ETCR Román Ruiz, adiós al laboratorio de paz del norte de Antioquia | ¡PACIFISTA!
ETCR Román Ruiz, adiós al laboratorio de paz del norte de Antioquia Foto: Hijos del Posconflicto
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ETCR Román Ruiz, adiós al laboratorio de paz del norte de Antioquia

Colaborador ¡Pacifista! - Marzo 19, 2020

Cerca de 100 miembros de organizaciones ciudadanas visitaron el antiguo ETCR de las Farc en la vereda Santa Lucía de Ituango. Se trató de una caravana humanitaria para acompañar a los excombatientes en sus últimos días viviendo en esa zona, pues aseguran que no hay garantías de seguridad y que se incumple con el Acuerdo de paz.

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Texto: Danilo Arias Henao – Yenifer Yepes Román* / Fotos: Hijos del Posconflicto

 

Casi a las dos de la mañana del 14 de marzo, desde el Parque de los Deseos, en Medellín, una caravana salió acompañada por la fuerza pública. Eran dos buses y una decena de camionetas con casi 100 personas. Su destino era el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, en la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango, donde hace tres años llegaron -aún en armas- 178 guerrilleros del entonces Frente 18 de las Farc.

Así como en otros 23 ETCR levantados por todo el país, en Santa Lucía los firmantes de la paz aspiraban volver a la vida civil como campesinos, pero sin dejar a un lado sus luchas políticas. Sin embargo, el sueño de reincorporación está a punto de desvanecerse por completo. Y ante la crisis que vive el partido Farc, un grupo de ciudadanos, organizaciones y colectivos decidieron visitar directamente la vereda en una caravana humanitaria para respaldar la paz.

Luego de seis horas de viaje hacia el extremo norte de Antioquia, apenas se alcanzaba la mitad del camino. Quienes temprano se habían levantado en la cabecera de Ituango salían a las puertas y balcones de sus casas y negocios para mirar con inquietud el desfile de vehículos que ahora llegaba al parque principal. La caravana debía recargar energías y continuar el camino: otras cuatro horas al interior del municipio hasta Santa Lucía.

A ese lugar, en el corazón del Nudo de Paramillo, llegaron desde finales de 2016 los aún combatientes que hacían presencia en Tarazá, Valdivia, Ituango y el Sur de Córdoba. La decisión de establecerse en lugares apartados de los departamentos obedeció no solo a la necesidad de seguir perteneciendo a las comunidades donde operaban y de las que se sienten miembros. También es una manera de hacerle un llamado al Estado para que llegue con oportunidades y bienestar a zonas históricamente marginadas.

 

 

Pero luego de más de tres años de vivir allí, el Estado aún no logra garantizar ni la seguridad a las comunidades ni la reincorporación a los excombatientes. Con la presencia de grupos armados ilegales de todo tipo -disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Caparrapos)-, la fuerza pública no tiene dominio territorial a pesar de que la Policía, el Ejército y las nuevas unidades creadas especialmente por el Acuerdo de paz (por ejemplo, la Unipep) hacen un despliegue importante en el norte antioqueño.

Además, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que debe estar pendiente de la implementación del Acuerdo, pierde protagonismo años tras año en esa zona.

Desde la cabecera de Ituango hasta Santa Lucía se recorrieron 30 kilómetros por una vía destapada, curveada, angosta y polvorienta. Con constante flujo de chivas o ‘escaleras’. Habían cruce de miradas con campesinos y conductores en la carretera. Algunos daban una ojeada seria y rápida a la caravana, otros sonreían.

En la mitad del trayecto había un letrero con letras rojas sobre las tablas de una improvisada caseta. Decía: “Agc precente” (sic). Estaba fresco. Es el indicio de que el conflicto aún no ha parado en Ituango. Pero también evidencia la falta de protección para los campesinos de Ituango que, pese al abundante despliegue de la Séptima División del Ejército y su Cuarta Brigada,  quedaron de nuevo en medio de los combates y las amenazas.

 

 

Tras la dejación de armas de parte de Farc, la violencia arreció -una vez más- en Ituango y el norte antioqueño. Otros grupos armados empezaron a avanzar y disputarse esta esquina del Nudo del Paramillo, estratégico no solo por su conexión con la costa Caribe, el Bajo Cauca y el centro del país, sino por los cultivos de coca y la minería.

