La reforma política, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la definición de las circunscripciones especiales deben reglamentarse antes de noviembre.
-
Fotoilustración: Zafaraz
Por: Daniel Valero
Quedan menos de 45 días para que el Congreso, haciendo uso del fast-track, expida tres normas vertebrales que le darían vida plena al Acuerdo de paz de La Habana. El plazo puede ser insuficiente ahora que se empieza a sentir el retraso y el ambiente político no es el mejor. Sobre este tema se ciernen tres miradas: algunos lo llaman saboteo, otros dicen que son solo cuestiones de mecánica política y también hay quienes afirman que solo se trata del detenimiento con el que deben abordarse estas discusiones, trascendentales para el país.
El debate es álgido, pues las reglas con las que operará la Justicia Especial para la Paz (JEP), la reforma política (o lo que queda de ella) y la forma en la que se les dará vida a las 16 circunscripciones especiales para la paz tienen un impacto directo sobre el estandarte institucional colombiano y, por supuesto, hay muchos intereses en juego para diversos sectores. Además, se avecina la campaña política de 2018.
Estas son las tres iniciativas legislativas prioritarias para reglamentar los acuerdos de paz, pues hace unos meses el Gobierno expidió más de 30 decretos dándole vida jurídica a otros aspectos. Sin embargo, ahora quiere hacer valer las mayorías parlamentarias que aún le quedan para aprobarlas de forma expedita durante lo que queda de vigencia del fast-track.
Pero esa no es una tarea tan fácil. Si bien en el Capitolio y en la Casa de Nariño dan por hecho que estas tres normas estarán aprobadas en noviembre, cuando vence la prórroga de 6 meses que se le dio al fast-track en mayo, existen otros factores que impactan directamente sobre el debate y que tienen la fuerza de dilatarlo o, incluso, de amenazarlo.
Al presidente Juan Manuel Santos le queda menos de un año en el poder. Eso le da libertad para jugarse sus cartas políticas, pues con el sol a cuestas no tiene mucho que perder y menos cuando su desfavorabilidad ante la opinión es altísima. Sin embargo, eso también ha generado que hasta los sectores políticos que han sido sus aliados acudan a la crítica para ganar votantes en las próximas elecciones legislativas.
Para marzo y mayo, del otro año están previstas las elecciones de Congreso y Presidencia, respectivamente. Varios de los actuales legisladores quieren relegirse y el discurso ‘propaz’ no es actualmente el más rentable. Además, los más de 25 candidatos con intención de convertirse en Jefe de Estado saben que la crítica da más réditos electorales que el apoyo irrestricto a un Ejecutivo que va de salida.
Prima la política
¿Y esto cómo impacta en el trámite de tres normas relevantes para el posconflicto? Veamos.
En materia política son dos proyectos los que más despiertan debate entre los congresistas. Por un lado, la reforma política, porque puede definir las reglas de juego para las elecciones del 2018 y, por otro, la forma en que se entregarán las 16 curules de las circunscripciones especiales para la paz.
La primera –la reforma política– llegó a primer debate en la Comisión Primera de la Cámara con 23 artículos y salió con 13; o sea que para su segunda discusión en la plenaria de esa corporación tendrá 10 menos y seguramente, de acuerdo con varias fuentes consultadas, seguirá reduciéndose.
Uno de los temas más álgidos, y que podría quedar eliminado del texto del proyecto, es el de las listas cerradas para Congreso en el 2018, lo cual obligaría a los partidos a tener candidatos con capacidad de arrastre de votos por opinión, para no perder espacios que los denominados ‘caciques’ ganan de forma individual y generalmente con grandes inversiones. Por supuesto hay muchos otros aspectos, pero este en particular preocupa a varios legisladores.
El representante Jorge Enrique Rozo, avalado por Cambio Radical –la colectividad del exvicepresidente y ahora candidato presidencial, Germán Vargas Lleras– aseguró que lo que está en la iniciativa “no es suficiente para cubrir las carencias del sistema político y electoral actual”. Y agrega que comparte que los Estados “deben adoptar medidas” para armonizar sus reglas de juego en la política “en el marco de toda transición”, pero dijo que esto no se debe hacer de forma “ilegítima” como, a su juicio, sucede con el texto que está en discusión.
Estamos abiertos a las discusiones y debates de diferentes sectores: ministro del Interior.
Rozo, al igual que otros legisladores, seguramente buscará reelegirse en 2018. Para él y otros posibles candidatos es más sencillo seguir jugando con las reglas de juego actuales. No obstante, el congresista asegura que su principal interés es el país, por lo que, dijo, sus posturas no buscan defender proyectos individuales o de su colectividad.
Tan arduo ha sido su debate en el Congreso, y seguro no dejará de serlo, que el analista León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, aseguró que “convirtieron la reforma política en una burla”, por lo cual, añadió, debería “hundirse”. Esto lo dice por la cantidad de artículos y temas que le quitaron y previendo que dicho ‘peluqueo’ continuará.
No obstante, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue más cauto y aseguró que lo esencial de la reforma sigue vigente: “estamos abiertos a las discusiones y debates de diferentes sectores”, dijo. Todo indica que será aprobada definitivamente, pero no sin un álgido debate e incluso más reducida. Ya se verá el resultado.
Y el otro tema, el de las 16 curules, también impacta en los intereses de los políticos que tienen que tramitarlos, en especial los que ostentan curules en la Cámara de Representantes. Esas circunscripciones, nacidas de los acuerdos de paz con las Farc, se supone que deben ser para los habitantes de las zonas más golpeadas por la guerra: solo podrían votarlas quienes las habitan y ningún partido, ni siquiera el que creó la ahora extinta guerrilla, pueden acceder a ellas.
