Informe: El negocio de la marihuana medicinal ya arrancó en Colombia

¿Estamos listos para explotar la oportunidad que ofrece cannabis legal y su posible aporte a la sustitución de cultivos ilícitos o seremos presos de nuestra mojigatería?

Durante cinco décadas, la marihuana ha sido en Colombia una cosecha popular y rentable, pero prohibida y combatida en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ahora que los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura acaban de definir las reglas para aplicar para una licencia de cultivo de cannabis con fines medicinales, es muy posible que la marihuana comience a salir del veto legal y social en el que ha estado y además convertirse en una industria con un potencial exportador que podría contarse en billones. El año pasado, solo en Estados Unidos, el mercado de la marihuana terapéutica reportó ventas entre US$ 2.2 y US$ 2.7 billones, según la firma inversionista First Trust, citada por Forbes.

El Estado colombiano comenzó con este impulso progresista en diciembre de 2015, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos expidió un decreto que aceptaba el uso del cannabis con fines medicinales y lo reafirmó con tres decretos reglamentarios lanzados entre el 10 y el 14 de agosto pasados. En medio de toda esta corriente de liberalismo estatal, la Universidad Nacional lanzó en junio de este año el primer curso del país dedicado exclusivamente al cultivo de la marihuana, pero semanas después lo canceló silenciosamente, aparentemente y según nos enteramos, para no reforzar su estereotipo de paraíso marihuanero del país en términos de consumo.

Por eso, ahora que las reglas para el negocio de la marihuana medicinal han quedado definidas, es hora de preguntarnos si los colombianos estamos listos para explotar a fondo la oportunidad del cannabis legal: saber hasta dónde llega nuestro progresismo y hasta dónde, nuestra mojigatería social.

El Negocio

Con la resolución que fue expedida el 15 de agosto, quedaron definidas las reglas para el negocio del cannabis medicinal en Colombia. A grandes rasgos funcionará de la siguiente manera:

Existen tres licencias distintas para participar: la de uso de semilla para siembra, la de cultivo y la de fabricación de derivados.

La primera será las más fácil de tramitar de todas ya que solo autoriza al licenciatario a importar y comercializar las semillas para el cultivo de cannabis en Colombia. Hasta ahora, el negocio no estaba regulado y se manejaba en medio de una relativa informalidad. En adelante los grow shops y demás negocios que se encargaban de importar y comercializar semillas tendrán que tramitar estas licencias para continuar con su actividad. Su costo será de $ 8.653.712.

La licencia de cultivo, por su parte, requiere de un plan de seguridad, un plan de cultivos y de la aprobación de una visita de los funcionarios del gobierno. Quienes accedan a ella deberán pagar una tarifa de $ 30.270.250 y podrán cultivar flores de cannabis psicoactivo pero no comercializarlas.

Para eso se creó el tercer tipo de licencia: la de fabricación de derivados. Como el marco regulatorio del cannabis medicinal en Colombia no permite poner en el mercado las flores de cannabis, sino sus derivados, los cultivadores deberán tramitar una licencia para su fabricación o venderle sus cosechas a un tercero que se encargue de convertir estas flores en extractos y derivados.

Aplicar para la obtención de esta licencia tendrá un costo de $ 4.168.005 pesos y de obtenerla los licenciatarios tendrán que pagar $ 20.262.160 de pesos para mantenerla durante cinco años. En teoría este será el eslabón más lucrativo de la cadena.

Según Andrés López, director del Fondo Nacional de Estupefacientes, entidad que participo en la redacción de las resoluciones, el gobierno regulará el mercado de cannabis medicinal a través de un sistema de cupos que limitará las cantidades de flores y derivados que cada empresa licenciada puede producir vender y comprar.

Desde hace más de un año, cinco empresas cuentan con sus licencias de fabricación de derivados. Sin embargo ninguna de ellas ha comenzado a operar  debido a que las reglas para obtener las licencias de cultivo no habían sido definidas hasta mediados de este mes.  Ahora que las normas ya están, ha comenzado oficialmente la carrera por el negocio de la marihuana medicinal en Colombia.

Made in China Colombia

“Vine  a Colombia para producir cannabis medicinal de alta calidad al costo más bajo posible”, me decía el abogado canadiense Ron Marzel, CEO de Cannavida, una de las cinco empresas que ya cuentan con su licencia de fabricación de derivados.