En 2018 Ituango llegó a ser el municipio con más asesinatos en Antioquia, con una tasa de 306 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2019 se registraron 41 asesinatos. Aunque la cifra se redujo, los ataques contra la población civil fueron permanentes. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas con el fin de que se tomaran medidas para proteger a los ituanguinos: la 994 de 2020 y la 029 de 2019.

Además, desde que las Farc dejaron las armas en 2016, en este municipio murieron 12 de los cerca de 190 excombatientes que han asesinado en todo el país, lo que pone a Ituango en el primer puesto de territorios donde más acaban con la vida de firmantes de la paz. El último de ellos fue César Darío Herrera, a quien le dispararon el pasado 28 de enero en la misma vía destapada por donde la caravana humanitaria se abrió paso.

Tras el asesinato de César Darío, que ocurrió justo cuando se desarrollaba una asamblea de reincorporados para discutir si se quedaban en el ETCR Román Ruiz o buscaban un traslado, los exFarc tomaron la decisión de abandonar la zona ante la falta de garantías de seguridad. A esto se suma a la falta de tierras y escasos apoyos a proyectos productivos colectivos, problemas que son recurrentes en otros espacios territoriales.

Esa compleja situación que viven los excombatientes y los campesinos de Santa Lucía (al menos 800 personas huyeron el pasado febrero hacia la cabecera del pueblo por presencia de grupos armados y amenazas) llevó a la creación de la caravana humanitaria.

 

 

Cuando la caravana apareció en la carretera de Santa Lucía, miembros de ONGs, algunos pobladores del sector y, por supuesto, los excombatientes salieron a recibirla. Pero al adentrarse en el ETCR la imagen es distinta. Muchos módulos prefabricados en los que vivían los exFarc se encontraban abandonados; otros no lucen enteramente vacíos porque en ellos quedaron ollas, implementos de aseo y sábanas. Tal vez porque algunos excombatientes tienen la esperanza de regresar o porque simplemente salieron de afán, con pocas cosas, dejando pedacitos de sueños en esas casas.

El ETCR ha cambiado drásticamente: a las estructuras se les nota el descuido. La salida masiva aparece como un duro revés a la implementación de la paz. Quienes venían desde Medellín estaban en ese espacio territorial para escuchar y acompañar a quienes, pese al miedo y la incertidumbre, decidieron continuar en la zona, empeñados en sacar adelante las iniciativas productivas en las que se han invertido más de 700 millones de pesos.

 

“Aquí no nos podemos quedar más”

 

Un par de horas luego de la llegada de la caravana humanitaria y ante la ausencia de la Comisión de Paz del Congreso, que había confirmado su asistencia a la zona pero que no logró llegar porque el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana que los iba a transportar desde Medellín hasta Santa Lucía fue enviado por el presidente Iván Duque a la frontera con Venezuela, los visitantes iniciaron una asamblea para escuchar a los miembros de Farc y a la escasa comunidad presente de la vereda. Muchos campesinos se negaron a acudir al ETCR por temor a ser señalados y atacados por los grupos armados.

La comunidad tenía mucha expectativa con la comisión del congreso y su ausencia desmotivó mucho a todos porque aquí hay una preocupación grave sobre las garantías de seguridad, tanto para las comunidades como para los excombatientes de Farc”, aseguró Luz Nelly Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación, una de las entidades organizadoras de la caravana.

A pesar de esa ausencia, se escuchó a los exFarc. Entre las muchas voces y peticiones, resonaba constantemente la necesidad de protección a toda la zona del Nudo de Paramillo que se ubica en Ituango. “Vamos a salir así nos toque dormir en carpas y en el suelo. Aquí no nos podemos quedar más”, dijo Amanda Callejas, excombatiente que habita aún en Santa Lucía y que, junto a sus hijos, espera a que la trasladen a una mejor tierra para continuar su reincorporación.

 

 

Si el esquema de seguridad que la fuerza pública montó hoy para la caravana se quedara aquí, acompañándonos todos los días, nadie se tendría que ir. Pero ellos se van y nosotros quedamos de nuevo con miedo, a merced de los que nos quieren asesinar”, señaló Amanda, quien participa del proyecto productivo de ganadería (el más grande y costoso que adelantan los excombatientes en el ETCR) y aún no sabe qué va a pasar con sus vacas cuando se vaya.

