Ituango será protagonista del fin del conflicto: estas son las esperanzas de su gente

Hablamos con la Asamblea Cívica por la Paz, que trabaja en el lugar donde estará una de las zonas veredales de las Farc.

Fue el proceso de paz lo que generó puntos de encuentro. Pero no fue el principio de todas las cosas. Mucho antes, organizaciones de mujeres, campesinos, comerciantes, estudiantes –eso que se llama sociedad civil–, se estaban preguntando cómo ayudar a construir paz en Ituango. Lo hacían en el que es, seguramente, uno de los municipios más emblemáticos de Antioquia por la historia de guerra que ha atravesado la vida de la mayoría de sus pobladores.

La respuesta a esas inquietudes, que andaban cada una por su lado, llevó a algunos de esos sectores a conformar la Asamblea Cívica por la Paz, una iniciativa para hacer pedagogía con los acuerdos de La Habana, pero también para incidir en el plan de desarrollo del pueblo y consolidar una agenda de posconflicto, para canalizar una voz que opine sobre la guerra y la paz, y para oponerse a la minería que, aseguran, amenaza las condiciones de vida de la gente del Norte de Antioquia.

Se reunieron, sobre todo, para exigir que esa idea abstracta de “paz territorial”, que tanto ronda los diálogos de La Habana, se discuta en los territorios. Eso, que parece una fórmula lógica, que la construcción de paz  se debe hacer en las regiones y con las comunidades, no parece estar tan claro. Nubia Ciro, integrante de la Asamblea, asegura que hasta el momento la gente de su pueblo ha contado muy poco en el proceso. “Queremos que esas propuestas de nueva sociedad que todavía están en el papel en La Habana—dice—, se discutan con nosotros, con la sociedad civil”.

¿Señales de paz o de guerra?

El 23 de junio, el día en que el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko”, máximo comandante de las Farc, ratificaron en La Habana el acuerdo de fin del conflicto para el cese al fuego bilateral y definitivo, un grupo de soldados de la Brigada Móvil No. 18 del Ejército retiró la trinchera que rodeaba el edificio que los militares ocupan desde 2003, en pleno parque principal de Ituango.

El pueblo celebró. Era la materialización frente a sus ojos del fin de un enfrentamiento armado que desde hace más de 30 años condiciona la vida de la gente en esa región y ha dejado más de 17 mil víctimas.

Esa base militar simboliza otra batalla. La que muchos civiles han librado durante años para que el Ejército se asiente por fuera del casco urbano, devuelva el edificio y esas instalaciones se utilicen para una institución educativa, el propósito con el que fue construido. El retiro de los costales de arena, que daban la sensación de estar en una zona de guerra, no era un punto final, pero simbolizaba por lo menos un paso hacia una nueva realidad en ese territorio, una más esperanzadora.

La alegría duró poco. Al día siguiente, los soldados instalaron de nuevo la trinchera. Sus superiores aseguraron que coincidió con la firma del acuerdo por simple casualidad, que no bajan la guardia, que nada tiene que ver lo que pasa en La Habana con las condiciones de seguridad que deben preservar en las zonas de conflicto.

En cambio, para algunos, poco hubo de casualidad. Aseguran que la decisión del Ejército fue una burla y, por esa razón, la Asamblea hizo una toma cultural del municipio insistiendo en que desde ahora deben empezar los gestos de paz de todas las partes para que la gente de Ituango empiece a transitar hacia el fin del conflicto.

Lo que sí dejó para Ituango el anuncio que se hizo desde La Habana es que en su territorio estará una de las zonas veredales donde se concentrarán las tropas de las Farc para la entrega de armas y la verificación del cese al fuego bilateral y definitivo. Significa que uno de los municipios que más ha padecido el rigor de la guerra será, al tiempo, uno de los que simbolizará el paso de la guerrilla a la vida civil y al ejercicio de la política sin armas.

La vereda Santa Lucía: el reto de mejorar la vida de su gente

El lugar elegido es Santa Lucía, una vereda escondida en la montañas del Nudo del Paramillo, en uno de los tres cañones que dividen el territorio de Ituango.  Desde la cabecera municipal, son tres horas de distancia por una trocha en bus de escalera. Un recorrido que sería suficiente para explicar por qué durante décadas los habitantes de ese lugar han visto a las Farc casi como un único referente de autoridad.

Fue por Santa Lucía por donde la guerrilla llegó a Ituango a mediados de la década de 1980. Ese detalle en su historia se convirtió con el tiempo en la causa de una marcada estigmatización, que luego los paramilitares transformaron en persecución. La vereda, que antes llegó a ser corregimiento, padeció por lo menos cinco desplazamientos masivos y numerosos asesinatos. La incursión paramilitar de noviembre del año 2000 es tal vez uno de los episodios más recordados. En esa ocasión, los ‘paras’ quemaron casi todas las viviendas del pueblo, mataron a dos campesinos y obligaron a 25 familias a desplazarse.

