ANÁLISIS | El sector minero-energético debe pensarse como una palanca temporal para favorecer otros sectores productivos intensivos en empleo y repensar la industria del mañana con enfoque de largo plazo que desarrolle en el país.
Por: Diego Guevara*
La apuesta del gobierno Duque en el PND es clara: continuar con un enfoque en el sector primario para mantener el flujo de divisas y aprovechar los recursos petroleros para mantener el grado de inversión del país, continuar financiando el repago de la deuda que ha alcanzado niveles históricos (40% del PIB) y a la vez sostener los programas sociales clientelistas de transferencias condicionadas que dan réditos políticos a su gobierno.
La estrategia de insistir en el sector primario como un fin, implica renunciar a desarrollar otros sectores que generen más valor agregado. Y es que este sector debería ser un sector de transición, en otras palabras un medio y no un fin. Sin embargo, los actores rentistas financieros y los grandes capitales ligados a la explotación minero-energética no les interesa el mediano o el largo plazo, solo la rentabilidad de sus inversiones en horizontes mas cortoplacistas. Por esta razón el pacto no reflexiona sobre las fluctuaciones del precio de las commodities y sus efectos en la estructura económica del país. Un pacto minero-energético debería reconocer los efectos de los auges y las crisis previas del sector petrolero, pues en el ciclo ascendente de precios de la década anterior se generó una apreciación de la moneda que aumentó el nivel de importaciones y a la vez los flujos de capital al país, creando desequilibrios y mayores riesgos externos. Con la caída del precio del petróleo y otras materias primas estos riesgos se hicieron evidentes, el déficit fiscal se disparó junto con el déficit en cuenta corriente y solo han podido ser levemente matizados con austeridad y un aumento en la deuda externa a uno de los niveles más altos de la historia del país; a esto hay que sumarle una pronunciada devaluación de la tasa de cambio y sus efectos sobre la inflación y la demanda interna.En el nuevo gobierno ante un repunte en el precio del barril de petróleo parece que la fuerte caída de su precio en años anteriores y sus consecuencias macroeconómicas se están olvidando rápidamente, e insistir en este sector favorece a los inversionistas externos interesados en el sector y a los capitales financieros locales que facilmente aumentan su rentabilidad y su capacidad de endeudamiento en dolares.
El pacto minero-energético insiste en la profundización del sector sin muchos ánimos de transición. Incluso se afirma que “los recursos no renovables en Colombia generan la oportunidad irrepetible de financiar el desarrollo nacional y regional” (DNP, 2019). No obstante no se reflexiona en detalle sobre las consecuencias macroeconómicas de poner toda la esperanza en este sector. En este pacto y en las bases del Plan de Desarrollo parece que pocos conocen las dinámicas de la enfermedad holandesa financiera (Botta et al, 2016), ese fenómeno que se diferencia de la enfermedad holandesa tradicional en que adicionalmente al centrarse en un solo sector y descuidar otros, se acentúa el déficit en la cuenta corriente fruto de los capitales financieros que financian el sector en un principio pero que luego terminan generando salidas netas de capital significativas. Así entonces los riesgos macroeconómicos de insistir en este sector son amplios y en un siguiente choque petrolero ya no tendremos el mismo margen de endeudamiento que hubo ante la caída de precios desde 2014 y las consecuencias pueden ser desastrosas.
El sector minero-energético debe pensarse como una palanca temporal para favorecer otros sectores productivos intensivos en empleo y repensar la industria del mañana con enfoque de largo plazo que desarrolle en el país. Desafortunadamente en el país las rentas del petróleo se orientan a las necesidades del momento sin una política industrial y agrícola consolidada. Paradójicamente, el pacto lo reconoce y afirma que en “Colombia, los beneficios generados a partir del desarrollo de proyectos de los sectores minas e hidrocarburos podrán seguir apoyando la financiación de la solución a grandes necesidades” (DNP, 2019,p.625). Incluso el mismo presidente Iván Duque ha afirmado que hay que “aprovechar la riqueza del subsuelo para acabar con la pobreza de los colombianos.” ( DNP, 2019, p. 622).
