Los ciudadanos pueden apoyar esta demanda enviando un escrito al Consejo de Estado.
Aumenta la presión contra el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. El mismo día en que miles de ciudadanos se congregaron en las afueras de la Fiscalía para pedir su renuncia, las organizaciones Dejusticia y la Comisión de Juristas, junto con el abogado Jorge Iván Cuervo, presentaron una demanda ante el Consejo de Estado pidiendo anular su elección como fiscal. La demanda también solicita, ante la gravedad del asunto, que mientras el Consejo emite una sentencia, el Fiscal sea retirado de su cargo lo más pronto posible.
La demanda se centra en que la Corte Suprema de Justicia no pudo elegir al candidato “más idóneo”, ni con “las mejores condiciones para desempeñar las funciones encomendadas”, cuando eligió y confirmó a Martínez, pues al momento de su elección la Corte no contaba con la información suficiente: Martínez no reveló entonces los conflictos de interés en que podría verse envuelto durante la investigación penal de corrupción del caso Odebrecht, que él conocía y se veía venir.
El mismo mes en que Martínez fue ternado para el cargo de Fiscal, Marcelo Odebrecth, presidente y dueño de la multinacional constructora, fue condenado en Brasil a 19 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Y en su país el caso ya se conocía como “el más grande escándalo de corrupción en la historia de Brasil”.
En ese mismo mes también, el 11 de marzo de 2016, siendo ya candidato para ser fiscal, Martínez gestionó un contrato para la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en calidad de abogado privado, para una transacción de $33,000 millones de pesos. Martínez aseguró que él en ese entonces no estaba seguro de si se habían cometido o no actos de corrupción y solo había obrado en calidad de abogado: “si un cliente dice: elabore un contrato de transacción con esos socios, uno va, hace su minuta y le cumple al cliente”, dijo en una entrevista.
La demanda de Dejusticia y la Comisión de Juristas afirma que Cuando Martínez fue ternado tenía ya un conflicto de interés potencial enorme que ha debido revelar pero que prefirió ocultar.
En una entrevista en Caracol Radio, previa a la elección del fiscal, donde participaron los tres ternados en el 2016, a la pregunta de ¿en qué procesos se declararía impedido si llegara a ser elegido? Martínez afirmó que a la fecha no veía ningún impedimento. “No conozco ningún familiar próximo o cliente que esté involucrado en alguna investigación penal en la Fiscalía”, dijo.
El problema es que si bien puede que no tuviera impedimentos por procesos en curso entonces, no fue transparente y no dijo que tenía un conflicto de interés potencial en un escándalo que estaba apunto de estallar y que ha resultado ser el caso de corrupción más grave del siglo en Colombia y en América Latina.
En palabras de la directora de Dejusticia, Vivian Newman, “Néstor Humberto Martínez también hubiera podido valorar el daño que le haría a la democracia colombiana no informar estos gravísimos hechos, entregándole los datos claves a la Corte bajo confidencialidad para que ella misma tomara una decisión informada”.
“Es un deber ciudadano exigir que la cabeza de la Fiscalía sea modelo de moralidad pública y ofrezca garantías de imparcialidad judicial reales y aparentes”, afirmó la abogada en una columna de opinión este fin de semana.
Con la acción jurídica las organizaciones demandantes también buscan motivar una rendición de cuentas por parte del Fiscal que hasta el momento no ha llevado a cabo. Así esperan devolverle a la ciudadanía confianza y credibilidad en la Fiscalía General.
Los ciudadanos pueden sumarse con la presentación de un documento ante el Consejo de Estado (Cll 12 #7-65) expresando si apoyan o no esta acción y por qué, indicando el número de radicado de la demanda (11001032800020190000100)
Consulte la demanda completa aquí.
