Durante una década, El Hatillo, una comunidad rural en Cesar, ha esperado que empresas mineras de carbón a cielo abierto cumplan con su obligación de reasentamiento. Una renuncia a los títulos mineros de una empresa, así como la declaración en insolvencia de otra, ponen en jaque las condiciones pactadas para generar avances en este proceso. Mientras tanto, aumenta la tensión social con amenazas a sus líderes y conflictos entre las familias de la comunidad.
Por: Alexandra Gómez de la Fundación Chasquis, con apoyo editorial de PACIFISTA!
En 2010, el Ministerio de Ambiente ordenó a las empresas Drummond, Colombia Natural Resources (CNR) y Prodeco, a través de la resolución 0970 y 1525, reasentar a las comunidades de Plan Bonito; para ello les dio un año. Para reubicar a Boquerón y El Hatillo les dio dos, debido a la contaminación del aire, producto de la explotación minera de carbón a cielo abierto en el departamento del Cesar.
Siete años después, en diciembre de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) impuso a las empresas una sanción ambiental por el incumplimiento de la obligación de reasentar.
Plan Bonito inició su reasentamiento en el 2014 y actualmente se encuentra en fase de finalización. En el caso de Boquerón, en abril de 2021, la ANLA determinó que no será objeto de reasentamiento. Y en el 2018, El Hatillo concertó el Plan de Acción del Reasentamiento (PAR) del nuevo Hatillo. Este contempla un plan de transición mientras ocurre el reasentamiento y varias medidas para el restablecimiento del tejido social, condiciones económicas y de hábitat, lo que posibilita las opciones de un reasentamiento colectivo e individual por familias.
Las empresas establecieron una fiducia de patrimonio autónomo para financiar el reasentamiento, con la partida del 52% de Drummond, el 9% de Prodeco y el 39% de CNR, según lo establecen las resoluciones. En la fiducia se requiere que las tres empresas transfieran su parte y aprueben hacer uso del dinero. Pero si alguna no lo hace, los recursos quedan inactivos. El capital disponible para el reasentamiento es ejecutado a través de un operador que lleva a cabo las etapas concertadas en el PAR.
Debido a las medidas de salud pública adoptadas por el Gobierno Nacional en la pandemia de Covid-19, de marzo a agosto del 2020 las operaciones de las mineras se vieron afectadas y con éstas, las actividades del PAR. Esto dejó obligaciones pendientes por cumplir, como: la adquisición del predio para el traslado colectivo del nuevo Hatillo; la selección de 74 predios en modalidad individual, acompañados de la implementación de proyectos productivos; y otras obligaciones contenidas en el plan de transición.
Insolvencia y renuncia de títulos
En noviembre del 2020, CNR anunció a través de un comunicado que se acogería a un proceso de reorganización empresarial contemplado en la Ley 1116 de 2006. Se trata de un mecanismo que le permite a la empresa declarada en insolvencia, llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores para evitar que entre en liquidación.
Durante el proceso de reorganización la empresa no puede pagar ninguna de sus obligaciones hasta que no sean autorizadas por la Superintendencia de Sociedades. Esto limitó el uso de los recursos de la fiducia y se suspendió el proceso de reasentamiento, “afectando el cronograma y procesos individuales de las familias a reasentar”, expresó la ANLA.
El Hatillo es reconocido por CNR como un acreedor de quinta clase en la prelación legal dentro del proceso de reorganización. “Es decir, en primera clase se encuentran los trabajadores y el pago de impuestos; después acreedores con garantía prendaria; en tercera clase aquellos con garantía hipotecaria; cuarto: proveedores; y quinto, todo lo demás. Es decir que no tienen preferencia. (…) Se paga primero a los de primera clase y si queda plata se pagan las siguientes en orden de prioridad”, explica Gustavo Cuberos, de la firma de abogados Cuberos Cortés Gutiérrez, especialistas en asesorar procesos de insolvencia empresarial.
Seis meses después, la Superintendencia autorizó a CNR disponer de los recursos disponibles en la Fiducia. “Nos han dicho este año que vamos hasta donde alcance la plata de la fiducia pero nadie sabe con los activos de CNR congelados quién va responder por lo que falte”, expresa un líder de la comunidad.
El pasado 8 de febrero, Prodeco, filial de la multinacional Suiza- Glencore, que es el reciente dueño totalitario del Cerrejón, solicitó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la renuncia de sus cinco títulos mineros que explota en las minas La Jagua y Calenturitas en el César.
Casi dos meses después de esta solicitud, la ANM determinó inviable la petición respecto a los contratos de concesión HKT-08031 y DKP-141, que están relacionados con la operación de la mina La Jagua. La razón, de acuerdo con la entidad, es que aún hay obligaciones pendientes. Y aunque la ANM no se ha pronunciado sobre los otros títulos, el reasentamiento de El Hatillo, una obligación derivada del plan de manejo ambiental de la mina Calenturitas, continúa sin resolverse.
Contra la espada y la pared
El 23 de abril, la ANLA expidió el auto N°02382 de seguimiento y control ambiental. En la decisión dispuso que las empresas tenían dos meses para entregar un programa de trabajo de individualización de las acciones a ejecutar en el PAR de Plan Bonito y El Hatillo, dado que las situaciones de Prodeco y CNR afectan el uso de la fiducia. Además que la Resolución se evalúa en relación a resultados y no por una responsabilidad solidaria de las empresas.
