La Fundación Ideas para la Paz diseñó cuatro estrategias para abordar el consumo y el tráfico con respeto por los derechos humanos.
Por estos días, en Nueva York se reúnen mandatarios de decenas de países para una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) sobre el tema de drogas. La gran reunión se da en un punto donde parece que el mundo no aguanta más “La guerra contra las drogas”.
Lo que se discuta por estos días en la UNGASS será, seguramente, el eje sobre el que el país regulará el tema de drogas. El problema para Colombia ya no solo está relacionado con la exportación sino con el consumo interno. Eso hace que la política que se aplique dependa en buena medida de los alcaldes y gobernadores, que tendrán que presentar en mayo los planes de desarrollo con los que pretenden gobernar durante los próximos cuatro años.
Con eso en mente, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) diseñó una “Guía práctica para resolver el problema de drogas a nivel local”. La guía se enfoca principalmente en entornos urbanos y, en términos generales, recomienda “diseñar e implementar intervenciones que respondan a las realidades de sus territorios, desde una perspectiva integral que no se limite a las respuestas policiales y que cuente con los recursos necesarios”.
¿Por qué hay que replantear el tema de drogas a nivel local?
El consumo ha ido al alza en los últimos años. A nivel nacional, entre 2008 y 2013, subió del 8,8 al 12,2%. La estrategia, dice la FIP, ha sido combatir el problema judicialmente: las capturas y las condenas han aumentado en ese lapso de tiempo. Pero, al tiempo, el aumento del consumo indica que el enfoque punitivo no está funcionando del todo bien.
De cualquier forma, los problemas vinculados a las drogas siguen siendo una amenaza para la seguridad ciudadana. La violencia asociada al tráfico, los problemas de convivencia y el alza del consumo en menores de edad son algunas de las preocupaciones más frecuentes en relación con los daños que hacen las drogas, en un sentido amplio, al tejido social.
Para María Victoria Llorente, directora de la FIP, uno de los problemas centrales a nivel local es que “las políticas de seguridad, la prevención y las intervenciones en el ámbito de la salud no dialogan, por lo que las respuestas son fragmentadas y se inclinan a concentrar los recursos en las medidas represivas”.
Juan Carlos Garzón, experto en política de drogas y uno de los diseñadores de la guía, dice que la evidencia internacional muestra que el enfoque punitivo, antes que resolver el problema, ha puesto en riesgo a los usuarios: perseguirlos y estigmatizarlos los aleja del sistema de salud.
Como el problema de las drogas es multidimensional, el responsable no es uno solo. Se requiere, como dice Llorente, que las instituciones dialoguen entre ellas. Las instituciones de salud pública, seguridad, desarrollo social y justicia no pueden seguir abordando el asunto por separado.
Esa articulación institucional, dice la FIP, conviene empezarla a nivel local. Meter de lleno el tema de drogas en los planes de desarrollo sería una garantía para que haya metas claras y se optimicen los recursos. Además, el municipio es el espacio adecuado para buscar innovación y desarrollar nuevos enfoques de cara a una solución integral.
La guía hace énfasis en que “son las comunidades marginalizadas las que presentan mayores niveles de vulnerabilidad, por lo que se requiere orientar los recursos a los barrios y grupos que más los necesitan”. Invertir en la política de drogas, dicen, permitirá disminuir los costos asociados a los problemas sanitarios, sociales y de seguridad.
Cuatro estrategias para armar una política de drogas integral
La política de drogas a nivel local se debe plantear teniendo en cuenta varios enfoques. Uno territorial, que considere las particularidades de cada municipio; uno de salud pública, reconociendo las diferencias entre los distintos tipos de drogas y sus riesgos; uno de derechos humanos, que humanice las políticas y asuma principios de igualdad y discriminación positiva para apoyar a la población más vulnerable; y uno de desarrollo, que asista a los ciudadanos para que enfrenten problemas como el consumo a temprana edad, la adicción y los entornos violentos.
La FIP plantea cuatro estrategias grandes que podrían trasladarse a los planes de desarrollo. La primera es la prevención del uso de drogas para niños y jóvenes. En ese punto, lo esencial es disminuir el contacto temprano con drogas. Para eso, la primera recomendación es asegurar el acceso de todos al sistema educativo, y que a este lo complemente el ámbito familiar, para que se eduque sobre las sustancias, sus efectos y las implicaciones de las adicciones en términos de salud física y mental.
La segunda estrategia se refiere a los servicios de salud disponibles para los usuarios de drogas. La FIP recomienda tratamientos básicos para el consumidor; además, pide incluir el tema de la reducción de daños, que básicamente es buscar garantías para que los consumidores tengan acceso a material higiénico y a acompañamiento psicológico, y así se reduzcan los riesgos de enfermedades físicas y mentales.
Otra estrategia, propone la FIP, debería encargarse de la seguridad y convivencia ciudadana. En seguridad, la consigna es intervenir los lugares críticos de comercialización de drogas. Pero la intervención no debe ser exclusivamente policial. La guía se refiere a un marco más integral, que va desde el alumbrado público hasta la atención a habitantes de la calle.
La última estrategia, que a la vez atraviesa a las anteriores, es la integración social y la atención a población vulnerable. Lo primero que propone la FIP es focalizar los grupos vulnerables: gente en las cárceles, jóvenes y niños, habitantes de la calle. A partir de ahí, la idea es crear canales de diálogo entre los consumidores y la comunidad. Además, construir redes de apoyo y centros de escucha integrados por expertos en este tipo de poblaciones.
El propósito de la Fundación Ideas para la Paz con esas recomendaciones es dar orden a la solución integral del problema de drogas. Organizarlo por estrategias e identificar a las instituciones competentes para cada paso es la forma optimizar tiempo y recursos. Sin embargo, la guía es apenas una pincelada sobre los puntos que se deben abordar. Ahora queda en manos de los alcaldes y sus equipos, de acuerdo a las características de cada territorio, crear sus propias políticas de drogas.
