Guía para entender lo que se aprobó (y lo que no) en el ‘fast-track’
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Guía para entender lo que se aprobó (y lo que no) en el ‘fast-track’

Staff ¡Pacifista! - Diciembre 13, 2017

Proyectos claves como las curules para las víctimas o la Jursidicción Especial para la Paz (JEP) están en el limbo.

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Montaje: ¡Pacifista!

 

Por Santiago Valenzuela y Maria Alejandra Rodríguez

Termina un año cojo para el ministro del Interior, Guillermo Rivera. De su astucia política dependía que la implementación del acuerdo de paz con las Farc pasara exitosamente por el Congreso en el periodo legislativo fast-track, el cual terminó el 30 de noviembre.  La idea consistía en que el Congreso aprobara de manera ágil las reformas necesarias para que lo que había quedado plasmado en el acuerdo fuera posible: la creación de un tribunal que juzgue a los actores del conflicto y las garantías para que las Farc participen en política, entre otros grandes asuntos.

Por estos días, al ministro no se le ve de buen humor. Es cortante con los medios de comunicación y se resiste a tocar temas sensibles sobre el Congreso. Cuando le preguntamos sobre las circunscripciones especiales de paz, nos dijo –a pesar de las versiones encontradas entre el gobierno y el legislativo– que “el proyecto ya fue aprobado, ya surtió todos los trámites, punto”.  Después, al indagar por los proyectos que no pasaron el fast-track, nos dijo que “van a continuar de manera ordinaria”. Es decir, no existe un plan de contingencia para rescatarlos este año.

Guillermo Rivera, ministro del Interior. Foto: Pablo David G.

Frente a preocupaciones urgentes como la posesión de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, Rivera dijo tajantemente: “no tengo conocimiento sobre cuándo se van a posesionar los magistrados”. ¿Y la financiación de la JEP? Preguntamos: “En eso está trabajando el Ministerio de Justicia”, respondió. Fue difícil hablar con el ministro, por lo que al final él nos remitió un balance escrito sobre lo logrado en el fast-track. Por eso, a continuación les mostramos qué se aprobó y qué no en este periodo legislativo especial.

Lo aprobado

1. Justicia transicional: Acto legislativo 01 de 2017

En este acto legislativo están los puntos esenciales del Acuerdo de Paz, como el sistema de verdad justicia, reparación y no repetición. En este sistema está incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este acto legislativo es clave porque incluye las normas de justicia transicional dentro de la Contitución Política, incluyendo la participación política de exguerrilleros.

2. Blindaje jurídico del acuerdo de paz: Acto legislativo 02 de 2017

Con el fast-track fue posible que se adicionara un artículo transitorio en la Constitución para que el acuerdo de paz quedara blindado jurídicamente. Dentro de las medidas para otorgar seguridad jurídica quedó en firme la condición de que durante los próximos tres gobiernos se respete lo acordado.

3. Participación política de las Farc: Acto legislativo 03 de 2017

Esta norma le abrió las puertas de la política a las Farc, pues de acuerdo con lo contemplado en el acuerdo, la guerrilla pasaría a transformarse en un partido político con personería jurídica y con todas las garantías legales. Allí quedó establecido, además, que los exintegrantes de las Farc deben comprometerse a pasar por la JEP antes de ser elegidos en cualquier cargo público.

4. Cambio en el sistema de regalías: acto Legislativo 04 de 2017

Con esta norma, las entidades territoriales que reciban recursos del Sistema de Regalías se comprometen a invertir estos recursos en la implementación del acuerdo de paz. Esta norma señala que durante los próximos 20 años los proyectos deben estar enfocados en temas relacionados con la implementación.

5. Monopolio legítimo de la fuerza: Acto Legislativo 05 de 2017

El Estado quedó con el monopolio de la fuerza y la defensa de todo el territorio. En el acto legislativo queda prohibida “la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares”.

6. Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (en el limbo)

Este punto, según el Ministerio del Interior, fue aprobado en el Congreso. Sin embargo, existe una disputa legal porque para el Senado no hubo mayorías y por eso el proyecto se habría hundido. De este punto depende que 16 víctimas de las regiones más golpeadas por el conflicto cuenten con curules en el Congreso por los próximos tres periodos. Que se aprueben las curules para las víctimas dependerá de la Consejo de Estado, donde el gobierno interpuso una acción de cumplimiento.

7. Seguridad jurídica para Voces de Paz: Ley 1830 de 2017

Por medio de esta ley quedó garantizada la participación de seis voceros designados por las Farc para que hicieran un seguimiento a la implementación del acuerdo de paz en Senado y Cámara de Representantes.

