Los hechos ocurrieron en Huila, Caquetá y Santander el 20 de julio, el día en que el presidente acudió a la instalación de la nueva legislatura.
“¡Ni uno más! ¡ni uno más!” fue el grito de protesta que lanzaron algunos congresistas mientras el presidente, Iván Duque, pronunciaba el discurso de apertura a la segunda legislatura del periodo en curso. Con un tono recio, aseguró que se unía al grito a favor de la vida de los líderes sociales y repudiaba a sus victimarios. Sus aliados lo aplaudieron fervorosamente.
Sin embargo, la realidad brutal de las regiones no tardó en hacer llegar noticias. En las horas previas y mientras los congresistas se apostaban en sus curules y oían a Duque, tres líderes sociales más fueron asesinados en nuestro país. La distancia entre el discurso del Presidente y la realidad en los territorios, una vez más, fue evidente y preocupante.
Las cifras de la Defensoría y el Gobierno
El 20 de julio mataron a Humberto Díaz en el municipio de Gigante (Huila); a Yamile Guerra la asesinaron en Florida Blanca (Santander); y a Arbey Ramón le quitaron la vida en Montañita (Caquetá). De los tres casos el más violento fue el de Humberto, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de su municipio: fue asesinado a balazos en su propia casa. Según el presidente de la Federación de Acción Comunal del Huila, Oliberto Tintiago, muchos líderes más de la zona han venido siendo amenazados y extorsionados.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, reportó esta mañana en la radio que los casos de amenazas contra líderes han aumentado en un 42 %, registrando 982 amenazas desde marzo del 2018 hasta febrero de este año. Adicionalmente, la Defensoría tiene el reporte de 196 líderes asesinados entre marzo del 2018 y mayo de este año. Números que son mucho mayores a los que asegura tener el Gobierno y que fueron citados por Duque en el Capitolio.
No obstante, según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internaciones, en el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2017 y el 9 de junio del 2018, se registraron 105 casos, mientras que entre agosto de 2018 y julio de 2019 se han presentado 68. Este contraste de datos significa una reducción del 35% de los asesinatos en el discurso oficial. Sin embargo, la diferencia con las cifras de la Defensoría es muy amplia.
Aunque las cifras del Gobierno son las mismas que registra la oficina de la ONU en Colombia, no está muy claro por qué el Gobierno pasa por alto los registros de la Defensoría del Pueblo, que es una institución estatal. Según el Defensor Negret, las cifras de la Defensoría del Pueblo son más altas debido a que esta institución tiene más alcance en los territorios que la ONU y mayor capacidad de registro.
La profundidad del problema
Según Carlos Medina, profesor de la Nacional y Phd. en historia, hay un incremento considerable de la situación de guerra en muchos departamentos del país que “no posibilitan hacer una lectura positiva del conflicto en Colombia”. El profesor asegura que la reactivación de la guerra en departamentos como Norte de Santander y Cauca son el motivo por el cual la situación de los líderes no mejora, sino que empeora.
La presencia de nuevos grupos paramilitares; la ofensiva del ELN tras el fracaso en los diálogos; el aumento del número de disidentes debido a los incumplimientos del acuerdo; la violencia alrededor de los cultivos ilícitos; sumadas a las próximas elecciones, son causas que no permiten avizorar un cambio en el horizonte. De cualquier manera, el Presidente dice estar muy confiado de las acciones que ha realizado su Gobierno para frenar la matanza.
Según el profesor Medina, el Gobierno de Ivan Duque maneja dos discursos distintos sobre el Acuerdo de Paz. Uno proyectado a la comunidad internacional en el cual se trata de mostrar “una imagen comprometida con lo pactado y con los excombatientes”. Y otro discurso en que “pide en extradición a los negociadores de ELN sin cumplir con el protocolo de retorno” e “irrespeta los acuerdos a los cuales se suscribió el Estado colombiano con la comunidad internacional y la exguerrilla Farc”. Lo que parece evidente es que varios de los problemas derivados del proceso de paz (ocupación de territorios exfarc por otros actores armados, falta de impulso al Programa Integral de Sustitución de Cultivos y aumento de las disidencias) son los que en diversas regiones están causando la violencia contra los líderes.
¿Qué ha logrado el Plan de Acción Oportuna?
La Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia asegura que una de las supuestas razones por los cuales la situación de los líderes ha mejorado es debido al Plan de Acción Oportuna (PAO), lanzado por Duque en noviembre de 2018. Este plan funciona bajo una Comisión integrada por el presidente y los ministerios de Interior, Defensa, Justicia, el comandante de las Fuerzas Militares, el director general de la Policía y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Sin embargo, como lo contó ¡Pacifista! anteriormente, esta iniciativa del Gobierno parece centrarse fundamentalmente en aumentar el pie de fuerza en algunas regiones y en otorgar escoltas a los amenazados. No se contemplan soluciones estructurales que respondan a su vez al Acuerdo de Paz; como sería una política de restitución de tierras funcional o una reforma rural. Lo preocupante para muchos líderes es que el Gobierno asegure que la situación mejora, pero en realidad sean los líderes mismos quienes tienen que actuar para proteger su integridad.
Es el caso de Mayerlis Angarita, una líder en los Montes de María perteneciente al colectivo “Narrar para Vivir”, que, a pesar de tener un esquema de seguridad, dice no sentirse protegida. Asegura que “la estrategia de protección no puede ser únicamente material, no puede ser únicamente carros, escoltas, gasolina”. Así mismo, Yonari Landazuri, un líder de Tumaco, nos dijo que el gobierno acierta si cumple con dos de sus muchas promesas: la primera, mejorar la protección a nivel personal. “Pero la más importante, mejorar la protección colectiva, fortaleciendo los consejos comunitarios y colectivos”.
Por su parte, Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos, ha asegurado en varias oportunidades que el plan del Gobierno ha marchado bien, y que será intensificado. Según el funcionario el PAO ha logrado disminuir en un 50 % el asesinato de líderes desde noviembre del año pasado, con acciones como: 23 visitas en el territorio para la identificación de riesgos, la activación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y un programa de “se busca” que ha identificado a 31 responsables de los crímenes.
Por otro lado, en cuanto al esclarecimiento de los casos que han ocurrido, un informe de la Presidencia de la República afirma que se han capturado 256 personas responsables de los homicidios y que se han esclarecido el 60% de los casos. Estos datos contradicen drásticamente el de organizaciones que han investigado la violencia contra lo líderes sociales en el país, como la Fundación Paz y Reconciliación, que ha concluido que el 70 % de los casos, no se sabe quién ordena el asesinato. Los datos tampoco están alineados con los del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, que sostienen que solo el 41 % de los homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos se ha logrado establecer una presunta autoría.
De acuerdo con el informe de Presidencia, la explotación ilícita de yacimientos mineros es la principal causa relacionada a los homicidios con 133 casos, el segundo es la presencia de grupos armados organizados, con 125 casos y, finalmente, las dinámicas de cultivos de uso ilícito con 59 muertes relacionadas.
Es urgente que ahora la voluntad del Gobierno Nacional por proteger la integridad de los líderes sea contundente, como en los discursos, y que la información no se revele solo parcialmente. Es un buen momento: el defensor del Pueblo aseguró que durante la temporada electoral de junio y julio del año pasado, las violaciones contra los líderes se agudizó considerablemente. Ahora, cuando la carrera para las regionales ya está en curso, es momento para que el gobierno y la sociedad civil estén con los ojos abiertos.
