, principalmente marihuana.
“Con el prohibicionismo se construye el delito. La prohibición fortalece lógicas de violencia y corrupción. Es todo un paquete. La construcción del prohibicionismo implica una respuesta militar y policial que redunda en el crecimiento constante de estos índices”, dice Camilo González Posso, exministro de Salud y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz.
La prohibición promueve un mercado ilegal con altos índices de violencia
Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes, en su presentación Drogas y política de drogas en Colombia (2014), presentado por el economista Daniel Mejía, el aumento en el tamaño del mercado ilegal de drogas observado entre 1994 y 2008, que fue del 200% aproximadamente, explica alrededor del 25% de la tasa de homicidio actual del país.
Sin ese aumento en los mercados de cocaína en el intervalo de esos años, dice el CESED, “la tasa de homicidios en Colombia no sería de 32 homicidios por cada 100,000 habitantes, sino de 24. En otras palabras, Colombia sería un país latinoamericano promedio en términos de sus niveles de violencia”.
En cifras más exactas, dice el CESED que el aumento de los mercados explica alrededor 3.800 homicidios adicionales por año relacionados con el narcotráfico y la lucha contras las drogas entre 1994 y 2008.
La prohibición criminaliza al consumidor y aumenta los riesgos de consumir sustancias
Reducir el consumo de drogas era una de las principales motivaciones de la guerra contra las drogas, pero los resultados no son los esperados. Según cálculos del Reporte de Drogas de la ONU 2016, 250 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas por lo menos una vez en 2014 –uno de cada 20 adultos–. La cifra, dice el informe, es equiparable a la suma de la población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
De esos 250 millones de personas, cerca de 29 millones sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas, otras 12 millones son consumidoras de sustancias inyectables y de ellas el 14% viven con VIH. Además, el número de muertes relacionadas con el consumo para 2014 fue cercano a 207.400.
“Está demostrado que con la guerra contra las drogas ni se protegió la salud de la gente, ni se disminuyeron los indicadores de consumo. Las lógicas de consumo han seguido por otros cauces. Simplemente se le agregó otro riesgo, la violencia. En lo que tiene que ver con prevención, reducción y protección en relación al consumo, esta estrategia ha demostrado ser completamente fracasada”, dice Camilo González.
La última encuesta nacional de consumo de drogas liderada por los Ministerios de Salud y de Justicia, el porcentaje de personas que recurrieron, por lo menos una vez en la vida, al uso de sustancias ilícitas como marihuana, basuco, éxtasis o heroína, pasó de 8,6% en el año 2008 a 12,17% en el 2013. Es decir, en los últimos cinco años ha aumentado el consumo.
Con el aumento del consumo aparece el fenómeno del narcomenudeo, que trae consigo problemas de seguridad y convivencia ciudadana. “El consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque más personas las consumen sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso”, dice el Reporte de Drogas de Colombia 2015, que también asegura que el número de personas con consumo problemático de drogas en el país se calcula en 484.109 aproximadamente.
Además, según el CESED, el Estado les está fallando a las personas que necesitan tratamiento. “El Estado tiene una capacidad de atención que difícilmente supera una de cada mil personas en esa condición; el 95% de los centros de tratamiento son privados y carecen de evaluaciones sistemáticas sobre procedimientos, eficacia y efectividad”.
“El consumidor de drogas es una persona que, sea por un trastorno o no, opta por consumir y eso implica un asunto que puede afectar su salud. Ese colombiano debería ser atendido y no perseguido, debería ser sujeto de derechos en salud y de derechos sociales y no objeto de una persecución policial que lo puede llevar incluso a perder la libertad”, dice Inés Elvira Mejía, asesora de políticas de drogas.
La prohibición ha promovido la expansión de zonas de cultivos y el daño ambiental
En Colombia se fumigan cultivos desde 1982, cuando las autoridades fueron tras la marihuana en pleno auge de la ‘bonanza marimbera’. En 1992 inició la aspersión sobre la amapola y, desde 1994, se focalizó en los cultivos de coca.
Según el Cesed, desde el año 2000, cuando empezó a ejecutarse el Plan Colombia –la estrategia conjunta entre Colombia y EE.UU. para acabar con el narcotráfico, entre otros objetivos–, se han asperjado más de 1.600.000 hectáreas de cultivos de coca y se han erradicado manualmente más de 413.000, sin lograr efectos significativos. Al mismo tiempo, la estrategia ha tenido otro tipo de consecuencias: daños ambientales, desplazamientos y pérdida de confianza en las instituciones del Estado.
El problema, a pesar del incremento o disminución de hectáreas cultivadas, está en el deterioro ambiental acelerado que sufren las zonas de cultivo, que resulta en deforestación, erosión, contaminación de fuentes hídricas y afectación de la diversidad biológica del país. También, aparecieron los problemas de desplazamiento, pérdida de confianza en las instituciones del Estado y afecciones de salud que ha dejado la aspersión aérea, el método más utilizado para combatir los cultivos.