Que nos vamos a ir desplazados es seguro, porque esa es la única opción. Vamos a salir así nos toque dormir en plásticos y en el suelo, aquí no nos podemos quedar más”, añadió una mujer con la convicción de que la paz es la salida y negándose a volver a las armas como muchos de sus excompañeros lo han hecho ante las dificultades, incumplimientos del Estado y asesinatos.

Entre las respuestas del Estado ante la crisis en Santa Lucía, la Unidad Nacional de Protección envío un esquema de emergencia. También se hicieron reuniones con la SAE (Sociedad de Activos Especiales) que ofertó varias tierras en su poder, las cuales el partido Farc y los excombatientes están visitando para conocer y tomar una decisión.

Sin embargo, la respuesta del Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, desconcertó a más de uno. Archila aseguró que, lamentablemente, el Gobierno había advertido ya al movimiento Farc que en este territorio no habría garantías para su reincorporación. Es decir, que aceptó y aseguró públicamente la incapacidad del Estado para tener control en zonas como esta. Y, según defensores del Acuerdo de paz, declaró así también una negligencia de este Gobierno a realizar los esfuerzos y obligaciones de ley para ofrecer dichas garantías. “O sea, Archila deja claro que el Estado no puede y no quiere”, dijo un excombatiente en medio de la asamblea.

A principios de febrero se hizo una reunión entre la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) y la comunidad de Santa Lucía. En ella se definió la creación de algunas comisiones conjuntas para establecer un nuevo predio a donde llegarán quienes decidieron salir de la vereda, la evaluación de la continuidad de los proyectos productivos y la elaboración de un censo para identificar la totalidad de personas tanto salientes como quienes permanecen en la zona.

Gustavo López, conocido como ‘Agustín’, uno de los líderes de este antiguo ETCR, explicó que las comisiones han venido trabajando a buen ritmo. “Hemos visitado algunos predios en Santo Domingo, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, San Pedro y San Carlos. Pero a la mayoría de ellos no nos acomodamos, sobre todo por su extensión. Allí no podríamos desarrollar los proyectos de vivienda ni productivos”.

 

 

En cuanto al censo, si bien todavía no está cerrado definitivamente, ya se entregó un primer reporte a la ARN: cerca de 120 personas salen de Santa Lucía, muchas de las cuales están actualmente en Medellín a la espera de la definición del nuevo espacio al que irían. Un grupo de 20 decidió quedarse para proteger y cuidar de los cinco proyectos productivos colectivos que, por esfuerzos propios en su mayoría y con apoyo de particulares, han logrado adelantar. La microempresa Café Paramillo, una avícola y un cultivo de fríjol son algunos de los proyectos.

Mientras existan posibilidades de trabajar estaremos aquí en el territorio”, comentó Oleander Granda, uno de los pocos excombatientes que tomó la decisión de permanecer en el territorio. “Ante la salida de muchos compañeros con sus familias, invitaremos a personas de veredas aledañas para que vengan a ocupar esta zona y a participar de los proyectos productivos en los que se han visto un poco excluidos por parte del Estado”.

En la asamblea, miembros del partido Farc en Santa Lucía compartieron una carta abierta en el que propusieron un camino tanto para la población reincorporada que se queda en la vereda como para quienes optaron por salir. Que continúe el acompañamiento de las entidades gubernamentales e internacionales al proceso; que el espacio en el que está el antiguo ETCR sea donado a la comunidad de la vereda; que se agilice la consecución del nuevo predio y sea adjudicado a los exguerrilleros; y que se garanticen todos los aspectos logísticos para un adecuado traslado.

 

 

La lluvia acompañaba buena parte de la visita de la caravana. La quebrada Santa Lucía, que atraviesa el espacio territorial, se escuchaba bajar con fuerza. Hacia frío. Los excombatientes -todavía en duelo- saludaron la iniciativa y compartieron con los visitantes. Saben que son pocas las noches que les quedan al arrullo de estas aguas, mientras esperan el momento de la salida sin saber aún hacia dónde van.

Que salga la gente de acá es una derrota, no es posible pedirle a todo el mundo que se sacrifique y se quede. Esto ya no se resuelve firmando pactos, ni con acciones jurídicas. Solo con movilización social. Por eso insistimos en que no nos abandonen.Vuelvan, no nos dejen solos. Hagan más caravanas, aunque sea solo para saludar porque de verdad los necesitamos a todos”, dijo Amanda Callejas quien, tras 20 años en la guerra, cumple su palabra de no volver a las armas poniendo su esperanza en la gente.

 

*Periodistas de la revista digital Generación Paz.