Cuatro expertos nos cuentan si la presencia de más Ejército y Policía puede ser una forma de contener la crisis de este municipio o de acentuarla.
Esta mañana, el vicepresidente Óscar Naranjo explicó en qué consistía el plan de intervención sobre Tumaco anunciado ayer por el presidente Juan Manuel Santos. En entrevista con Blu Radio y con Caracol Radio contó que el plan incluye aumentar en 6.000 los integrantes de la Policía y del Ejército con el fin de hacerle frente a los grupos armados presentes en la zona. No obstante, frente a las delcaraciones de pobladores de Tumaco que han manifestado no querer más presencia armada en la zona, Naranjo respondió que el plan de intervención también incluía otras medidas como proyectos de infraestructura y ayudas humanitarias.
La respuesta del Gobierno llega después de dos semanas en que la situación en Tumaco ha sido crítica. Días después del asesinato de seis campesinos en medio de un enfrentamiento con la Policía Nacional, una Misión de Verificación que acompañaban varios periodistas fue atacada también por policías presentes en la zona, y hace apenas tres días, el 17 de octubre, el líder social José Jair Cortés fue asesinado en el mismo lugar donde murieron los seis campesinos. Varios días antes se había notificado a las autoridades competentes que Cortés había recibido amenazas y que necesitaba protección.
Esta misma mañana, mientras se discutía la pertinencia de llevar más agentes armados a la zona, la Policía Nacional capturó a Tito Aldemar Ruano, alias “Don Ti”, un narcotraficante que operaba en Tumaco y que controlaba desde la frontera con Ecuador el envío de toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Sin embargo, muchos se siguen oponiendo a la presencia de más actores armados como medida de solución al asesinato de líderes sociales y de campesinos en la zona.
¡PACIFISTA! habló con cuatro expertos para saber si la estrategia del Gobierno en esa zona de Nariño es pertinente o si por el contrario podría ser contraproducente.
Luis Trejos – Profesor de Ciencia Política en la Uninorte
No es negativo ni contraproducente una mayor presencia de fuerzas armadas en el territorio, porque este es un territorio en el que históricamente el Estado no ha tenido el monopolio de la violencia. Es decir, hay unos actores que se están disputando el territorio, toda la fauna de actores armados ilegales, entonces el Estado tiene que consolidar su presencia primeramente recuperando el territorio, pero eso debe ir acompañado de una oferta de justicia. Para que no se repita la masacre de hace un par de semanas, que la fuerza militar no llegue violando derechos humanos, tiene que haber un acompañamiento en clave de oferta de justicia. Debe haber una veeduría internacional.
Lo otro que no se debe repetir es que la oferta institucional sea solamente una mayor presencia de fuerza pública, que era lo que pasaba en la administración Uribe. Detrás de esa fuerza debe ir una institucionalidad en temas de salud, educación, infraestructura, que se traduce en mayores niveles de desarrollo en la región para que la violencia vaya disminuyendo de manera gradual y sostenida. Hay unas necesidades básicas insatisfechas que generan rentas ilegales, pero son los actores armados quienes las incentivan. También debe haber una sustitución de rentas ilegales a rentas legales. Lo que impide que la oferta de la sustitución de cultivos se active es la resistencia armada.
Jairo Estrada – Integrante de Voces de Paz
Los problemas que se presentan en los territorios no se resuelven con la presencia armada del Estado sino, fundamentalmente, con la garantía de que las comunidades tengan las posibilidades de desplegar las condiciones de vida y de trabajo para una vida digna. Es decir, que puedan generar economías propias. Con represión, con la mera presencia de la fuerza militar o de la fuerza policial no se resuelve. La experiencia nos ha enseñado que cuando a los conflictos sociales se les da un tratamiento militar, se acentúan. Hay que actuar según lo que está en los Acuerdos de La Habana: de manera dialogada con las comunidades.
Frente al asesinato de líderes hay que tener en cuenta que en los Acuerdos están contempladas medidas concernientes para generar garantías de seguridad colectiva, para las comunidades y los territorios. La verdad es que tras el proceso de dejación de armas por parte de las Farc, el Estado no ha establecido los mecanismos necesarios para eso con las comunidades. Hay experiencias interesantes de seguridad como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Hay que estimular ese tipo de medidas que provienen de las comunidades.
Jairo Delgado – Ex-Director de inteligencia Policial -DIPOL-
Las dos variables críticas son la de seguridad, fundamentada en el tema de los cultivos de coca y del narcotráfico, y la social. Me parece que lo que hay que establecer en este momento es: qué es lo prioritario para contener el fenómeno que mayor afectación está causando. Lo que uno ve es que obviamente la conformación de unas disidencias que están manifestándose públicamente —de un sector campesino cocalero que también tiene un gran inconformismo, de unas estructuras criminales como el Clan del Golfo, y también del mismo ELN— configuran un mapa de inseguridad que amerita ser controlado con mayor capacidad. Yo pienso que esa es una prioridad. No quiere decir que la parte social se tenga que excluir, pero me parece que sí debe ir paralelamente desarrollada. Es decir que la misma intensidad de control de la fuerza pública tiene que dársele al tema social. De lo contrario va a ser muy parcial la solución y no se va a corregir el problema estructural.
Diego Sierra – Integrante del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC
Si queremos salir de la guerra no va a ser propiciando más guerra con más actores armados, incluso institucionales. Eso va a poner en grave crisis a la población civil, eso se ha venido demostrando. El número de dirigentes asesinados sigue en aumento y eso refleja que no se está cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de La Habana. La ruta que se debería estar implementando es la implementación de los acuerdos en temas de tierras, de sustitución de cultivos, de participación política.
Creo que haríamos mal en seguir fomentando acciones cívico-militares. Eso va a crear más reacciones, más muertos y no va a dejar avanzar la agenda de La Habana. Creo que el llamado al vicepresidente Naranjo es que retome la agenda. Si no creamos los mecanismos de participación con las comunidades, incluso en el manejo del orden público, vamos a reciclar un conflicto y darle pertinencia a actores que están interesados en mantener la guerra. ¿Cómo desactivar la guerra? Poniendo en el centro a la sociedad civil y a las propuestas civilistas y democráticas. El Acuerdo de La Habana tiene esa premisa. Hay que implementarlo.
