Catatumbo: 2019 y aún es tierra de nadie Foto: Twitter.
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Catatumbo: 2019 y aún es tierra de nadie

Juan Pablo Sepúlveda - Enero 14, 2019

Ni 15.000 miembros de la Fuerza Pública han sido capaces de contener la violencia constante en la región.

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Algunos medios de comunicación lo alertaron así el pasado 11 de enero: “Atentado terrorista contra un helicóptero en el Catatumbo”.

El helicóptero recibió impactos de bala y fue obligado a aterrizar de emergencia. Luego de sacar a la tripulación y a los 1.700 millones de pesos que había, los atacantes, del ELN o del EPL, le prendieron fuego a la aeronave. Foto: Twitter.
Lo que hasta ahora se sabe es que en horas de la tarde viernes pasado, un helicóptero de la empresa de valores Brinks sobrevolaba zona rural del municipio El Tarra, en Norte de Santander. La aeronave transportaba 1.700 millones de pesos de la mencionada compañía, y en pleno vuelo sufrió impactos de armas de fuego. Luego de esto voló algunos metros más y tuvo que aterrizar de emergencia.

A pesar de que el gobierno abrió una investigación, apenas hasta el miércoles 16 de enero se supo de los autores. Tanto el ELN como el EPL se adjudicaron el ataque, y los primeros incluso aseguraron tener en su custodia a los tripulantes del helicóptero. Esto confirma las declaraciones de Luis Fernando Niño, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander. El funcionario, cuando se supo que el gobierno no tenía idea de quiénes eran los culpables, expresó que iba a ser difícil determinar esto por la variedad de “los grupos armados que hacen presencia en la zona”.

Los 1.700 millones que llevaba el helicóptero fueron robados, y sus tres tripulantes (dos empleados de la empresa de valores y el piloto) están desaparecidos. El gobierno dispuso una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca al paradero de estas personas, pero por el momento no se conoce ninguna información adicional. Los atacantes, hasta ahora, no han hecho ninguna demanda por la liberación ni han entregado pruebas de supervivencia. 

Aunque por supuesto es nefasto, este es uno entre muchos hechos de violencia que ocurren en el Catatumbo cada poco. El pasado 6 de enero, apenas cinco días antes del ataque a la aeronave, registramos el quinto líder social asesinado en lo que iba de 2019 (ahora van 9). El líder fue asesinado en Hacarí, otro municipio de la región cercano al lugar donde ocurrió el ataque contra el helicóptero.

Los titulares de prensa sobre un helicóptero derribado y en llamas pueden ser el perfecto abrebocas para una realidad que ya es imposible de negar: la del Catatumbo es una situación grave (o gravísima), y el Estado parece no tener solución alguna.

Qué hay alrededor del ataque a un helicóptero no militar

Hasta el momento, se manejan dos hipótesis sobre las posibles razones del ataque. Según declaraciones de autoridades gubernamentales, se cree que el ataque fue hecho o para hacer un secuestro o para robar el dinero, o para ambas.

La investigación realizada y los apartes de ellas comunicados a la opinión pública no dan suficientes pistas sobre el contexto del ataque, ni es posible saber si este hace parte de un conflicto territorial o si simplemente se trató de un hurto a gran escala.

Quizás lo único que se podría especular es que si el objetivo era robar el dinero, los atacantes tendrían que haber conocido cómo lucían los helicópteros de la compañía Brinks, las rutas por las que transitan y los horarios en los que cargan dinero. Esto, por supuesto, sumado a que los atacantes tuvieron o tienen acceso a armamento y municiones de alto calibre (sin lo que no se puede derribar o averiar un helicóptero) y al conocimiento sobre cómo disparar a una aeronave en movimiento. Esto se adecuaría a la forma de operar del ELN y del EPL. 

En la actualidad no se sabe a ciencia cierta qué grupos armados específicos operan en la zona donde sucedió el atentado, y la investigación oficial tampoco lo ha revelado. No obstante, según los datos del gobierno y de distintas organizaciones, como el Cinep y la Fundación Paz y Reconciliación, la región del Catatumbo (que comprende nueve municipios de Norte de Santander) está ocupada por el EPL (y su disidencia ‘Los pelusos’), por disidencias del Frente 33 de las Farc, por el ELN y por otros grupos ilegales armados como ‘Los rastrojos’.