8. Darle dientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) : Ley 1865 de 2017

Se aprobaron nuevos recursos para que la UNP ampliara su planta de personal con el fin de dotar “inmediatamente” de protección a diferentes excombatientes de las Farc.

9. Estatuto de la Oposición

Aunque está bajo revisión de la Corte Constitucional, el Estatuto de la Oposición es una hoja de ruta para proteger el derecho a la oposición en el país, a las agrupaciones políticas minoritarias y a las independientes. Esto obliga a los partidos a demarcar una línea ideológica clara para saber a ciencia cierta quiénes están haciendo oposición y de esta medida garantizar su ejercicio político.

10. Creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

La JEP está siendo evaluada por la Corte Constitucional. De este mecanismo depende que los actores del conflicto puedan contar la verdad de sus crímenes ante un tribunal y, como lo dice el acuerdo de paz, que los que confiesen reciban beneficios, como amnistías.

11. Ley de Amnistía: Ley 1820 de 2016

Esta norma permite que los exguerrilleros señalados de delitos como el de rebelión y otros conexos reciban amnistía inmediata. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, 4.100 guerrilleros serían amparados con este beneficio. Esta ley excluye a los integrantes de las Farc que cometieron delitos de lesa humanidad, como masacres, secuestros y reclutamiento de menores.

12. Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria

Pese a que está pendiente de sanción presidencial, este sistema contempla medidas para fortalecer la investigación en temas agropecuarios, el desarrollo tecnológico, la capacitación y le implementación de procesos de innovación para mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del agro en Colombia.

Lo que falta por aprobar

1. Zonas de reserva forestal (ZRF)

El decreto-ley establece que la restricción para el uso de las zonas de reserva forestal debería cambiar para posibilitar la actividad económica. Es decir, que el gobierno busca incluir en la ley de tierras, la posibilidad de que se puedan hacer titulaciones pequeñas dentro de las ZRF. Este punto quedó pendiente de aprobar en primer y tercer debate en las comisiones quintas conjuntas y el responsable de la iniciativa es el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. Sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales

En este punto se dictan las disposiciones para que las personas que hacen parte de las organizaciones criminales, se acojan a la justicia por medio de la contribución efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia en los territorios. El proyecto de ley de quedó en las comisiones primeras conjuntas y el ministerio de Justicia esta a cargo.

3. Regulación del sistema nacional catastral multipropósito

La dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, establece en este proyecto de ley que se desarrolle una ruta metodológica para tener una consulta previa para todos los proyectos de ley que garanticen la implementación de los acuerdos. Es decir, que se busca poner reglas para tener una adecuada gestión e integración de la información catastral. La ley quedó pendiente de aprobar en primer y tercer debates en comisiones terceras conjuntas y está a cargo del ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

4. Servicio publico de adecuación de tierras

Esta ley tiene como propósito regular, orientar y hacer seguimiento al proceso de adecuación de tierras, para que así se mejore la productividad del sector agropecuario. En este proyecto se tratan temas como el uso sostenible de recursos como el suelo y agua. El proyecto quedó pendiente de aprobar en tercer y cuarto debates en plenarias de Senado y Cámara de Representantes y está a cargo del ministerio de Agricultura.

5. Modificación parcial de la ley 996 de 2005

Esta ley, mejor conocida como la Ley de Garantías, restringe la contratación pública cuatro meses antes de las elecciones. Con la modificación, se planea que entidades como la Agencia para la renovación del territorio, la Agencia para la reincorporación, la Agencia Nacional de tierras y la Unidad nacional de protección puedan seguir contratando durante los cuatro meses. A la ley le faltó ser aprobada en primer y tercer debates en comisiones primeras conjuntas y está a cargo del ministerio del Interior.

6. Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores

En esta se quiere que los pequeños cultivadores de cultivos ilícitos como la hoja de coca, tengan un tratamiento penal diferenciado. Es decir, que todos aquellos que tengan cultivos de hasta 3,8 hectáreas de coca no tendrían que pasar por la cárcel. La ley quedó pendiente de rendir ponencia para primer y tercer debates en comisiones primeras conjuntas y está a cargo del ministerio de Justicia.

7. Modificación a la ley orgánica del plan nacional de desarrollo

Por medio de esta ley, se quiere introducir en el Plan Nacional de Desarrollo varios puntos de la implementación del Acuerdo final firmado en el Teatro Colón. Se quiere que durante los próximos 20 años se incluya un componente específico de paz en el Plan de inversiones nacional. De esta manera, se prevé priorizar a los ciudadanos y entidades territoriales que han sido más afectados por el conflicto. La ley quedó pendiente de rendir ponencia para primer y tercer debates en comisiones terceras conjuntas y está a cargo del ministerio de Hacienda y el DNP.