No fue el Estado el encargado de ponerle límites a la barbarie paramilitar. A fuerza de fusil, y dejando muchas otras víctimas, las Farc retomaron el control y le devolvieron a Santa Lucía y a otros lugares la “normalidad” con la cual rompió la llegada de las autodefensas. Por ello, el cambio que sufrirá esa relación entre guerrilla y comunidad –consolidada más por el tiempo que por la fuerza–, es uno de los grandes retos que enfrentará esa zona luego de la desmovilización.

Allí, en un caserío con poco más de 30 casas, una iglesia y una escuela, se desplegará todo un operativo que, esperan en Ituango, no solo garantice el buen desarrollo del cese al fuego y la entrega de armas en la región, sino un cambio en las condiciones de vida de su gente.

Nubia Ciro dice que en Santa Lucía, como en casi todas las 106 veredas de Ituango, el Estado ha sido representado cuando mucho por un profesor y por la presencia esporádica del Ejército. Entonces, el acceso a servicios depende casi siempre de la salida de los campesinos hasta la cabecera municipal.

“Lo mínimo es que lleguen las garantías, no solo para los que estén concentrados, sino para que quienes viven allá puedan acceder a otras condiciones de vida —dice la integrante de la Asamblea Cívica por la Paz—. La responsabilidad es de todos los actores: del Estado por no haber estado o haber estado de la manera que no era, solo a través de la Fuerza Pública y de un docente. Pero también de los miembros de las Farc frente a la construcción de unas nuevas lógicas de relacionamiento económico y cultural. La sociedad civil que habita allí también tiene que participar de esa construcción”.

Nubia recuerda una entrevista que escuchó alguna vez de un integrante de la delegación de paz de las Farc. El negociador decía que los diálogos tenía pretensiones que iban más allá de los intereses particulares de la guerrilla como organización. “Por eso es que los acuerdos a los que ellos lleguen tienen que beneficiar a las comunidades donde han estado —explica—. Hoy la sociedad civil y la Asamblea Cívica, acompañando a las juntas de acción comunal, están velando para que esas discusiones y esas propuestas de nueva sociedad sean concertadas con la gente que pone a disposición el territorio”.

La economía de la coca

“Mi nombres es ‘fulano de tal’, soy productor de coca. Pero entiendo, he leído y me han contado que esto se va a acabar con la negociación, que nosotros ya tenemos que tomar decisiones. Así que nosotros como campesinos productores nos reunimos y nos organizamos para elaborar propuestas y sentarnos con el Gobierno para discutir la sustitución de cultivos”.

Esas fueron las palabras de un campesino cocalero en una reunión reciente de Asamblea Cívica por la Paz. Nubia Ciro las recuerda para explicar cómo también frente a ese tema los pobladores de Ituango tienen propuestas concretas que, esperan, sean tenidas en cuenta por las Farc y el Gobierno[1].

Esa es una de las principales preocupaciones en la región: un actor armado que se va y unos palos de coca que se quedan. La guerrilla lleva años controlando un negocio lucrativo que podría simplemente cambiar de dueño y dejar a los campesinos cultivadores sometidos a las reglas que puedan imponer otras agrupaciones.

La posición de la Asamblea es insistir en que los escenarios de participación de los pobladores de Ituango y de otros municipios ya han arrojado propuestas para que eso no ocurra. Los cultivadores se asumen como campesinos, no como narcotraficantes ni como guerrilleros; reconocen que debe haber cambios en la economía cocalera, pero requieren, sobre todo, garantías de comercialización para sus productos, que les permitan conservar su vocación agrícola.

“Ellos dicen: tenemos las propuestas de qué vamos a sembrar, cómo lo vamos a sembrar y principalmente de cómo lo vamos a comercializar. Como el Gobierno ha quedado mal, y es muy difícil confiar, lo que asegura la gente es que hasta que esas tres condiciones no se den, no se arrancará un solo palo. El camino está expedito para que se puedan construir nuevas propuestas y se pueda reactivar el campo. La gente está lista para hacerlo, pero hay un camino andado que el Estado no puede desconocer”.

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[1] El domingo 10 de julio se lanzó en Briceño, muy cerca de Ituango, el proyecto piloto de sustitución de cultivos pactado en La Habana, inicialmente para 10 veredas de ese municipio. Esa experiencia luego tendrá que ser replicada en buena parte del país. Uno de los acuerdos que lograron el Movimiento Ríos Vivos y Marcha Patriótica, que agrupan a las comunidades en esa zona, es la creación de espacios de concertación para discutir los términos del proceso y de un plan de permanencia en el territorio para las familias campesinas. Se trata de que no sean solo el Gobierno y las Farc los que lleven desde La Habana su proyecto ideal de sustitución.