Open Society, en su informe Producción de droga, pobreza y desarrollo estima que el número de personas desplazadas por este motivo en Colombia alcanza los 5 millones, -el 15% de la población-. Igualmente, otro informe, titulado ¿Cómo afecta al medio ambiente la política de drogas?, menciona que cuando los cultivos se destruyen, por lo general aparece un aumento de las pérdidas en el hábitat más no la disminución de cultivos de coca. En el país, 2,910 km2 del área total de bosque primario han migrado al cultivo de coca entre 2001 y 2014.
La prohibición afecta en especial a mujeres pobres y vulnerables
Las mujeres son especialmente vulnerables ante la problemática de las drogas. En un documento de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas UNGASS 2016, ONU Mujeres sostuvo que “la participación de las mujeres en el consumo y tráfico de drogas refleja las reducidas oportunidades económicas y el reducido status político con que las mujeres se encuentran en su vida diaria”.
Colombia es evidencia de eso. El informe Mujeres, política, droga y encarcelamiento realizado por el ODC, arrojó las siguiente cifras: en el país, desde 1991, el número de mujeres encarceladas se ha multiplicado 5.5 veces, y de ese porcentaje de mujeres, casi 5 de cada 10 está en la cárcel por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres y el 52% madres cabeza de hogar.
La principal motivación resulta ser la búsqueda de medios y recursos para cuidar y proveer a las personas a su cargo, pues el perfil de las mujeres que se involucran en delitos de drogas suele ser bastante específico. La mayoría son madres cabeza de hogar, de pobres condiciones económicas y con pocas oportunidades para ingresar al mercado laboral. Dicho perfil las hace más funcionales para las organizaciones criminales de drogas. En otras palabras, la necesidad las empuja a realizar actividades de baja remuneración y alto riesgo.
Dados sus resultados, la prohibición ha sido una inmensa pérdida de plata
Aunque no hay cifras muy exactas, Transform Drug Policy Foundation, una organización con base en Reino Unido, calcula que el gasto mundial antidrogas excede los $100 mil millones de dólares anuales. La cifra es tan grande que se hace difícil de imaginar, pero es algo así: si el Real Madrid pagó por el pase del futbolista James Rodriguez casi 83 millones de dólares; con el gasto anual anti drogas, se podría comprar 1.204 jugadores cuyo pase cueste lo mismo que el del futbolista colombiano.
En el caso particular de Colombia, que durante la segunda mitad de los 90 se convirtió en el principal productor de cocaína del mundo, una de las maneras como se implementó la guerra contra las drogas fue a través del llamado Plan Colombia. El plan era una alianza estratégica que pretendía luchar contra el narcotráfico, fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad y consolidar el desarrollo social en el país. En 15 años del plan, cumplidos en 2015, el Gobierno de Estados Unidos invirtió cerca de 10 mil millones de dólares y, el colombiano, según el mismo Gobierno, cerca de 131 mil millones de dólares.
Esas inversiones se tradujeron, principalmente, en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación criminal de las Fuerzas Militares y de Policía. El país engrosó su arsenal pasando de tener 35 helicópteros en 1999 a más de 200 en 2014; y amplió sus filas, pues desde 2003 las Fuerzas Militares han crecido en más de 50.000 uniformados y la Policía Nacional en más de 80.000, según la Presidencia de la República.
La prohibición fracasó y aún no somos capaces de idear e implementar una alternativa
La guerra contra las drogas pretendía liberar al mundo de las drogas, pero no ha podido. Por el contrario, ha dejado consecuencias nefastas, y ha demostrado que un mundo sin drogas es imposible.
“La lógica misma de la represión está generando sus propias condiciones de fracaso: si no funciona, no disminuye la oferta y no logra su propósito. Y cuando funciona y reduce la oferta, incrementa los precios generando incentivos para que otros entren y se genere el efecto globo. Eso es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Se logra una represión exitosa de la marihuana en México, entonces la marihuana se traslada a Colombia. Se logra una represión eficaz de la marihuana en Colombia, entonces se traslada a Estados Unidos”, dice Rodrigo Uprimny, director del área de política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
Entonces, ¿Para qué ha servido la guerra contra las drogas? Según Camilo González, esta guerra ha servido “como instrumento de subordinación de los gobiernos y los ejércitos a las directrices y a las estrategias de los Estados Unidos. La intervención ocurre en la justicia y las políticas de seguridad, de tal manera que la guerra es muy funcional a los mecanismos de subordinación. En Colombia, ha sido, fundamentalmente, parte de la estrategia contrainsurgente, de control de poblaciones”.
Entonces, ¿Triunfó o no? Para Inés Elvira Mejía, no. “No creo que haya nada que pueda ser identificado como un triunfo de la guerra contra las drogas. Yo creo que de ese enfoque punitivo no hay absolutamente nada que destacar”. Con Mejía, también coincide Uprimny: “la guerra contra las drogas, y en general la prohibición, es un enorme fracaso, tanto por razones de sus objetivos explícitos, que no se han cumplido; y por sus consecuencias y efectos contraproducidos”.