Las batallas entre bandas se dan para controlar territorios, adueñarse de economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas) y para establecerse como autoridad ante la ciudadanía y las facciones contrarias.

Del otro lado, del lado legal, está la Fuerza Pública, que ya suma en total 15.000 efectivos en el Catatumbo. Aunque esto pueda sonar como a una fuerte presencia militar para una zona de menos de 5.000 kilómetros cuadrados, se ha visto en los últimos años que el enfoque de llenar de Fuerza Pública el Catatumbo no disminuye la violencia e incluso podría aumentarla.

El presidente Iván Duque, en octubre pasado, reforzó a la zona del Catatumbo con 5.000 efectivos adicionales a los 12.000 que ya habían. No obstante, la violencia está lejos de haber terminado. Foto: Presidencia de la República.

De acuerdo con testimonios de habitantes de veredas y corregimientos lejanos del Catatumbo (“a los que el Ejército nunca había ido o a los que llevaba 20 años sin ir” –como cita el Centro Nacional de Memoria Histórica en uno de sus informes), habitar la región se vuelve un riesgo cuando aumenta la militarización: cualquier cosa puede ser un motivo de sospecha a los ojos de militares y policías, quienes en ocasiones señalan a los pobladores de sostener relaciones de convivencia con los actores ilegales, de ocultar a sus integrantes e incluso de hacer parte de sus negocios.

El tercer bando justamente es la población civil nortesantandereana, que está en medio y sufre todo esto. Recordemos: las tres personas que se encuentran desaparecidas tras el atentado al helicóptero son trabajadores. Son civiles.

Pan de cada día

La noticia del atentado al helicóptero encendió las alarmas, sin duda, pero hechos como este no son tan insólitos en el Catatumbo. De hecho, la última vez que sucedió algo similar fue el 15 de agosto de 2017, cuando un oficial de la Policía resultó muerto tras un ataque contra una avioneta que también llevaba dinero en efectivo.

Wilfredo Cañizares, experto en la situación del Catatumbo y director de la Fundación Progresar, opina que con lo del helicóptero “fue sobredimensionando. Ese tipo de ataques son cotidianos en el Catatumbo. Lo del helicóptero acaparó la atención, pero no acapararon la atención los 50 líderes amenazados en esta región en el 2018, o los miles de desaparecidos de los que aún no sabemos nada”.

El Catatumbo ha sido una zona roja de nuestro conflicto armado desde los años 60. Foto: Marcha Patriótica.
Cañizares, no obstante, está en desacuerdo en satanizar al Catatumbo por hechos como los citados arriba. “El tema –dice– es que el territorio es complejo y las condiciones de seguridad se han agravado, en parte por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales… todo eso lleva a que cosas como la del helicóptero ocurran”.

¿Corrupción como combustible para la violencia?

El instituto Cinep también ha hecho investigaciones sobre la realidad de la región. Su situación de riesgo actual la atribuyen a “una fuerte presencia de grupos armados, intereses económicos en rentas ilegales y vulneración a los derechos de la vida, libertad e integridad en el marco de una violencia política”.

La investigación del Cinep expone que la violencia se genera de parte de grupos ilegales pero también de agentes de la Fuerza Pública.

Con todas estas ideas coincide Wilfredo Cañizares, quien incluso va más allá. Según él, la presencia y las operaciones de los grupos armados ilegales son posibles por la corrupción algunos integrantes de la Fuerza Pública.

“El gran fondo de todo esto es la corrupción”, dice. “Los miles de kilos de coca que salen de las 28.000 hectáreas que hay en toda esta región; los miles de millones de pesos que mueve el robo de combustible; el contrabando; los laboratorios que producen drogas y funcionan 24 horas al día y 7 días a la semana; los carteles mexicanos… Es imposible que todo esto suceda sin que la Fuerza Pública se dé cuenta”.

Cañizares explica que los negocios ilegales dependen de la vía Cúcuta – Ocaña, que conecta al Catatumbo con el resto del país. “Esta vía es controlada por los militares, por la Policía, por la guerrilla, por los carteles, por todo el mundo. Para sacar los miles de galones de gasolina de contrabando, a veces se utilizan hasta 30 camiones. Es imposible esto no lo vean las autoridades”.

“El problema –remata– es que aunque el Catatumbo es una zona muy militarizada, la corrupción se la está comiendo viva”.