A pesar de que el Gobierno dice que es un “cambio mínimo”, los efectos pueden ser graves.
El senador Roy Barreras, negociador en La Habana y defensor de los acuerdos de paz en el Congreso, dijo este jueves en una acalorada discusión en W radio que “un proyecto de ley que con fast track se demoraba de tres a cuatro días en aprobar, ahora se va a demorar dos semanas gracias al fallo de la Corte”. Esto significa que, por cada ley que se proponga, el trámite durará diez días más.
El fallo de la Corte dice, básicamente, que ya no será necesario el aval del gobierno para presentar modificaciones al acuerdo del Teatro Colón y que tampoco será válido votar obligatoriamente en bloque las propuestas. “Un cambio mínimo”, según dijo a la prensa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como parte de tranquilidad ante la crisis.
Sin embargo, el cambio no es tan mínimo. Hablamos con varios asesores de congresistas y nos dijeron que no ha comenzado el trámite de 33 leyes, 10 decretos, un documento Compes y dos conjuntos de pliegos. El asesor de uno de los representantes del movimiento político Voces de Paz le dijo a ¡Pacifista! que aún falta por tramitar por lo menos el 80 por ciento de los mecanismos que permiten implementar los acuerdos.
Solo en leyes, la decisión del Alto Tribunal significaría un retraso de 330 días en la aprobación. Casi un año. Solo en leyes, repetimos.
Así que en esa cuenta no se tienen en cuenta los otros mecanismos que se tienen que aprobar, ni los fines de semana, los días festivos y las vacaciones de los legisladores. La decisión de la Corte ha tenido tanto impacto que el asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, dijo que el fallo “deja en suspenso” y “congela” el acuerdo de paz. Además, ‘Iván Márquez’ dijo este jueves que “se han cambiado de facto las condiciones para que se cumpla en el plazo establecido” y señaló que este proceso de paz necesita “más hechos y menos leyes”.
Las reformas que aún no se han tramitado, y que se negociarán con las nuevas reglas que impuso la Corte, tienen que ver con regalías, monopolio de las armas y desarrollo agropecuario, según dijo el ministro Cristo. Pero hay dos iniciativas claves para el futuro de la paz en Colombia que se tendrán que discutir artículo por artículo: la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y el proyecto de Reforma Política.
Solo en leyes, la decisión del Alto Tribunal significaría un retraso de 330 días en la aprobación. Casi un año.
La Ley Estatutaria de la JEP reglamenta el mecanismo de justicia acordado en La Habana y crea las instituciones encargadas hacer funcionar la justicia especial. La Reforma Política pretende combatir la compra de votos, las curules de por vida, acaba el Consejo Nacional Electoral y regula las elecciones atípicas, las que vienen después de la destitución de un alcalde, por ejemplo.
El trámite de las leyes será más lento, y eso lo reconocen tanto los congresistas como los miembros del gabinete. Sin embargo, el fallo de la Corte no significa que los proyectos vayan a sufrir grandes modificaciones pues la Unidad Nacional tiene los votos suficientes para aprobar los cambios que se ajusten al texto del Teatro Colón y, por ende, a la conveniencia del gobierno.
El propio ministro Cristo habló este mismo jueves con los líderes de la coalición de gobierno en el Congreso —liberales, partido de la U, conservadores, Cambio Radical— y ellos le garantizaron, según comentó, su compromiso con la paz. Las mayorías legislativas siguen siendo santistas.
Solo uno de los problemas
El fallo de la Corte es algo así como la cereza del postre, en materia de retraso. Esta decisión se suma al incumplimiento del cronograma de construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) en las que la guerrilla entregará sus armas a la ONU y la falta de luz verde para poner en marcha la Ley de Amnistía.
A trece días del fin jurídico de las ZVTN ninguno de los 26 lugares en los que se concentran las Farc hace meses está listo. Incluso, hay algunos en los que no hay estructuras para instalar los campamentos, ni planos de diseño.
La Ley de Amnistía, aprobada en tiempo record por el Congreso en diciembre pasado, todavía no ha pasado el examen de la Corte Constitucional y ya hay rumores sobre la posibilidad de que este proyecto sea rechazado por el Alto Tribunal. Esta ley es, según analistas, la médula del proceso de justicia transicional con las Farc y la garantía de seguridad jurídica para los miles de combatientes que dentro de poco saldrán de las zonas veredales.
Tal vez por eso Enrique Santiago, en declaraciones a Caracol radio, dijo que “llegamos a la conclusión de que la institucionalidad no funciona, y si no funciona toca cambiarla. Y la única forma sería con la constituyente (…) La Corte ha congelado el proceso de paz, acaban de paralizar el proceso. Esto crea problemas jurídicos”.
¿Y la entrega de armas?
El gobierno insistió en que, a pesar del traspié que implica el fallo de la Corte, el cronograma de dejación de armas no se verá afectado. Era casi un hecho, hasta antes de la decisión judicial, que el 31 de mayo los integrantes de las Farc dejarían las armas que tienen en su poder y que, tres meses más tarde, la ONU identificaría y destruiría las cerca de 900 caletas que tiene la guerrilla.
Sin embargo, y según pudo conocer ¡Pacifista! por fuentes cercanas a la guerrilla, las Farc podrían utilizar el cronograma de dejación de armas para presionar el trámite de los proyectos. Es decir, obligar al presidente a utilizar todas las facultades “para sacar adelante este proceso de paz”, como escribió este jueves ‘Iván Márquez’ en Twitter.
