Conversamos con el abogado que se metió en la pelea por demostrar que el decreto que prohibe la dosis personal de drogas es inconstitucional.
Camilo Ernesto Forero, profesor de la Universidad de los Andes y abogado litigante, habla con cautela sobre términos jurídicos. Tiene tanta información en sus ideas que va desarrollándolas por capas y las analiza desde varios frentes, los que a su juicio son los fundamentales.
Uno de sus focos actualmente se encuentra en el decreto con el que el gobierno de Iván Duque quiere controlar la dosis personal de drogas por medio de mayores poderes y acciones de la Policía. Forero cree fielmente que el camino está en la regulación de todas las drogas, un proceso que debe ir acompañado de una educación apropiada para el tema y una serie de políticas oficiales orientadas a la salud pública.
Apenas se expidió el decreto, Forero –según él– le encontró varias inconsistencias. Lo considera un retroceso en materia de drogas y por eso decidió apostar por una respuesta en su mismo terreno: el ámbito jurídico. Esto fue lo que nos contó.
¡Pacifista!: ¿Qué tipo de acción presentó frente al Estado?
Camilo Forero: Lo que hice fue una acción de nulidad simple, no es una tutela. Es un control de legalidad que ejerce el Consejo de Estado frente a los actos administrativos que expide el Gobierno nacional. Esta acción busca la anulación de un decreto por controvertir el ordenamiento constitucional.
Concretamente, ¿de qué se trata esta demanda?
Frente al decreto, la demanda es muy sencilla. Tiene dos cargos principales.
Hay un tema de falta de competencia y de falsa motivación por parte del presidente para haber reglado esa materia a través de un decreto. El presidente lo que está haciendo es creando una infracción administrativa, esta es simplemente el porte y tenencia de estupefacientes destinados para consumo personal. Esto se reglamenta diciendo que las autoridades de Policía pueden destruir e incautar la sustancia que en realidad es un bien, cosa que, además, no se puede hacer vía decreto.
Además, en la prensa hay una desinformación muy grande frente a lo que establece el Código de Policía. El decreto crea una sanción o infracción frente al porte de sustancias en lugares públicos y se ordena que los policías impongan la sanción y esto no tiene competencia. En teoría, si se quiere que el Policía ponga una sanción, se debería hacer a través de una ley.
Por otro lado, las infracciones que define el Código de Policía no incluyen el porte de una dosis personal.
¿Cuál es el segundo – tal vez el más importante– argumento de la demanda?
El cargo principal por el cual el decreto es nulo, es la vulneración al libre desarrollo de la personalidad. Desde 1994 el decreto de la dosis mínima invalidó la ley 30 de 1986, que sancionaba con pena de multa a la persona que portara estupefacientes en una dosis determinada. En ese momento, la Corte Constitucional definió que no se debía aceptar mandatos que pretendan limitar y sobre todo, sancionar el consumo de estupefacientes por parte de un particular.
El Estado no se puede meter en las cosas que a la persona le interesan, que desarrolla en su intimidad y que no afecta a un tercero. En la libertad uno puede hacer todo lo que se le dé la gana, siempre y cuando no vulnere el derecho de un tercero. Evidentemente, el consumo de drogas en mi intimidad, por una decisión libre, no es una conducta que afecte a otros. Entonces el Estado no puede limitar esto, es contrario al ordenamiento constitucional.
¿A quién afecta el decreto?
Los verdaderos afectados van a ser los consumidores. El productor y el vendedor van a encontrar la manera de seguir vendiendo. Mientras haya demanda, va a haber oferta.
Las drogas han demostrado tener una demanda inelástica. Así haya barreras de entrada para obtener el producto, o suba su precio por la persecución de la Policía, el consumidor va a seguir tratando de consumir, porque así funciona el mundo y así funciona el comportamiento humano.
No vamos a acabar jamás con el consumo de estupefacientes, es sencillamente irreal, una utopía inalcanzable, fantasiosa de quienes siguen en la lucha contra las drogas.
Los habitantes de calle, las personas de estratos más bajos serán los más afectados. La Policía los va a reprimir más con el argumento de salvaguardar el orden público, que claro es su función, pero se van a sacrificar garantías constitucionales que todos los colombianos tenemos.
¿Cuál es su contribución a la discusión de la dosis personal en el país? ¿Qué lo diferencia?
Yo me había demorado en intentar dar un salto más frontal en el tema de activismo en el tema de drogas, pero creo que Colombia necesitaba esperar a que se acabara el conflicto armado para darse cuenta que no es un país violento y corrupto como consecuencia de un conflicto de carácter político, sino como consecuencia del narcotráfico y la economía ilegal.
Esto genera una industria multimillonaria como lo es la venta de la hoja de coca o la pasta de coca alrededor del mundo. Siempre habrá personas dispuestas a incursionar en ese negocio y necesariamente tendrán que acudir a métodos violentos e ilegales para mantener viva su estructura industrial.
Entonces, el activismo debe darse de reforma responsable políticamente hablando y coherente jurídicamente. Nunca seremos un país en paz hasta que regulemos toda la cadena productiva del narcotráfico y en ese camino, debemos asegurarnos de estructura runa política pública que busque mejorar la salud pública de los ciudadanos.
El activismo debe ser organizado, “el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve”, dice un viejo dicho.
Entonces, ¿qué necesita Colombia en materia de drogas?
Es una discusión complicada, pero definitivamente, no retroceder. Creo que el decreto es un retroceso. Estamos buscando acabar con un problema que está en el último eslabón de la cadena productiva del narcotráfico, que es el consumo. Por ahí, no es.
Todos los eslabones anteriores son ilegales, entonces no puede haber una decisión coherente que permita solucionar el problema. Necesitamos dar una discusión frontal, internacional y sincera frente al narcotrafico, a las drogas. Hay que plantearse, de alguna manera, la regulación de su consumo. De lo contrario, seguiremos en una lucha en la que llevabamos 50 años y que hemos perdido.
Es una guerra que nos ha costado a nuestros más importantes líderes políticos, hemos perdido a miles de personas en el camino, el país se ha vuelto más desigual y pobre. Las características geográficas han facilitado la industria particularmente de la coca.
¿Qué hacer mientras Duque con su política de drogas siga en el gobierno?
Mientras esté un gobierno que no vaya a dar esta discusión en términos de regulación, lo único que no podemos permitir es un retroceso en las libertades, ya que esto nos regresa a una época en la que sancionabamos el consumo.
No estoy diciendo que el consumo sea positivo o no sea nocivo —al igual que el cigarrillo y el alcohol— pero no por ello el Estado debe sancionar para ajustar los comportamientos que el gobierno considera incorrectos. Sin embargo, sí debemos trabajar en tratamiento del adicto, en incentivar el deporte, en promover mecanismos educativos que prevengan la drogadicción, esto no se puede esconder.
¿Desde hace cuánto empezó a tratar en el ámbito jurídico temas relacionados con drogas?
Soy activista desde hace mucho tiempo, investigo los temas de estupefacientes académicamente y jurídicamente, sin embargo este no es mi oficio. Cuando salió el decreto de marihuana medicinal a finales del 2015 organicé un foro con el Ministro de Salud y de Justicia para discutir la reglamentación para las licencia de cultivo de cannabis medicinal. Entonces hace unos cinco años vengo moviendome en el tema.
