InSight Crime estima que el número total de combatientes milicianos de las Farc aún activos podría llegar a los 2.500, y Venezuela es una importante retaguardia para ellos.
Venezuela sufrió, durante el conflicto armado colombiano, las consecuencias humanitarias de la violencia: miles de desplazados – el gobierno de Nicolás Maduro dice que cinco millones de colombianos llegaron a este país desplazados por la guerra –, incursiones militares, tráfico de drogas y alianzas criminales entre grupos al margen de la ley en las dos naciones. Sin embargo, la dinámica cambió en los últimos años y la ola hoy fluye en la otra dirección. Ahora son miles de venezolanos los que ingresan a Colombia por la situación económica que los ha despojado del acceso a la alimentación y la salud, por solo mencionar dos ejemplos.
Esta situación ha generado una reconfiguración criminal en la frontera. Como lo revela la última investigación de Insight Crime, la crisis humanitaria en Venezuela ha generado una serie de dificultades en la frontera que el gobierno no ha sabido afrontar. Un ejemplo, como dice Jeremy McDermott, director de la organización, “es que ahora se ven muchos raspachines venezolanos, quienes trabajan por un plato de comida o cualquier dinero que les puedan dar en los lugares donde hay cultivos de coca”.
El flujo de mano de obra barata para cosechar, procesar y transportar los cargamentos de cocaína ha acentuado las dinámicas de narcotráfico en regiones como el Catatumbo. Actualmente, agrega la investigación, “la cocaína colombiana está cruzando la frontera con Venezuela a través de tres ejes principales: directamente desde el centro de producción en el Catatumbo, con dirección hacia Táchira y Zulia; a través de los Llanos Orientales colombianos, hacia Apure; y a lo largo de los ríos entre ambos países, verdaderas autopistas en medio de las junglas que se internan en el estado sureño del Amazonas”.
La economía ilegal en la frontera, agrega Insight Crime, está disparada. Anualmente están ingresando a Venezuela cerca de 400 toneladas de cocaína al año. “Al precio actual de US$4.000 por kilo en Venezuela, esa cantidad de droga equivale a US$1,6 billones. Los costos del tráfico en Venezuela se estiman en unos US$1.000, lo que significa que el crimen organizado en esta atribulada nación andina se estaría obteniendo unos US$400 millones al año, solo por el comercio de cocaína”.
La relación con los grupos armados colombianos sigue presente. Los estados de Amazonas y Bolívar, en Venezuela, tienen presencia de ELN y células de las disidencias de las Farc. Todo esto “con la complicidad del ejército venezolano, el cual ha sometido a las comunidades indígenas que históricamente han ocupado esta región”. Pese a la crisis humanitaria del país vecino, la guerrilla del ELN y las disidencias todavía pueden operar, sin mayor reparo por parte de la Guardia Venezolana.
En el posconflicto, el Frente de Guerra Oriental del ELN ha ampliado sus bases en Apure y Arauca. Según fuentes militares consultadas por Insight Crime, hasta el 90 % de la logística y poder de lucha del Frente de Guerra se encuentra en en Apure. También ha logrado su expansión en municipios como Rómulo Gallegos, Páez y Muñoz, donde se llevan a cabo operaciones de contrabando. Este frente de guerra ha sido dirigido por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, quien se opone a las negociaciones de paz con el gobierno y, en consecuencia, ha ampliado la capacidad militar de sus filas en estados como Táchira y Amazonas y, del lado colombiano, en Vichada. “Él ha estado llenando el vacío que han dejado los guerrilleros desmovilizados de las Farc, tratando de apoderarse no solo del territorio, sino además de las economías ilegales que anteriormente eran el sustento de las Farc”, señala Insight Crime.
A pesar del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, las disidencias siguen copando territorios en la frontera. Gener García Molina, alias Jhon 40, es uno de los principales narcotraficantes de las disidencias en el oriente del país. Molina fue dirigente del frente 43 de las Farc, inclusó se encargó de las finanzas del Bloque Oriental de las Farc, lo que le permitió asumir el control militar en departamentos como Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainía. “Al trasladarse al Amazonas, ‘Jhon 40’ puede recibir los cargamentos de droga que se trafican por los Llanos Orientales de Colombia, bastión de los disidentes del Primer Frente de las Farc, así como a lo largo de los ríos que bañan las selvas de la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil”, señala la investigación.
John 40 estaría trabajando con Gentil Duarte, el líder de la disidencia del frente primero de las Farc, el cual, como lo hemos contado, aumentó su capacidad militar en Arauca y Guaviare. “Venezuela es actualmente un salvavidas económico y refugio de muchos de los disidentes de las Farc. InSight Crime estima que el número total de combatientes milicianos de las Farc que permanecen activos podría llegar a los 2.500, y Venezuela es una importante retaguardia estratégica y financiera para ellos”, señala el documento.
A las disidencias se suma el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las bandas criminales colombianas, principalmente Los Rastrojos y Los Urabeños, quienes se han enfrentado con el ELN por los corredores de contrabando en Venezuela. En la zona existe otro actor: las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), un grupo rebelde partidario de Maduro y que han sostenido contactos con las guerrillas colombianas. De acuerdo con la investigación, este grupo cuenta con cerca de 3.000 integrantes, quienes se dedican a la extorsión en los estados Apure, Táchira, Barinas, Zulia, Mérida, Portuguesa, Cojedes, Carabobo y Caracas. Una hipótesis de los investigadores es que este grupo sea una especie de extensión de las disidencias de las Farc en territorio venezolano.
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Presencia de grupos armados en la frontera colombovenezolana. Fuente: Insight Crime - Con este panorama es probable que, en el transcurso de 2018, aumente el flujo de cocaína hacia Venezuela, lo que a su vez implica un mayor poder por parte de los grupos armados, señalados de reclutar menores de edad y excombatientes y de aprovechar la situación humanitaria en Venezuela para atraer mano de obra barata. Según McDermott, “Colombia y Venezuela son y seguirán siendo siameses criminales. No se pueden dividir las actividades criminales en los dos países. Las rutas que antes controlaban los carteles colombianos y las controla hoy el Cartel de los Soles”.
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, fue invitado a la presentación de la investigación de Insight Crime. Según él, la transformación del crimen organizado en la frontera es profunda: “ya no hay grandes capos sino redes criminales, principalmente de contrabando y de gasolina”. De estas redes también haría parte el Cartel mexicano del Sexenio: “A medida de que el cartel de Sinaloa se ha ido debilitando ha surgido este nuevo cartel, que está unido al cartel Jalisco Nueva Generación, el cual estaría en la frontera con Ecuador. Lugar donde justamente alias Guacho asesinó a tres periodistas ecuatorianos.