Un segundo aspecto problemático del plan tiene que ver con la insistencia del gobierno actual en la exploración de los denominados yacimientos no convencionales (YCN), en los que no se reconoce explícitamente que estos yacimientos son principalmente “Fracking”. Esto pareciera hacerse a propósito pues en la sociedad colombiana hay un rechazo generalizado a esta técnica. El pacto es explícito y en él se afirma que “el reto del Gobierno nacional es incrementar las reservas para preservar la autosuficiencia de crudo en el mediano y largo plazo. En este sentido hay dos grandes oportunidades adicionales a las de incrementar los factores de recobro en campos en producción: (i) proyectos costa afuera y (ii) yacimientos no convencionales (YNC)” (DNP, 2019, p.639-640). Este punto genera una gran contradicción pues la importancia retórica dada a la sostenibilidad ambiental y que la enfatizan con los ODS queda en entredicho cuando se apoyan técnicas que generan dudas y han sido prohibidas en otras latitudes. De hecho en diferentes aproximaciones académicas se cuestiona el rol de la explotación petrolera mediante fractura hidráulica (fracking). Trabajos como el de Meng (2017) afirman que el fracking cambia dramáticamente la antroposfera, que a su vez afecta significativamente la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera a través de la entrada o salida significativa de agua, aire y la eliminación de desechos líquidos o sólidos junto con los complejos componentes químicos en los fluidos de fracking. Trabajos aplicados a países como el de Farah (2016) para Canadá muestran como la productividad agrícola se puede ver afectada por la cercanía de yacimientos no convencionales de fracking.
Con esta evidencia entonces el pacto minero energético debe ser mucho más transparente en su enfoque sostenible y ambiental y mostrar las diferentes caras de la moneda de las “innovaciones” y alternativas. Incluso si como dice el pacto que “Colombia fue aceptado como miembro candidato a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la cual fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía” (DNP, 2019, p. 628), entonces el pacto debe ser honesto y transparente, asunto que con el fracking pareciera querer manejarse con un bajo perfil incluso en el uso del lenguaje y la palabra “fracking” pues esta nunca se menciona directamente en el pacto pero está implícita en YNC.
Mas allá de estas reflexiones, la intención de favorecer los YNC parece no tener vuelta atrás pues el PND hace un planteamiento radical en el que afirma que la “ANH establecerá las zonas para la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales y los ministerios respectivos actualizarán, de ser necesario, la regulación técnica y ambiental específica para su exploración y explotación” (DNP, 2019,p.643). Al parecer las llamadas “nuevas tendencias” están pensadas para entrar a cualquier costo, sin importar la vida y el ecosistema.
Un punto adicional para reflexionar es el reto que plantea el pacto alrededor del relacionamiento con las comunidades, pues los últimos años todas las consultas populares para extracción minera o petrolera en el país han sido derrotadas por un amplio margen. Las consultas populares eran un derecho adquirido por las comunidades para decidir sobre su territorio, sin embargo, ante los intereses de los inversionistas están siendo desmanteladas. De hecho, el plan describe como un escenario muy desalentador que “Colombia pasó de tener un puntaje de 62,75 en 2015 en el Índice de Atracción de Inversión a uno de 56,10 en 2017, siendo la principal causa la incertidumbre respecto del marco regulatorio aplicable” (DNP, 2019, p. 628). El pacto deja un gran sin sabor pues como ya se dijo antes se reconocen las relaciones con las comunidades, pero el énfasis del pacto esta inclinado a favor de los derechos del capital privado para la explotación de materias primas. En este punto las dinámicas de relacionamiento no deben ser temporales ni con soluciones transitorias sino con un enfoque integral de reubicación acordada, indemnización y planes de contingencia. Desafortunadamente no hay metas claras en los procesos de concertación mientras que las metas de inversión y producción están muy definidas.
Referencias
Botta, A., Godin, A., & Missaglia, M. (2016). Finance, foreign (direct) investment and dutch disease: the case of Colombia. Economia Politica, 33(2), 265-289.
Departamento Nacional de Planeación(DNP). (2019). Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
Farah, N. (2016). Fracking and Land Productivity: The Effects of Hydraulic Fracturing on Agriculture. In Implications of North American Energy Self-Sufficiency, 34th USAEE/IAEE North American Conference, Oct 23-26, 2016. International Association for Energy Economics.
Meng, Q. (2017). The impacts of fracking on the environment: a total environmental study paradigm. Science of the Total Environment, 580, 953-957.
Pérez O.(2007)TLC y pueblos indígenas: entre el saqueo y la resistencia. Colección Autonomía Indigena. ISBN 978-958-95143-5-1
*Profesor Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia.
