¿Por qué las Farc condicionan la dejación de armas a la ley de aministía?

Insisten en que no concentrarán sus tropas hasta que el Congreso apruebe el proyecto que acordaron con el Gobierno.

Aunque ya está firmado el Acuerdo Final, el Gobierno y las Farc aún no se ponen de acuerdo en cuándo es el día D, que marcará los tiempos de la dejación de armas. Desde antes de la firma, los negociadores del Gobierno declararon que ese día era el mismo en el que el Presidente y el máximo comandante de las Farc sellarían el Acuerdo, mientras la guerrilla anunció que la fecha debía coincidir con la aprobación de ese documento y de la ley de amnistía en el Congreso.

Ambos documentos –proyectos–, junto al que incorpora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Constitución, fueron declarados como prioritarios en el Acuerdo. Los tres deberán tramitarse de manera simultánea a partir del 3 de octubre si el “SÍ” gana el plebiscito. Según cálculos de las partes, el legislativo tardará entre tres semanas y 40 días para aprobar esas leyes. Mientras tanto, todos los integrantes de las Farc serán beneficiados con la suspensión de órdenes de captura, con el fin de que puedan movilizarse a las áreas de concentración.

Sin embargo, la medida parece ser insuficiente para las Farc. La guerrilla busca que, antes de llevar sus tropas a Zonas y Puntos, buena parte de sus integrantes no tengan cuentas pendientes con la justicia. Por ello, anunció que los tiempos del desarme empezarán a correr tras la aprobación del proyecto de Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales. El documento fue incluido en el Acuerdo y abarca, además de los delitos políticos, otros como la violación de habitación ajena, la falsedad en documento público, las amenazas, el voto fraudulento, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales y el espionaje.

Esa primera amnistía ‘tumbará’ las sanciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas que se hayan impuesto a la fecha. Según el proyecto de ley, también cobijará las conductas dirigidas a financiar u ocultar “el desarrollo de la rebelión”, así como los delitos que se consideran “comunes”, siempre y cuando se hayan cometido con ocasión del conflicto y no se hayan ejecutado en beneficio personal. Las amnistías e indultos por esos crímenes sólo podrán ser otorgadas por la JEP.

De acuerdo con el proyecto, la amnistía que conceda el Gobierno será revisada por el Tribunal para la Paz. Con esa decisión se busca evitar hechos similares a los ocurridos en el caso del M-19, en los que la Fiscalía y algunos jueces han considerado revertir la amnistía que le otorgó el Gobierno a los integrantes de esa guerrilla en 1989. Aun así, el proyecto dejó constancia de que la concesión de amnistías o indultos no exime a los exguerrilleros de contribuir al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

Para garantizar que eso último se cumpla, las partes acordaron que si los excombatientes se niegan a reparar, acudir a la Comisión de la Verdad o colaborar con la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, perderán la posibilidad de que la JEP les aplique sanciones especiales si llegaran a ser condenados por delitos no amnistiables.

Los beneficiarios de la ley, de acuerdo con el documento, serán los colombianos y extranjeros condenados, procesados o investigados por pertenecer o colaborar con las Farc; las personas que las Farc le reporten al Gobierno como miembros de esa organización, y todas aquellas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos que no se consideran políticos, aunque sí conexos, y que hayan sido relacionados en la sentencia como miembros de las Farc.

Como todos los hechos delictivos cometidos por integrantes de las Farc no se encuentran en investigación o han motivado condenas, el proyecto incluye la garantía de que la justicia no podrá iniciar nuevos procesos por crímenes contemplados en la amnistía, siempre y cuando se hayan cometido con anterioridad a la vigencia del Acuerdo Final.

De otro lado, se acordó que los responsables de delitos que serán amnistiados por el Gobierno permanecerán con las órdenes de captura suspendidas hasta tanto queden a disposición de la JEP, que debería entrar a operar a finales de diciembre. No obstante, fuentes cercanas a la negociación aseguran que la Jurisdicción sólo estaría lista a mediados de 2017 y que la primera sentencia se emitiría en 2018.

Nadie sabe qué pasará con los guerrilleros que comparecerán ante la Jurisdicción durante el tiempo que tarden los magistrados en emitir una condena. La decisión podría estar en manos de la Corte Constitucional, que deberá hacer una revisión previa de la ley estatutaria de aprobación del Acuerdo. Será ese alto tribunal el que determine si lo pactado entre el Gobierno y las Farc se ajusta a la Constitución y el que podrá resolver los vacíos jurídicos. Las partes no llegaron a acuerdos sobre el momento exacto en que los responsables de delitos graves verán reducida su movilidad.

De momento, lo que sí está contemplado en el proyecto es que quienes queden por fuera de esa primera amnistía podrán ser amnistiados o indultados por la JEP. Esa Jurisdicción podrá “perdonar” las muertes en combate, la retención de policías y militares, y delitos cometidos en desarrollo de disturbios o protestas. Sin embargo, no podrá amnistiar delitos de lesa humanidad, genocidio, torturas, desapariciones forzadas, delitos asociados a violencia sexual, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, entre otros.

El Estado tampoco podrá dejar de perseguir los bienes que los guerrilleros hayan obtenido de manera ilícita. El tema ha sido objeto de controversia durante la última semana, luego de que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, declarara que las Farc deberán entregar todos sus bienes antes de la entrada en vigencia del Acuerdo Final si no quieren ser juzgadas por la justicia ordinaria. Luego de esa advertencia, el comandante guerrillero “Jesús Santrich” le preguntó a Martínez vía Twitter cuál era el plazo para que el fiscal contara sus supuestos vínculos con empresas que financiaron paramilitares.

De momento, las partes siguen sin llegar acuerdos sobre cuándo es el día D. Lo que sí está claro es que para las Farc es clave que una parte importante de sus militantes no tengan expedientes abiertos o condenas por cumplir al momento de dejar las armas. Es su seguridad de que, sin estar usando sus fusiles, nadie los podrá meter tras las rejas sin haberse sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz.