Con la sentencia contra las falsas víctimas en la masacre de Mapiripán, hay voces que ponen en duda los hechos ocurridos en el municipio del Meta.
Por: Daniel Montoya
El Juzgado 29 de conocimiento de Bogotá condenó a Mariela Contreras, su hija y su yerno, a cinco años y cinco meses de prisión domiciliaria por dar falso testimonio en los diferentes procesos contra el Estado por la masacre de Mapiripán (Meta). De inmediato, sectores políticos y defensores de la actuación de las Fuerzas Militares durante la masacre, sostuvieron que este fallo pone en tela de juicio las sentencias alrededor del caso. Y, mientras tanto, defensores de derechos humanos, pidieron que no se caiga en la trampa de negar los horrores cometidos en este pueblo llanero.
El 12 de julio de 1997 llegaron a Mapiripán cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu). Durante poco más de una semana se tomaron el pueblo (varias de sus veredas y el casco urbano). Según los testimonios de exparamilitares y víctimas, allí degollaron, balearon, castraron, decapitaron y jugaron fútbol con las cabezas. Luego, la mayoría de los cuerpos eran desmembrados, llenados de piedra y lanzados al río Guaviare para que nunca los encontraran.
Los ‘paras’ dejaron el pueblo el 20 de julio y la Fuerza Pública apareció de nuevo por el territorio el 23 del mismo mes. El saldo exacto de víctimas que dejó la masacre se desconoce, aunque diversas entidades del Estado han hablado de cerca de 50 personas asesinadas.
En 2005 la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) falló en contra del Estado colombiano al considerarlo responsable de la masacre. Dentro de los testimonios que llevaron al CIDH a este fallo estuvo el de Mariela Contreras, su hija Zully y su yerno. Contreras aseguró que dos de sus hijos habían desaparecido durante los hechos y que su esposo fue asesinado esa misma semana.
Durante el proceso que terminó con la condena de Contreras, la Fiscalía logró demostrar que su hijo, Diego Martínez Contreras, “no desapareció para la fecha de la masacre, sino que se tiene certeza que el 14 de noviembre de 2001 aún se encontraba con vida, y se enfiló en las filas de grupos paramilitares que actuaban en la región”. Además, que su otro hijo, Hugo Fernando Martínez Contreras, “inscribió la cédula de ciudadanía el día 19 de mayo de 1999 en Bogotá para ejercer el derecho al voto, que no desapareció tampoco con motivo de la masacre de Mapiripán y se alistó en el frente 39 de las Farc desde el año 1995 hasta el 6 de agosto de 2005, fecha en la cual se desmovilizó”.
En 2011 los tres integrantes de la familia Contreras confesaron que se presentaron como víctimas cuando realmente no lo eran, así que el fallo en su contra era cuestión de tiempo. En esa misma ocasión, acusaron al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), que condujo el caso contra el Estado ante la CIDH, de haberse aprovechado de su ignorancia.
En una conversación con El Espectador publicada ese mismo año, Mariela Contreras aseguró que nunca dijo que sus hijos estaban muertos: “Yo no sé de dónde sacan eso. Yo siempre dije que eran desaparecidos, me da terror decir que estaban muertos. Y no solamente se lo dije a ellos, sino también a la Fiscalía. Yo sé que mi esposo fue asesinado por los paramilitares, pero mis hijos no”.
Ante la acusación, el Ccajar argumenta que Mariela Contreras fue reconocida como víctima en 2002 por la Fiscalía 28 de la Unidad de Derechos Humanos y que, por lo tanto, su testimonio fue presentado ante la CIDH.
Lo cierto es que, ahora, Contreras y su familia tendrán que devolver los cerca de $3.300 millones de indemnización que recibieron al ser indemnizados como víctimas, y deberán pagar, además, una multa de 255 salarios mínimos vigentes.
Actualmente, el oficial de más alto rango condenado por la masacre es el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, quien paga una condena de 37 años de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Si bien Uscátegui ha insistido en su inocencia desde que ocurrieron los hechos, la justicia considera que, como comandante de la VII brigada del Ejército, con jurisdicción en el Meta, tenía todos los medios para evitar la masacre y no hizo nada al respecto.
¿Cómo afecta este fallo a la verdad sobre de la masacre?
Más allá de la sentencia contra Mariela Contreras y su familia, vale la pena preguntarse si esta decisión afecta de alguna manera la verdad que se había construido sobre la masacre de Mapiripán, y si deja sin peso las sentencias proferidas contra el Estado. Al fin y al cabo, mucho de lo que se conoce de lo que sucedió en Mapiripán proviene de los relatos de las víctimas acusadas.
De acuerdo con fuentes del Ccajar, “la sentencia no pierde su peso porque, aunque se excluyen estas personas del listado de víctimas, el hecho de que se presenten falsos reclamantes no desvirtúa la tragedia”.
El representante del Polo Democrático Alirio Uribe, quien hizo su carrera como abogado defensor de los derechos humanos en el Ccajar, asegura que “el hecho de que personas se hayan hecho pasar como víctimas no afecta la verdad histórica de que la masacre haya sucedido. El 83% de esta localidad se desplazó después de la masacre. Es un hecho. La masacre de Mapiripán tiene más de diez sentencias penales, una sentencia internacional y varias sanciones disciplinarias que ratifican lo sucedido”.
Sin embargo, hay otras voces que controvierten el relato construido sobre lo ocurrido en este municipio del Meta. El general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), considera que “la decisión de la CIDH tiene que cambiar porque partió de premisas falsas. La sentencia contra estas falsas víctimas debe servir para corregir lo que de manera malintencionada se hizo”.
Además, Ruiz Barrera asegura que la sentencia contra Mariela Contreras debe jugar “a favor del general Uscátegui, que ha sido procesado y condenado por este tema”.