Luego, el 15 de julio, las empresas presentaron ante la ANLA, la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Hatillo y otras entidades gubernamentales el programa de trabajo en Valledupar. Drummond propone asumir las compensaciones relacionadas con vivienda y proyectos productivos. Prodeco se responsabilizará del lucro cesante a los modos de vida de la comunidad. Y CNR tendría parte del proyecto de educación, el pago de servicios públicos, algunos programas adicionales de salud y el fortalecimiento a los proyectos productivos.
“Las empresas afirman que sólo es posible cumplir ese proceso de individualización si las 207 familias se acogen al reasentamiento individual”, señala Pensamiento Acción Social (PAS), una organización acompañante de la comunidad.
En relación con las obligaciones de CNR, se menciona que cumplirá con los recursos disponibles en la fiducia. En caso de que se agoten, se pagarán de acuerdo con el proceso de reorganización empresarial, pero este puede tardar siete años según el lugar de prelación legal que ocupa El Hatillo como acreedor.
Hasta diciembre del 2020 se sabía que 104 familias habían optado por el reasentamiento individual y otras 17 no lograron suscribir el contrato de transacción individual, tras iniciar el proceso de reorganización de CNR. Por su parte, 80 familias optaron por el reasentamiento colectivo, según la ANLA.
Frente a esta situación, la Junta de Acción Comunal de El Hatillo solicitó que el programa de individualización fuera socializado con toda la comunidad, de forma que se pudiera emitir el concepto de la ANLA. Estas jornadas se llevaron a cabo el 4 y 5 de agosto de 2021 en la vereda.
“Quieren salir rapidito de la obligación (…). Uno siente como una presión, porque en la reunión dijeron que si el 100% no se iba por el reasentamiento individual éste no se hacía (…). Ahora hay un conflicto entre la misma familia; los que deseamos colectivo no queremos negociar y los que quieren individual dicen que los estamos amarrando (…). Para mí nos están poniendo entre la espada y la pared”, señala un habitante de la comunidad que optó por el reasentamiento colectivo y solicitó ocultar su nombre debido al conflicto emergente.
Quienes defienden el reasentamiento colectivo consideran que así se podrá mantener el tejido social como comunidad. “Es seguro que tengo hambre y alguien me compartirá su gallina. Uno sólo de seguro la va pasar mal y lo comprobamos en la pandemia cuando fueron suspendidas las actividades del reasentamiento (…). Deseamos seguir sembrando y continuar con nuestras prácticas”, asegura un habitante de El Hatillo.
La vereda está ubicada en sabanas comunales y aunque son territorios que le pertenecen a la nación, allí se hace aprovechamiento agropecuario. “Si se van en el reasentamiento individual, es posible que la tierra que consigan sea menor a una unidad agrícola familiar y perderán el uso de tierras comunales”, advierte PAS.
El cuello de botella del reasentamiento
En una reunión de seguimiento al reasentamiento, que tuvo lugar en febrero de este año, la comunidad expresó ante las autoridades ambientales y las empresas: “los predios del reasentamiento colectivo debieron ser comprados el 12 de agosto de 2019 por parte de las empresas. Estas manifestaron que no han podido hacerlo, pues no han logrado un equilibrio entre el valor del predio y la expectativa económica del vendedor”.
La adquisición del predio colectivo está supeditada a modificaciones en las normas de ordenamiento territorial. Por un lado, uno de los predios se encuentra en área de explotación y exploración minera en cabeza de Drummond. De otro se requiere que pase de modalidad de uso rural a mixto, lo que para las mineras supone que el reasentamiento colectivo tarde más por las gestiones administrativas e institucionales que se requieren.
Foto: @Fundachasquis. En el primer semestre del 2019 se llegó a un acuerdo sobre los predios del nuevo El Hatillo para las familias que optaron por el reasentamiento colectivo. Las familias todavía no han accedido a estas tierras.
En el último informe trimestral presentado por las mineras, a corte de diciembre de 2020, 74 familias se encontraban en búsqueda de predio. Los estándares establecidos en el PAR, sumado al procedimiento del operador, se han vuelto inviables para la compra de las casas. “En la región hay pocas viviendas que cumplen con estos criterios”, expresa un habitante de El Hatillo.
“Hay familias que optaron por el individual y volvieron de nuevo derrotadas; no funcionaron sus proyectos productivos y ese es nuestro espejo”, afirma un líder de la comunidad que solicitó no ser identificado, tras recibir varias amenazas luego del proceso de socialización del programa. “Esta propuesta de las mineras es una decisión pronta para salir de esto que los agobia. Quieren sacarlo como sea para que el ANLA les siga dando licencias o cerrando sus solicitudes”, agrega.
Chasquis buscó comunicación con Juan Pablo Arteaga, vicepresidente de sostenibilidad de Drummond, quien expresó que “cualquier pronunciamiento en relación al programa propuesto lo realizarán una vez el ANLA emita un concepto”.
Mientras la ANLA escucha a la comunidad para tener criterios acerca de la viabilidad del programa de individualización presentado por las mineras, la tensión social entre las familias de El Hatillo aumenta. Se han presentado discusiones familiares y amenazas a los líderes que defienden el reasentamiento colectivo.
“Esta discusión que abrieron las empresas, y si seguimos con la peleadera tan agresiva, va traer muertos. Es muestra nuevamente de un incumplimiento sobre lo acordado que nos costó varios años de discusión y que las mineras van cambiando a su acomodo”, concluye un habitante de El Hatillo.
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