Guerrilleros que saltaron a las filas de los ‘paras’. El riesgo de reciclar la guerra

Las historias de tres ex AUC llamaron la atención de la justicia sobre la necesidad de ampliar los programas de protección y reincorporación de excombatientes.

Dice el Tribunal Superior de Medellín [1] que tres de los comandantes paramilitares que azotaron el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba a la sombra de Ramiro Vanoy, alias “Cuco”, pasaron primero por filas guerrilleras. Formados política y militarmente en las Farc y el ELN, esos hombres terminaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cometieron homicidios, secuestros, torturas, masacres y desapariciones.

Uno de ellos es José Higinio Arroyo, alias “Ocho cinco”, exjefe del frente Briceño del bloque Mineros de las AUC. Nacido en Montería, Arroyo se vinculó a las Juventudes Comunistas (Juco) cuando tenía 15 años y más tarde ingresó al frente 18 de las Farc. En la guerrilla realizó labores de inteligencia, ubicó ganaderos “para secuestros” y repartió “propaganda subversiva”. Después fue enviado a Briceño (Antioquia), donde asumió un cargo de dirección y se desempeñó como instructor de una escuela móvil.

Según el Tribunal, en 1990 los paramilitares asesinaron al padre y a un hermano de Arroyo. En 1995, atemorizado por las amenazas contra su familia, accedió a las presiones y decidió ingresar a las Autodefensas. Ese mismo año se reunió con “Cuco” y le entregó información “sobre la red de milicianos y colaboradores de la guerrilla ubicados entre Tarazá y Yarumal”. Un año después se convirtió en comandante de compañía e instructor, y en 1997 “cubrió la retirada” de los paramilitares que cometieron la masacre de El Aro, en Ituango.

El segundo caso es el de Roberto Pérez, alias “La Zorra”. Trabajador del campo, ingresó al frente Héroes de Anorí del ELN cuando tenía 20 años. Entonces, promovió la ideología de esa organización entre los campesinos de Valdivia (Antioquia), además de patrullar en ese y otros municipios.

En 1993, Pérez desertó de la guerrilla y volvió a las labores del campo. Un año después, fue capturado y condenado por rebelión. Pero una vez en libertad el ELN lo declaró objetivo militar, por lo que ingresó al grupo de las Autodefensas que operaba en Yarumal. Rápidamente fue designado comandante militar del frente Barro Blanco del bloque Mineros. En esa posición, asumió el control de zonas rurales de Cáceres, Anorí, Campamento, Tarazá, Valdivia y Yarumal.

El tercer caso es el de Rolando de Jesús Lopera, alias “Mono”, quien después de trabajar como agricultor y minero ingresó a las Farc en Guadalupe (Antioquia). Allí fue patrullero, cocinero y guardián, hasta que desertó porque estaba “inconforme con las actuaciones de la guerrilla”. Más tarde, trabajó como obrero y prestó servicio militar en la Infantería de Marina.

Después de prestar servicio, Lopera se vinculó como vigilante a una empresa de seguridad privada. No pasó mucho tiempo antes de que las Farc lo amenazaran, por lo que se unió a las AUC. Allí se le encomendó garantizar la seguridad de varias minas en el Bajo Cauca, donde patrulló bajo las órdenes del Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, comandante del bloque Metro, quien fue asesinado en 2004 . En 2000, Lopera fue nombrado comandante del frente Anorí y, tras las disputas entre “Doble Cero” y el extinto jefe paramilitar Carlos Castaño, pasó a integrar el bloque Mineros.

El último caso que reseñó el Tribunal es el de Luis Chavarría, alias “Lucho Mico”, quien a comienzos de los 90 era miliciano del frente 18 de las Farc. Durante su paso por esa guerrilla, Chavarría realizó labores de inteligencia en Montelíbano (Córdoba) y en Tarazá e Ituango (Antioquia). Pero en 1995, tras un consejo de guerra, las Farc asesinaron a uno de sus primos, también guerrillero. Por eso, decidió cambiarse de bando y contactó a José Arroyo, el comandante del frente Briceño, a quien había conocido en las filas insurgentes.

