El argumento de Federico Gutiérrez contra la campaña de Petro ha sido usado para cancelar espectáculos, pero rara vez para prohibir un evento político.
El enfrentamiento más reciente de la campaña presidencial no fue entre dos candidatos. Esta vez la pelea fue entre el alcalde de la segunda ciudad del país y el candidato que lidera las encuestas de intención de voto.
Esta tarde Gustavo Petro denunció a través de su cuenta de Twitter que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, estaba tratando de impedir un evento que el candidato tenía programado esta misma tarde en la ciudad.
Minutos después, Gutiérrez publicó un comunicado en el que acusaba al candidato del movimiento Colombia Humana de “no cumplir con los requisitos para realizar este evento político” y citaba las normas que la campaña de Petro había infringido al no presentar una serie de documentos relacionados con la logística de su evento. A lo que Petro contestó en un mensaje dirigido a sus 2.890.000 seguidores de Twitter: “Con o sin permiso nos vemos en Carabobo norte en Medellín. Medellín es democrática y pluralista”.
Luego, Gerardo Vega, uno de los organizadores del evento, le dijo a Caracol Radio que la campaña de Petro sí había tramitado la documentación exigida y que lo hizo 48 horas antes del evento tal y como estipula la ley. Minutos después, Petro amplió la explicación citando la ley del Código de Policía, que en efecto establece que es necesario notificar a la autoridad local 48 horas antes de realizar una manifestación pública.
Por su parte, el alcalde de Medellín citó en su comunicado el decreto municipal 1199 de 2011 según el cual los organizadores de espectáculo o manifestación pública deben presentar una solicitud escrita ante la secretaría de Gobierno con 14 días –y no 48 horas– de anticipación.
¿Quién tiene la razón?
No obstante, el artículo 63 del Código de Policía –el reglamento citado por Petro– también establece que los eventos que involucren “aglomeraciones de público complejas” (es decir aquellas que generan “una alta afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o del área específica en que se realizan”) deben solicitar un permiso ante la alcaldía local con 15 días de anticipación. Es decir, que todo se reduciría a una cuestión subjetiva: ¿Afectaba el evento de Petro la dinámica normal de Medellín o del corregimiento de la ciudad en donde iba a tener lugar la concentración citada por él? Al parecer, para Gutiérrez, la respuesta fue ‘sí’. Por eso, después de que Petro anunciara que su evento iba a tener lugar a pesar de la polémica, el alcalde escribió este trino:
Sr @petrogustavo lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley. Si actúa así como candidato, qué podemos esperar de usted como Presidente. @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PGN_COL https://t.co/EVtSikm45W
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 22, 2018
Más allá de la enredada discusión jurídica, en un contexto de campaña es difícil no darle una lectura política a la decisión de Federico Gutiérrez. Si bien su argumento ha sido usado para cancelar espectáculos en ocasiones pasadas, cancelar un evento de componente político, para este caso, generaba suspicacias.
Segundo, porque se basa en una norma que está vigente, pero es inconstitucional, Sí, en abril del año pasado, la Corte Constitucional decidió que todas estas restricciones del Código de Policía sobre el derecho de reunión son inconstitucionales. Sin embargo, la misma sentencia determinó que dichas restricciones seguirían en pie hasta julio de 2019, o hasta el día en que el Congreso apruebe una nueva norma para regular este derecho. Y a febrero de 2018, el Congreso no lo ha hecho.
Así que las restricciones con las que Federico Gutiérrez trató de impedir el evento de campaña de Gustavo Petro son inconstitucionales, pero son la ley que aún rige porque no hay otra que la reemplace. Y sí, el evento del candidato no fue autorizado por la Alcaldía, pero se hizo igual.