Desde que su licencia fue expedida, en junio del año pasado, Cannavida ha invertido un millón dólares en comprar y adecuar un terreno de 17.5 hectáreas en Barichara, Santander. Durante los próximos dos años Marzel calcula que la compañía invertirá otros 10 millones de dólares para poner el negocio a rodar.

En días recientes, después de que se expidiera la normatividad, la compañía aplicó para obtener su licencia de cultivo y espera estar sembrando su primera cosecha de cannabis medicinal a finales de este año o a comienzos de 2018.

Marzel, quien como abogado ha defendido a pacientes que usan el cannabis en sus tratamientos desde 1999, asegura que hace varios años se dio cuenta de que “la demanda de cannabis medicinal en Canadá iba a superar rápidamente la capacidad de producción del país”.

Desde entonces, Marzel comenzó a buscar algún país ecuatorial en el que pudiera producirse cannabis medicinal de manera legal  y segura. “Luego de descartar a Asia y a África porque sus políticas de drogas eran demasiado retrogradas, quedé con dos opciones: Costa Rica y Colombia”, me contó Marzel, “Al final, el gobierno colombiano se movió más rápido y por eso estamos aquí”.

Según el empresario, Colombia ofrece varias ventajas económicas frente a la producción de cannabis medicinal en Canada: “Aquí tenemos 12 horas de luz natural durante casi todo el año. Un cultivo en Colombia consumirá mucha menos energía que los cultivos interiores con iluminación artificial que usamos en Canadá. Si a eso le sumamos la reducción en los costos de mano de obra, creo que vamos a obtener un producto muchos más barato que los que existen hoy en el mercado”.

Cuando el congreso aprobó la ley 1787 de 2016, una de las grandes preocupaciones de los emprendedores cannabicos locales era que la normatividad terminara favoreciendo a los empresarios que, como Marzel, llegan Colombia respaldados  de enormes capitales y recursos técnicos para la producción de cannabis.

Según Andrés López, el gobierno se curó en salud frente a estas críticas al establecer una norma que obliga a las empresas licenciadas para la fabricación y exportación de derivados a comprar al menos un 10% de su materia prima a pequeños y medianos cultivadores.

La normatividad también sienta las bases para que estos pequeños y medianos productores puedan crear esquemas asociativos que les permitan negociar con mayores volúmenes de producto. Algo similar a lo que hace la federación nacional de cafeteros con sus  miembros cultivadores.

Sin embargo, para Daniel Galindo, un emprendedor de 26 años que está aspirando a conseguir una licencia de cultivo para Exhala, su emprendimiento de cannabis medicinal, el trámite sigue siendo difícil para los pequeños productores.

Galindo asegura que ya ha cotizado un lote pequeño para cultivar cannabis a 15 minutos de Bogotá. Sin embargo, algunos aspectos del  protocolo de seguridad que exige la resolución —como el circuito cerrado de televisión para todo el cultivo— exceden por mucho su presupuesto.

“Luego de leer la resolución  me queda la impresión de que el gobierno quiere que todos los cultivadores plantemos en la tierra”, me decía Galindo,  “cuando uno puede perfectamente tener un cultivo en la ciudad con costos menores”. Según Galindo, los funcionarios del ministerio de Salud que contactó por teléfono no supieron dar respuestas a sus inquietudes acerca del trámite de la licencia.

Para Diana Valenzuela, abogada investigadora para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el marco regulatorio del cannabis medicinal en Colombia es “generoso” con los pequeños y medianos cultivadores:

“Las tarifas son accesibles, se pueden pagar a cuotas y les permiten tener cultivos de hasta 5.000 metros cuadrados, lo cual es una extensión interesante”, afirma Valenzuela. “La gente tiene que entender que la industria del cannabis, sobre todo con fines medicinales, requiere cierto grado de experiencia”.

Cuando Cannavida y las demás empresas que obtengan licencias de fabricación terminen de comprar y recoger la primera cosecha de cannabis, la transformaran en extractos —usualmente líquidos— que permiten una dosificación y administración más segura que las flores fumadas o vaporizadas. Una parte de estos extractos será destinada a una red nacional de farmacias magistrales donde se utilizarán para la preparación de medicamentos con formula médica.

El resto serán exportados a países como Canadá, Francia y Alemania dónde existe una demanda de extractos de cannabis que sus propios cultivos no alcanzan a suplir. Como exportador, Colombia entrará a competir con países como Israel, donde el potencial medicinal del cannabis viene siendo estudiado desde hace cinco décadas.