Ya en las AUC, Chavarría tuvo cargos de dirección en los mismos municipios donde había combatido con las Farc. A comienzos de 2000, se enfrentó con el frente 18, el mismo donde empezó su carrera en la guerra. Tres años después, fue capturado por la desaparición forzada de una mujer y su hijo, y hoy permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Fueron estas historias las que alertaron al Tribunal, que llamó la atención sobre la necesidad de brindar protección eficaz y programas de atención integral a los desmovilizados, particularmente a aquellos que resultan “atractivos” para otras estructuras armadas por su experticia militar, su conocimiento del bando opuesto o sus capacidades para conducir tropas y gestionar recursos. Son esos combatientes los que, en su concepto, tienen “la experiencia necesaria para ser el motor del fin de la guerra o del reciclaje de la misma”.

Por eso, el Tribunal le pidió a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ampliar los programas de acompañamiento y seguimiento a los desmovilizados individuales, teniendo en cuenta “los riesgos reales de una reconfiguración de nuevos grupos armados ilegales” y para garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición.

¿De guerrilleros a paramilitares?

Es difícil entender por qué un combatiente de una guerrilla de izquierda termina comandando grupos de extrema derecha. Al respecto, Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica y autor de varias investigaciones sobre el fenómeno paramilitar, explica que en esos casos “los jóvenes guerrilleros hicieron parte de estructuras básicas y estuvieron, a lo sumo, al mando de pequeñas unidades, pero jamás de frentes o compañías. Son guerrilleros absolutamente de base, que no tienen mayor formación política y que por lo regular fueron muy guerreros”.

En cuanto a los insurgentes que cambiaron de bando por amenazas, Villarraga asegura que en zonas conflictivas como el Catatumbo, el Magdalena Medio y Medellín era común “que los paramilitares capturaran guerrilleros y les ‘perdonaran la vida’ con la condición de ingresar a las Autodefensas. Lo mismo pasó con las guerrilleras, que eran violadas y asesinadas si no se volvían informantes y pasaban a filas”.

Según el investigador, “en el trasfondo de ese fenómeno está el interés de los paramilitares en tener mano de obra calificada. Su modus operandi fue siempre de tipo mercenario, y por eso reclutaron no sólo guerrilleros, sino también exmilitares, expolicías, exbandidos y todas aquellas personas que les fueran eficaces en las labores de la violencia”.

El caso más sonado de ese “reciclaje” es el de la disidencia del EPL que operó en Córdoba y Urabá entre 1991 y 1996. Ese año, después de entregarse a la brigada XI del Ejército, los desmovilizados fueron cooptados por las estructuras paramilitares de Carlos Castaño. Villarraga dice que esa transición pudo ser responsabilidad del Ejército y de los funcionarios del programa de reintegración de la época, que ubicaron a los excombatientes en zonas de influencia paramilitar. Años después, tres de esos jóvenes tomaron las riendas de Los Urabeños, la banda criminal más poderosa del país.

Sin embargo, Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, asegura que los recientes programas de reincorporación de excombatientes a la vida civil sí han tenido éxito. Así, de los 49 mil desmovilizados que el Gobierno ha atendido en los últimos 13 años, sólo el 24% ha vuelto a la ilegalidad o está en riesgo de hacerlo.

Para Mitrotti, la ACR se ha ido cualificando para hacer posible “la reintegración de mandos, milicianos, combatientes rasos y redes de apoyo, entendiendo cuáles son los desafíos que tienen esas personas en diferentes entornos e impulsándolos para que se conviertan en ciudadanos que profundicen la democracia”.

Frente a los desafíos que deberá enfrentar el Estado con la futura dejación de armas de las Farc, el director de la Agencia dice que “en la mesa de conversaciones aún no se ha tocado el tema de la reincorporación”, pero que desde ya se sabe que “habrá innovaciones, adecuaciones y nuevos enfoques” en los programas.

De cualquier manera, ese proceso podrá verse afectado por la persistencia de las estructuras del ELN y por el fuerte control territorial que las bandas criminales ejercen en zonas clave para el posconflicto. De acuerdo con Villarraga, sólo “si se logran pactos efectivos con estas dos guerrillas y se tratan a fondo estos rezagos del paramilitarismo habrá condiciones para superar las ofertas ilegales que alimentan los rearmes” y empezar a construir la paz.

[1] En sentencia contra seis exintegrantes del bloque Mineros.