Lo que pasa es que, precisamente, por ser zonas de influencia violenta de las Farc es muy probable, a juicio de los críticos de la iniciativa, que el liderazgo guerrillero –ahora político– quiera quedarse con el dominio sobre quienes ostenten esas curules. El senador uribista Carlos Felipe Mejía aseguró que esas curules “no serán para víctimas de la violencia”, sino que, por el contrario –añadió–, serán “para más miembros de las Farc o para quien ellos decidan”. Esto, por supuesto, lo desmiente el Ejecutivo y sus aliados. “Esas zonas por primera vez van a tener un representante”, dijo el senador y codirector de ‘la U’, Armando Benedetti.
Este proyecto seguramente será aprobado, pero debe enfrentar un duro debate como el que ya vivió en el Senado, donde el semestre pasado casi se hunde y obligó a maniobrar con agilidad política para lograr que pasara a la Cámara. Y aquí será nuevamente fuerte su discusión, pues todos quieren defender la comodidad del statu quo.
El debate por lo judicial
En lo relacionado con la JEP, cuyo estandarte jurídico ya fue aprobado en el semestre anterior y hace parte del ordenamiento constitucional desde abril, se debe tramitar una ley estatutaria que reglamente explícitamente cómo y a quiénes se van a aplicar los mecanismos allí previstos.
De los 7.000 militantes de las Farc que dejaron las armas, por lo menos 5.000 han sido cobijados, o están en proceso de serlo, por la ley de amnistía que se aprobó para darles seguridad jurídica. Esto, bajo el argumento de que no son responsables de delitos atroces o de lesa humanidad. Los restantes, incluyendo a sus máximos cabecillas como ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’, tendrán que ser juzgados por la JEP y las implicaciones que ello contiene, como el tipo de penas que deberán pagar.
Lo que sucede es que con este marco jurídico también se va a juzgar a los civiles que tuvieron alguna incidencia en los más de 50 años de guerra, entre ellos podría haber políticos de relevancia nacional y empresarios de mucha influencia. Esto, por supuesto, será lo que las autoridades judiciales tendrán que definir en su momento, al igual que lo que pase con los que financiaron el conflicto.
Además, se ha pedido claridad en diversos aspectos relacionados con el lavado de activos, los límites con el accionar de la justicia ordinaria y, entre otros varios temas, la suerte de las víctimas de la guerra y de los propios miembros de la Fuerza Pública. En política es difícil tener a todos los sectores contentos, pero a la hora de buscar votos lo mejor es tener la mayor cantidad de aliados y, por eso, en este debate la campaña electoral también impacta.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, a quienes muchos ven cercano al Cambio Radical de Vargas Lleras, ha dicho que se deben aclarar para quiénes son los beneficios de la JEP, porque –si es solo para un sector– habría “justicia transicional para la subversión y justicia ordinaria para los demás actores del conflicto”, lo que “pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera, porque la sociedad haría tránsito de una guerra militar a una guerra jurídica”. El director del Partido Liberal y senador, Horacio Serpa, defendió este mecanismo de justicia transicional: “Sin Justicia Especial para la Paz no habrá paz”, sentenció.
En todos estos debates jugará un papel clave el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, avalado también por Cambio Radical. Al ostentar esa posición, logró detener por casi un mes el trámite de este proyecto reglamentario de la JEP, argumentando que se requería más claridad sobre su contenido.
Si el acuerdo de paz quedó mal redactado, las leyes y los actos legislativos que lo implementan no tienen por qué tener el mismo destino.
Ahora que la reforma política llega a su plenaria, como también puede pasar cuando llegue el proyecto de las 16 curules especiales, Lara puede dilatar el debate con medidas tan simples como, por ejemplo, darle la palabra a cada uno de los 166 representantes. Si en promedio cada legislador habla una hora en este tipo de discusiones, sobra hacer cuentas de lo que podría demorarse el debate en general. Claro está que él ha dicho en varios escenarios que su interés no es torpedear las discusiones, sino garantizar la altura del debate. Eso se verá en cuestión de días.
Como se dijo en algunas líneas más arriba, lo más probable es que los tres proyectos clave de lo que queda de legislatura pasen su examen en el Congreso, pero eso será después de un fuerte pulso de los partidos políticos, de presiones para buscar posiciones que faciliten la campaña electoral que se avecina y tras la reducción o precisión –si se quiere– de varios de los temas que incluyen los textos en discusión. Si no llegan a pasar, más allá de un fracaso político del Gobierno, significaría que deberán ser tramitados por la vía ordinaria, lo que acarrearía un retraso de al menos dos años.
El representante Hernán Penagos, avalado por ‘la U’ y protagonista de lo que será el debate que se avecina desde esta semana en el Congreso, matizó lo que se viene: “Si el acuerdo de paz quedó mal redactado, las leyes y los actos legislativos que lo implementan no tienen por qué tener el mismo destino”.
Será una ardua tarea sin contar, además, que todo lo que salga aprobado por fast-track tiene control directo de la Corte Constitucional, por lo que estas iniciativas le llegarán a ese tribunal en noviembre y, por tiempos legales, el debate allí se dará en el 2018, cuando la campaña electoral esté más viva y la opinión pública más maleable por los acontecimientos. Tal vez este organismo judicial no tiene intereses políticos, pero es innegable que sus pronunciamientos pueden impactar de forma directa en las decisiones del electorado y en los resultados de las urnas.