La normas son progresistas,  las colombianos mojigatos           

“Se viene la legalización del cannabis, pero, como siempre, el conocimiento necesario para aprovecharlo está en manos de los europeos y norteamericanos”, me decía hace un par de meses Javier Hidalgo, un ingeniero agrónomo que estaba a punto de convertirse en el primer profesor oficial de la marihuana en Colombia.

“La idea de este curso es repartir ese conocimiento”, aseguraba Hidalgo, a quien la Universidad Nacional le había encargado la tarea de dictar el primer curso de Bases para el aprovechamiento del cannabis con fines cosméticos y medicinales. Sin embargo, fuentes de esa universidad que pidieron anonimato le confirmaron a ¡Pacifista! que el curso fue retirado de la oferta académica de la Nacional.

Y fue retirado de la misma manera silenciosa en que la institución lo abrió a comienzos del mes de junio. Según Andrés Gómez, funcionario de la facultad de Agronomía de la Nacional, la institución le ordenó al personal de la facultad no dar declaraciones al respecto. El enlace que ofrecía información acerca del programa ya no está activo en la página web de la universidad.

Otra fuente cercana a la institución aseguró que el anuncio del curso en los medios despertó una polémica entre los docentes de la universidad, a quienes les disgustó que se desarrollaran actividades de cultivo de cannabis en el campus de la institución.

Así que mientras los ministerios de Agricultura, Salud y Justicia diseñaban una reglamentación para explotar las propiedades medicinales del cannabis, la universidad más grande del país cerró un curso que buscaba, justamente, estudiarlas, investigarlas y desarrollarlas. Las voces críticas de los expertos no se hicieron esperar: sería una lástima que por la mojigatería, los colombianos vayamos a desaprovechar la oportunidad de negocio que brinda el cannabis legal.

“Lo que me preocupa –me decía Diana Valenzuela– es que la explotación del cannabis medicinal en Colombia termine funcionando con un modelo como el de la palma”.

Valenzuela se refiere a la posibilidad latente de que los pequeños y medianos productores nacionales terminen encargados de producir grandes cantidades de materia prima —en este caso flores de marihuana— para vendérselas a empresas que se encarguen de transformar esa materia prima en productos con valor agregado, en este caso, los extractos que serán exportados o enviados a farmacias magistrales en Colombia. Es decir, que la parte más jugosa de esta industria se la lleven los capitales extranjeros.

Desde ese punto de vista, dejar que todo curioso con 800.000 pesos en el bolsillo pueda aprender a cultivar y a aprovechar el cannabis en una de las universidades más importantes del país, quizá no sea tan mala idea si el país está pensando en desarrollar y darle cabida a esta industria.

Insisto: en Israel, la que sería una de nuestras futuras competencias en el mercado de la marihuana medicinal, el cannabis se estudia desde principios de los años sesenta, cuando un científico llamado Raphael Mechoulam aisló por primera vez un compuesto llamado THC. Y lo hizo en los laboratorios del Instituto Weizmann de ciencias y no en el garaje de su mamá, ni en el parque del barrio.

“Quienes nos sentamos a redactar esta normatividad, nunca lo hicimos pensando en buscar  una solución para el problema del cultivo ilegal de marihuana en Colombia”, me decía Andrés López desde su despacho en el Fondo Nacional de Estupefacientes. Según el funcionario, el único propósito de la ley es facilitar el acceso seguro de los pacientes a las medicinas basadas en cannabis.

Sin embargo, es difícil no ver el paso que acaba de dar Colombia hacia la creación de una industria de cannabis legal al interior del país como el comienzo de lo que podría llegar a ser un giro más grande en la política de drogas.

Paola Valenzuela me contaba que en el Cauca hay gente que se ha acercado al Programa Nacional de sustitución de Cultivos Ilícitos a averiguar cómo pueden sustituir sus cultivos no permitidos de cannabis, que van a comercializarse en el mercado negro. Pero al parecer, de lado del estado aún hay pocas respuestas alternativas para plantaciones que no sean de hoja de coca.

“Los funcionarios del gobierno no saben qué decirle a estas personas ya que el programa no tiene ninguna alternativa para la sustitución de cultivos de marihuana”, decía Valenzuela, “Mucho menos saben qué responderles cuando los cultivadores les dicen que quieren sustituir cannabis ilegal por cannabis legal”.

Todo parece indicar que la reglamentación es apenas un primer paso en la carrera, pero en los próximos meses veremos qué tan articuladas pueden estar estas normas con las políticas liberales que el gobierno Santos parece estar tomando en materia de drogas.